Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA)
Asamblea provincial de Catamarca en la cual confluyen asambleas ambientales de diversas localidades, a los fines de articular acciones que defiendan la vida, el agua y el territorio.

2.4.2 Conflictos por el agua en Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, frente a la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

RESUMEN EJECUTIVO

Para la realización de este artículo hemos elegido dos dimensiones. Por un lado, la dimensión socioambiental del conflicto en Antofagasta de la Sierra relacionado con el impacto ambiental que produjo (y producirá) la empresa Livent sobre una importante fuente de agua en el Salar del Hombre Muerto: el río Trapiche y su respectiva vega. En segundo lugar, hemos elegido la dimensión legal-técnica, presentando un resumen del análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) que presentó la empresa Livent y que el gobierno de Catamarca aprobó, a sabiendas de graves irregularidades e ilegalidades.

Desde estas dos dimensiones intentamos mostrar que el desarrollo minero del litio no solo tiene un fuerte cuestionamiento desde la licencia social del pueblo de Antofagasta, sino también que los procedimientos técnicos, legales y administrativos muestran un alto nivel de corrupción gubernamental, expresado en la desidia y la destrucción ambiental irreversible que la actividad viene generando en la zona hace más de 20 años.

La muerte del río Trapiche y la defensa del río Los Patos

El conflicto actual en la Puna catamarqueña, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, se inscribe en el contexto global donde el aumento del valor del litio en el mercado mundial lleva a las empresas internacionales a poner su interés en las regiones que poseen este recurso en abundancia. Extraer el litio que se encuentra en los salares implica un proceso de alto impacto socioambiental a gran escala: para obtener una tonelada de este metal se utilizan mil millones de litros de agua, lo cual provoca una ruptura del equilibrio hídrico de la cuenca, al generar un nivel de descarga de agua superior al nivel de carga existente, lo que representa un aumento del estrés hídrico de la zona y de salinización de las reservas de agua dulce.

Desde hace más de veinte años la empresa FMC, ahora Livent, instalada en el Salar del Hombre Muerto, ha utilizado como fuente principal el agua del río Trapiche y su consiguiente vega. En agosto de 2019, vecinos de Antofagasta se pusieron en alerta cuando en una confusa “charla informativa” se les comunicó la intención de la empresa de empezar una obra de canalización, que consiste en el trazado de un acueducto de más de 30 km para extraer agua del río de mayor caudal de la zona, el río Los Patos. Sin embargo, la aprobación de dicho proyecto fue otorgada por el estado catamarqueño sin haber realizado la audiencia pública prevista en la Ley General de Ambiente para el pueblo de Antofagasta, ni la consulta previa, libre e informada1 a la comunidad indígena, a pesar de ser ésta la principal afectada.

A partir de ese momento, los vecinos empiezan a relevar información sobre el estado del río Trapiche que la empresa utilizaba para abastecer el proceso de extracción. Unos meses después, desde la Asamblea PUCARA realizamos un viaje al Salar del Hombre Muerto, junto al Cacique de la Comunidad Indígena Atacameña del Altiplano y vecinos y vecinas de Antofagasta para corroborar lo que ya se temía: la vega del Trapiche se encontraba totalmente muerta y seca, tal como se informó en el artículo “Antofagasta de la Sierra: un viaje a la ruina del extractivismo del litio”, publicado en el sitio web de La Tinta, el 2 de diciembre de 2019. Más de 10 km de vega de pastoreo con un daño irreversible, y junto a ello, el caudal del río Trapiche totalmente mermado por la extracción de agua subterránea a través de cinco pozos de perforación (del IIA surge que extraen 380.000 litros de agua por hora).

El antecedente de daño ambiental de la subcuenca Trapiche permite afirmar que el proyecto de extracción de agua dulce del río Los Patos -principal efluente de la zona- concluirá del mismo modo que el río Trapiche, pero agotándose el caudal en menos tiempo ya que no solo Livent quiere extraer agua de ese lugar, sino que otras cuatro empresas mineras pretenden lo mismo, con peticiones descomunales de volúmenes de agua (del IIA surge que se solicitan 650.000 litros de agua por hora del río Los Patos).

Es por ello que los vecinos y vecinas de Antofagasta, junto a la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y la Asamblea de PUCARA, han venido desarrollando una serie de acciones territoriales, comunicativas y organizativas para frenar el proyecto del acueducto y poner en discusión cuál es el futuro del pueblo de Antofagasta si la extracción de litio continúa con la destrucción del frágil equilibrio del ecosistema de la Puna.

