Sergio Elguezábal
Periodista especializado en ambiente y sustentabilidad. Condujo el programa de televisión TN Ecología y produjo informes periodísticos para Telenoche sobre la crisis climática y sucesos mundiales que afectaron el ambiente. En la actualidad encabeza Experiencia Despierta, un ejercicio de periodismo performático que desarrolla en teatros de todo el país, y conduce Sábado Verde por la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.

4.1 Juan Cabandié: “Para determinar el modelo de desarrollo, es necesario un consenso social”

RESUMEN EJECUTIVO

En el reportaje que leerán a continuación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, habla de la urgencia que plantea la crisis socioambiental que vivimos, de la necesidad de modificar las formas de producción y consumo, y afirma que la política debiera estar al servicio de una transición justa. Remarca que es necesario obtener consenso social para determinar el modelo de desarrollo, que no podríamos pensar en un ambiente sano sin agroecología y que la basura es uno de los problemas principales de Argentina y, por lo tanto, hay que planificar una política de residuos a nivel nacional. Los basurales a cielo abierto figuran a menudo en sus declaraciones. Recién asumido, habló de los 5.000 que hay que cerrar perentoriamente, y señaló que “en el tratamiento de los residuos somos medievales”.

Introducción

Juan Cabandié asumió como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en diciembre de 2019. Es un militante político ligado a la defensa de los derechos humanos. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y, durante los últimos 6 años, diputado nacional. Nació en el centro de detención clandestina que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) hace 42 años. La represión del Estado a fines de los años 70 en Argentina desapareció a sus dos padres. Se crió con apropiadores durante 25 años, hasta que finalmente logró recuperar su identidad. Es el nieto restituido número 77. Estudió psicología y en la actualidad cursa las materias finales de la licenciatura en Ciencias Sociales. También es docente y ejerció como maestro en una escuela primaria.

Como su antecesor, no es especialista en la materia, pero en esta primera etapa se distancia de la gestión anterior con definiciones políticas tajantes. Durante la inauguración de la Semana de la Educación Ambiental a fines de enero, y frente a una audiencia juvenil en el Ministerio, dijo que si no se tocan intereses concretos no habrá cambios. “Para que el suelo deje de contaminarse con veneno por la actividad agropecuaria, hay que tocar intereses; para impedir la deforestación y los desmontes, hay que tocar intereses. Sanear los basurales también implica tocar intereses… Y tocar esos intereses, es tocar intereses económicos. Nosotros creemos que eso es necesario y estamos dispuestos a hacerlo”.

Lo escucho decir por radio que “el glifosato contamina el agua”, que “fumigan en la cara de los chicos” y que “hay una docente muerta” en Gualeguaychú. “Lo que tenemos que entender es que los países de Europa cada vez tienen más restricciones a la compra de alimentos en áreas donde hay fumigaciones y glifosato. Lo que hoy da utilidades, mañana dejará de darlas si no dejamos de usar veneno”. Habla de la gran oportunidad que tiene Argentina de liderar un proceso ambientalmente sostenible; recalca que la mirada estratégica tiene que hacer foco en el cambio climático. “Si no nos adaptamos y bajamos las emisiones, en 10 años perderemos acceso al crédito y se incrementarán las barreras para comerciar con otros países”.

Espero que las respuestas del ministro incluidas en esta edición del Informe Ambiental FARN les ayuden a comprender hacia dónde se encamina la nueva administración en temas de ambiente y sostenibilidad, cuáles son sus prioridades. También que sean una invitación al ejercicio de acompañar el proceso de gestión con una reseña a mano de las aspiraciones y proyectos de hoy, para poder cotejarlos mañana.

Un modelo productivo que asegure la soberanía alimentaria

Diversos países declararon la emergencia climática y ambiental, ¿cómo caracterizaría la crisis socioambiental global que transitamos?

Los estudios científicos muestran la gravedad de la situación ambiental que vive el planeta, proceso del cual nosotros no estamos exentos. Esta crisis se evidencia a través de la denominada ciencia climática, especialmente en función del trabajo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático que ha mostrado consistentemente, desde hace décadas, los efectos adversos del cambio climático, un fenómeno con raíces antrópicas. También que la acción es urgente.

En la Argentina, por ejemplo, el cambio climático impacta en forma diferente según la región: estrés hídrico por el incremento en la temperatura en el Norte y Oeste; la mayor frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones en el Noreste y Oeste; el retroceso de caudales medios de los ríos de la cuenca del Plata; el aumento del nivel del mar en ciertos puntos del litoral argentino; el retroceso de glaciares y las potenciales crisis del agua en la región cordillerana.

Debemos modificar nuestras formas de producción y consumo, necesitamos generar modelos de desarrollo sostenibles ambiental y socialmente. Nos encontramos en un proceso de transición. La decisión del presidente Alberto Fernández de darle jerarquía ministerial al área de ambiente tiene que ver con entender que es necesario llevar a cabo este proceso, darle institucionalidad y apoyo.

En las primeras semanas de su gestión recibió a diferentes organizaciones juveniles por el clima, ¿cuál es su interpretación de lo que demandan?

Los jóvenes nos marcan el camino a seguir, son la franja etaria más concientizada sobre la situación ambiental y nos interpelan constantemente para ir desarrollando avances concretos. Nos hemos propuesto un Ministerio de puertas abiertas, que dialoga con todos los sectores y un grupo muy activo es el de las agrupaciones juveniles ligadas al ambiente, con quienes tenemos canales de diálogo y hemos podido realizar actividades en conjunto como fueron las charlas de la Semana de la Educación Ambiental. Esperamos trabajar en conjunto con estas y otras organizaciones que enriquecen la agenda ambiental en nuestro país.

¿Cómo hará Argentina para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en 10 años, según los compromisos asumidos en el Acuerdo de París?

El Acuerdo de París establece que los países, de acuerdo con responsabilidades diferenciadas, tienen que presentar contribuciones nacionales, que son el nuevo vehículo de la acción climática en el acuerdo mencionado. Estas deben ser ambiciosas y justas en el marco de dichas responsabilidades, asumiendo que son los países desarrollados los que tienen el liderazgo en la acción climática. El acuerdo, también, asume que deberemos alcanzar la neutralidad carbónica a mediados de siglo. Ahora bien, esto no quita que sabemos y reconocemos la necesidad de hacer nuestros mayores esfuerzos climáticos en mitigación y en adaptación. Para ello apuntamos a generar transformaciones sociales, económicas y productivas que mejoren la vida de los argentinos y las argentinas, especialmente los más vulnerables, y, a la vez, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Para hacer esto posible, necesitamos de la participación de todos los sectores. Es importante que todos los actores se sumen a este esfuerzo y es por eso que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, las provincias y municipios y los actores de la sociedad civil juegan un rol central.

Hemos anunciado que llevaremos al Gabinete Nacional de Cambio Climático la propuesta de revisar la contribución nacional de Argentina este año.

¿Cuál será el papel del Gabinete de Cambio Climático?

Tenemos la tarea de poner en práctica la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Una instancia regula el funcionamiento del Gabinete Nacional de Cambio Climático que entendemos debe funcionar como un ámbito de articulación dentro los actores del Poder Ejecutivo, las provincias y otros actores gubernamentales y no gubernamentales en todos los niveles. A su vez, según la ley, el mencionado gabinete debe implementar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Es por eso que consideramos necesario iniciar el trabajo en dicho marco, de modo de desarrollar las acciones y medidas que establece la ley y que permitirán una respuesta coordinada al cambio climático y sus efectos.

Proyectos como Vaca Muerta, el impulso de la minería metalífera a gran escala y el modelo actual de producción agropecuaria se contradicen con un modelo ambientalmente sostenible. ¿Cuál es el modelo de desarrollo con el que se identifica?