El Informe de Impacto Ambiental, entre la desidia y la corrupción

La decisión del pueblo de Antofagasta y de la Asamblea que acompaña el proceso de defensa del agua tiene como principal eje la autodeterminación de los pueblos y el cuidado de sus condiciones de vida. Como hemos señalado, en una zona de puna semiárida el agua es un bien común extremadamente valioso y con necesidad de cuidado extremo. Pero incluso más allá del derecho fundamental de los pueblos al agua, el análisis de los propios documentos presentados por el Gobierno de Catamarca y la empresa Livent nos permiten afirmar la situación de riesgo de destrucción de las cuencas hídricas de Antofagasta de la Sierra y la falta de protección y cumplimiento de la legislación ambiental.

Dos ejes pueden ponerse de relieve al analizar el expediente administrativo del Departamento de Evaluación de Proyectos, perteneciente a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) el cual tiene la obligación y responsabilidad de analizar el IIA presentado por la empresa Livent.

Respecto al primer eje en relación a la utilización del agua y la situación de los ríos Trapiche y Los Patos, en la foja 15.253, subtítulo “Observaciones a la cuenca del río Trapiche”, se menciona que: “Hay una leve tendencia a la profundización de los niveles piezométricos, indicando la empresa que puede ser el resultado de una disminución natural de la recarga al reservorio, debido a un aumento en el bombeo o bien a ambas situaciones”. Esa llamada “disminución natural” es consecuencia del bombeo indiscriminado de agua y ha conducido a la situación irreversible de destrucción de más de 10 km de vega.

En segundo lugar, el IIA provee detallada información de la exagerada e indiscriminada cantidad de extracción de agua que realiza la empresa. Del informe se desprende que: “Se extrae un volumen promedio de 380 m3/h (año 2016 y enero abril 2017, FMC) de agua dulce superficial procedente de la represa construida sobre el Río Trapiche y de agua subterránea procedente de 5 pozos de extracción activos” (foja 15.255).

(…) “Del análisis de la figura 55: “consumos anuales históricos de agua por fuentes”, surge que el consumo total (pozos y dique) es de aproximadamente 3.400.000 m³ para el año 2017, correspondiendo según tabla 22, el 22% al consumo del dique (748.000 m³/año) y el 78% al consumo de los pozos (2.652.000 m³/año) (foja 15.254).

(…) “incremento en el consumo de agua dulce hasta la concreción de proyecto de suministro de agua cruda del Río Los Patos. Se utilizará el agua proveniente del Río Trapiche –subterránea y superficial – (proveniente de 5 pozos), en promedio 380m³/h. Durante fase 1 se utilizarán 78 m³/h provenientes del Río Trapiche y 607 m³/h del Río Los Patos. Durante la fase 2 serán utilizados 295m³/h del Rio Trapiche y 600 m³/h del Río Los Patos, en promedio” (foja N°15.257).

En tercer lugar, y como conclusión, se señala en la “Evaluación de los impactos de la operación actual” que: “El informe indica que el impacto potencial asociado al consumo de agua dulce, es sobre exigir el acuífero” (foja 15.258).

En cuarto lugar, y como consecuencia del agotamiento de la vega (eufemísticamente nombrado en el Informe como “inactividad” de la vega), se menciona el impacto irreversible en la vegetación: “con respecto al impacto sobre la vegetación indica que la condición actual de inactividad de la vega Trapiche, aguas abajo del dique, puede ser considerada un impacto irreversible sobre la vegetación” (foja 15.258).

Con lo cual reafirmamos nuevamente que no hay convivencia posible entre minería y preservación del ambiente: cualquier tipo de “Minería Sustentable” es contradictoria e inviable.

Como conclusión del análisis resulta evidente e indiscutible, que la propia DIPGAM de manera ilegal y violando los principios de la Ley General del Ambiente 25.675 aprobó y posibilitó que la empresa empezara las obras del acueducto del río Los Patos, teniendo pruebas del gravísimo impacto ambiental en el río Trapiche, la posibilidad de destrucción del río Los Patos y la ausencia de informes hidrológicos e hidrogeológicos de la cuenca del Salar del Hombre Muerto.

La información es contundente y nos permite afirmar que la ampliación del Proyecto Fénix de la empresa Livent, pone en riesgo a corto plazo la subsistencia de los medios de vida esenciales de la región como es la cría de animales para consumo, la agricultura, la elaboración de tejidos, y a largo plazo, la existencia misma del ecosistema de la región.

El segundo eje de análisis sobre el IIA refiere al impacto directo que la actividad está causando, ya no sobre ríos y vegas, sino sobre el mismo Salar del Hombre Muerto. En este sentido, se puede corroborar que existe contaminación en el Salar producto del vertido de efluentes líquidos residuales con químicos tanto de la provincia de Catamarca como de Salta.