Nos identificamos con un modelo de desarrollo que sea ambientalmente sostenible y socialmente justo, que tenga a las personas en el centro y que reconozca el derecho a un ambiente sano para esta generación y las venideras. Vivimos un proceso de transición entre un modelo productivo dominante regido por los viejos paradigmas y nuevos procesos productivos, amigables con el ambiente. Tenemos que ir modificando las formas de producción y consumo. En este sentido, la ciencia nos dice hacia dónde tenemos que ir, que es el cuidado del ambiente, pero la transición es un proceso de negociación y generación de consensos, en el que lo político, entendido como la capacidad de construir acuerdos y resolver diferencias, tiene que jugar un rol fundamental.

¿En qué medidas concretas debiera traducirse el Green New Deal argentino, del cual hablan usted y el ministro de la Producción?

Son temas que desarrolla otra cartera, pero tenemos en común la idea de que lo ambiental no debe entenderse como un corset a la producción sino como una oportunidad para un desarrollo sostenible, con innovación tecnológica y creación de empleos de calidad. Por eso creo que es clave el trabajo conjunto con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Ciencia y Tecnología, con los que ya venimos articulando para generar una agenda conjunta.

¿Podría darnos un ejemplo de cómo trabajará el Ministerio en relación a los derechos humanos y ambiente?

La relación entre derechos humanos y ambiente es indiscutible. Tiene una doble dimensión: una individual, que incluye los impactos que la degradación ambiental provoca en los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida; y una colectiva, que involucra los derechos de las generaciones presentes y futuras, exigiendo la inclusión de la perspectiva de género y demandas de carácter intergeneracional.

En un sentido complementario, existen derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación e implementación de políticas ambientales en favor de un desarrollo sostenible: el derecho a la información y a la participación. La participación de las comunidades locales y las organizaciones sociales o territoriales en la toma de decisiones contribuye a equilibrar las asimetrías existentes hoy entre los distintos actores sociales, económicos y políticos cuyos intereses son muchas veces divergentes.

¿En qué momento Argentina ratificará el acuerdo de Escazú sobre derechos humanos, ambiente y comunicación?

La República Argentina tiene una tradición de vanguardia en materia de derechos humanos, en ese sentido los tiempos dependerán del Congreso de la Nación como toda ratificación de tratados internacionales para la incorporación a la normativa interna, siendo el rol de la sociedad civil clave para este proceso.

Según la Ley 26.190 Argentina debería producir más energías renovables que la generada en la actualidad. ¿Qué hará para revertir la tendencia negativa?

Si bien no es una competencia del Ministerio de Ambiente la elaboración y ejecución de la política energética nacional, como autoridad de aplicación de la Ley 27.520 es nuestra tarea promover estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía. En tal sentido, consideramos que la articulación en el Gabinete Nacional de Cambio Climático nos permitirá debatir los esfuerzos que cada sector debe realizar y buscaremos un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, apoyado en los datos que provienen de la ciencia nacional e internacional, con acciones concretas en todo el país acordes con nuestros desafíos y nuestras responsabilidades. Es importante ver la transición climática no como una carga sino como una oportunidad. La estrategia de largo plazo que estamos elaborando a 2050 incluye el debate transversal sobre el futuro energético argentino.

¿Qué papel jugará la agroecología durante los próximos años en Argentina?

La agroecología es un proceso que permitirá alcanzar la soberanía alimentaria, el derecho a los pueblos a definir sus políticas agrarias y asegurar la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. La agroecología constituye una herramienta para lograr el equilibrio entre la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad.

Ese es un proceso largo y en transición donde diferentes modelos de producción convivirán y tendremos que aportar con políticas estatales para que el proceso a la agroecología sea lo más breve posible y que llegue a la mayor cantidad de gente que se pueda. Tenemos que tener una mirada holística y trabajar con expertos en la materia que llevan años de labor en la temática. Hablamos de técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organizaciones campesinas, comunidades de pueblos originarios y universidades, entre otros, todos con una mirada territorial concreta. Para ello debemos trabajar con Gobiernos provinciales, municipales y asociaciones civiles que tengan entre sus objetivos trabajos concretos en agroecología. No es posible pensar en un ambiente sano si no abordamos seriamente la agroecología.