En relación a ello, a foja 15.253 surge que: “a efectos de evaluar las condiciones hidráulicas de la laguna artificial donde se depositan efluentes del proceso, dado que se pretende incrementar los efluentes actualmente erogados al reservorio (actualmente un total anual de 6.750.000 m³). Se estima que bajo la futura erogación proyectada de efluentes la cota de riesgo de desborde puede alcanzar aproximadamente entre 3 y 5 años”. Esto quiere decir que, al triplicar la producción anual de litio, la empresa vertería un mayor volumen de efluentes químicos lo que provocará, en un plazo máximo de 5 años, el desborde total de la laguna artificial, generando así un desastre ambiental sin precedentes en nuestra provincia.

A su vez, la DIPGAM afirma que la empresa: “no hace referencia de los efluentes procedentes de la planta de cloruro de litio (General Güemes, Salta). (…) Se indica que la salmuera empobrecida en litio que queda después del proceso de producción del cloruro es trasladada nuevamente y devuelta al salar” (foja 15.255).

A lo largo del IIA encontramos este tipo de señalamiento en forma reiterada y sorprendentemente repetitiva. Abundan las consideraciones de riesgo sobre el desborde de la laguna química artificial y sobre el impacto en la laguna natural Catal que ha quedado tapada por la sopa química. Sin embargo, el organismo estatal aprobó el 3 de abril de 2019 el IIA aportado por la empresa y, de este modo, autorizó la ampliación del proyecto Fénix-Livent.

Impacto de la extracción de litio en Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.

 

Conclusiones: Estado ecocida y cambio de paradigma 

Para quienes hemos analizado el IIA, pero más aún, para quienes viven en los territorios circundantes al Salar y en el pueblo de Antofagasta, la conclusión es absolutamente clara: el impacto que está generando la extracción de litio, la manera en que lo realiza la empresa Livent y la actuación del Gobierno de Catamarca en sus distintas áreas, ha producido un daño irreversible en el ecosistema poniendo en severo riesgo la subsistencia de la vida en la zona. El secado de vegas y ríos es apenas la punta del iceberg de un deterioro ambiental sobre el frágil equilibrio de la Puna y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que habitan el lugar.

En los últimos meses, y a raíz del estado público que tomó la situación en Antofagasta, la ex gobernadora Lucía Corpacci y el actual gobernador Raúl Jalil (como otras autoridades del Gobierno), han realizado declaraciones públicas desligándose de la terrible situación de daño socioambiental y de corrupción en la localidad de Antofagasta. Sea repartiendo culpas a las empresa, a gestiones anteriores2 o “cambios en el clima” con los cuales pretenden justificar la destrucción ambiental, lo cierto es que en Catamarca se sigue insistiendo en un modelo de “desarrollo” basado pura y exclusivamente en la minería.

Nuestra inigualable y dolorosa experiencia de pobreza y contaminación con el megaproyecto de Alumbrera no ha logrado corroer el deseo de riqueza que impulsa al Gobierno contra los pueblos y las comunidades catamarqueñas. Ese deseo tiene hoy un nuevo impulso en el precio del litio, y la misma codicia de siempre en el más peligroso de los proyectos del Gobierno contra nuestra Catamarca: el proyecto Agua Rica.

Frente a la ceguera histórica de quienes gobiernan feudalmente nuestra provincia es necesario un cambio de paradigma urgente. Ya no se trata de confiar en nuevas “medidas ambientales”, en más controles a las empresas, en una “producción sustentable”. El mundo no se enfrenta a una “crisis ecológica” que podría ser revertida o superada a partir de acciones de Estado. No, nuestras sociedades se encuentran frente a una mutación en la relación del hombre con la naturaleza. Y esa mutación en las relaciones tiene como uno de sus ejes centrales frenar la explotación de la tierra en todas sus formas, sea megaminería, litio, fracking, soja, feedlot, deforestación, agricultura de transgénicos, debemos frenar el modelo de extracción-explotación-destrucción. 

Como sociedades responsables y comprometidas debemos denunciar fuertemente el actual paradigma de Estado ecocida que gobierna en Catamarca, en pos de un futuro posible para habitar esta tierra en armonía con todos los seres que la integran. Por ello, desde los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, PUCARA, seguiremos con nuestra lucha por el agua y la vida, contra el ecocidio generado por empresas multinacionales y Gobiernos locales en estos casi 30 años de explotación minera en nuestro territorio.

1 Ver artículos 2, 10, 19, 20 y 21 de la Ley General de Ambiente 25.657, Ley 26.160, artículos 41 y 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional, artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículos 18, 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2 Algo poderosamente llamativo ya que llevan más de 12 años de gestión ininterrumpida.

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