Además, en términos estrictamente comerciales, son productos cada vez más demandados en el país y a nivel mundial, por lo tanto, hay que aprovechar esta situación para fortalecer la producción agroecológica. Los mercados internacionales, como el europeo, están modificando las condiciones fitosanitarias que exigen a los alimentos que producen y que importan.

Juan Cabandié en Tafí Viejo. (Crédito: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.).

 

Las cámaras legislativas cuentan con 21 “agro diputados” (legisladores que defienden el actual modelo agropecuario),  ¿cómo debiera ser la transición hacia modelos más sostenibles?

Como exlegislador, soy respetuoso de mis excolegas, cada uno fue electo por la ciudadanía para representar ideas o proyectos políticos. Así es la democracia y seguramente tengamos visiones diferentes con ese sector. Nosotros propiciamos modelos productivos sostenibles que aseguren un camino a la soberanía alimentaria. En este sentido, desde el Ministerio se llevan adelante acciones concretas tendientes a generar buenas prácticas de conservación del suelo y uso sostenible de la biodiversidad, entre las cuales se destacan el proyecto “Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino”, el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación y el proyecto “Uso Sustentable de la Biodiversidad”.

Asimismo, consideramos a la Estrategia Nacional de Biodiversidad como herramienta de gestión, con participación intersectorial para generar políticas y acciones de desarrollo de sistemas productivos sustentables, con verdaderos servicios ecosistémicos, tratando de generar políticas y acciones que incidan en la tendencia de patrones de consumo compatibles con procesos productivos sustentables y que garanticen fuentes de trabajo para las comunidades locales.

¿Qué aprendizajes deja a la clase política la defensa comunitaria del agua en Mendoza?

Hace tiempo que creo que la agenda ambiental dejó de ser un tema secundario, un tema de sectores especializados, para formar parte del núcleo central de las problemáticas a atender. Mendoza es un claro ejemplo de ello, hay una conciencia ambiental muy fuerte ligada al cuidado del agua. Así aparecen temas que ya veníamos hablando antes: el rol de los jóvenes como concientizadores y la necesidad de lograr consenso social sobre los modelos de desarrollo.

Argentina cuenta con una ley de avanzada para la protección de los bosques, pero no se cumple (El Congreso Nacional no gira los fondos dispuestos para las provincias). ¿Se reactivará la ley? ¿Con qué medidas piensa frenar el desmonte?

Desde la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, la tasa de deforestación disminuyó. Sin embargo, a partir del año 2016 volvió a incrementarse la deforestación, generando perjuicios ambientales y sociales muy serios.

Creemos en un Estado activo y presente, para lo cual necesitamos resolver los problemas de desfinanciamiento del sector que se generaron durante la gestión anterior y que perjudicaron a las provincias. Los desmontes se frenan aplicando la ley y con el compromiso de las provincias para aplicarla. Queremos gestionar el tema con una nueva mirada y un mayor cuidado hacia los bosques nativos. En este contexto, se trabaja en un anteproyecto de ley que apunta a transformar las contravenciones que preveía la Ley 26.331 en delitos penales. Se están ejecutando proyectos que tienen incidencia directa en los planes de manejo y estamos trabajando con las organizaciones del territorio, tanto de agricultura familiar como de pueblos originarios.

Argentina entierra sus residuos o los aloja a cielo abierto. Los volúmenes de reciclado difieren según las regiones y aún no son trascendentes. ¿Podría unificarse la política nacional para el tratamiento de los residuos? ¿Qué planes impulsará para revertir la ecuación?

La decisión de esta gestión es no solo unificar, sino planificar con una mirada federal de la política sobre residuos, tanto domiciliarios como peligrosos y especiales. Eso supone entender que hay una crisis graficada en la existencia de 5000 basurales a cielo abierto y en la equivocada presunción de que la basura es un problema municipal.

La basura es uno de los principales problemas ambientales de la Argentina y eso exige un abordaje nacional con la participación de las provincias y el compromiso de implementar soluciones enmarcadas en la economía circular. Para eso necesitamos de la participación de toda la ciudadanía, bajo nuevos paradigmas de consumo: reducir la producción de residuos, reutilizar y separar en origen.

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