Carlos Gentile
Cambiemos.

4.2.2 Carlos Gentile: “Aprovechar los recursos naturales a la vez que se respeta el ambiente es posible”

Lo que urge y debería estar entre las prioridades de la nueva gestión de Gobierno

Si bien la lista de temas ambientales que requieren asistencia urgente es extensa, expongo tres de ellos en función de diversas razones:

Cambio climático: es en realidad un tema aglutinador, un paraguas. Se transformó en la expresión visible de gran parte de los problemas ambientales a nivel global principalmente porque logró erigirse en un indicador cuantitativo de una porción importante de la problemática ambiental global.

Lo considero uno de los temas prioritarios porque es tal vez el que mejor expone y comunica la crisis ambiental en la que se encuentra el planeta y en consecuencia la extrema urgencia de la necesidad de un cambio en la forma en la que vivimos, lo que obliga a replantearnos la forma en que producimos y consumimos. Y porque es el que permite delinear un mejor diagnóstico sobre el comportamiento de actuales y potenciales fenómenos extremos sobre las diversas regiones de nuestro país.

Una política adecuada de cambio climático requiere políticas sectoriales -energía, transporte, salud, agro, bosques, industria, infraestructura, etc.- adecuadas desde el punto de vista ambiental.

Política energética: si bien impacta sobre otras variables ambientales importantes por fuera de las emisiones de gases de efecto invernadero, está íntimamente relacionada con la política climática, y en ese sentido debe orientarse a la disminución gradual de la intensidad energética y de la intensidad de carbono de la energía consumida, con una participación creciente de fuentes libres de emisiones, predominantemente renovables, tendiente a lograr el 100% en 2050.

Debe definirse de manera urgente cómo se plantea la transición hacia estos objetivos ya que las decisiones que tomamos hoy, en particular en cuestiones vinculadas con la infraestructura, condicionan todas las que podamos tomar de aquí en adelante.

Durante los últimos años se dieron algunos pasos en el sentido correcto  vinculados con una mayor penetración de las energías renovables, la virtual eliminación de los combustibles líquidos para la generación eléctrica y la implementación de políticas de eficiencia energética. Asimismo, se creó un impuesto al carbón y en línea con la declaración de Pittsburgh de los líderes del G20, entre 2015 y 2019 Argentina redujo un 69% los subsidios a los combustibles fósiles medidos en dólares, pasando de 1,1 a 0,5 puntos del PIB, lo que incluye la eliminación total de los subsidios al petróleo y sus derivados.

Es claro que estos avances no son suficientes, pero es en ese marco y con un proceso de participación pública adecuado, que se deberían definir los proyectos prioritarios, y esa política debe ser sometida a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para asegurar su integración en una política ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, considerando el impacto ambiental, social y económico para el país.

Política minera: hay dos herramientas que deberían ser consideradas especialmente a la hora de replantear una política minera desde el punto de vista ambiental: el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) y la EAE. Esta última, al igual que en el caso de energía, es especialmente relevante, ya que sienta las bases para la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de los futuros proyectos, definiendo aspectos ambientales, económicos y sociales que luego gracias a la EAE, no deberán ser dirimidos nuevamente en cada uno de los proyectos, como sucede actualmente.

Considero que una definición urgente en este tema es necesaria para poner fin a permanentes antinomias que impiden que la actividad se desarrolle en función de su potencial de generación de empleo, siempre que respete parámetros ambientales y sociales adecuados.

Y algo a destacar: el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales implica el ejercicio de la responsabilidad de controlar que se cumplan las normas que rigen para la explotación y uso de los mismos.

Green New Deal en Argentina: ¿No?, ¿sí?, ¿cómo?

Existe en Argentina un diálogo pendiente que debería darse con urgencia para evitar la sucesión interminable de discusiones que se da actualmente con posturas extremas y antagónicas. En ese diálogo deben participar todos los sectores: Gobierno nacional, Gobiernos provinciales y municipales, representantes de la oposición, la sociedad civil incluyendo a los jóvenes, representantes de los trabajadores, el sector científico y el sector privado, para arribar a un acuerdo básico.

Este acuerdo puede adoptar diversas formas, y debe permitirnos como país salir de las posturas binarias que nos llevan a oscilar entre esquemas de desarrollo de determinadas actividades productivas bajo parámetros ambientales inadecuados, con el consecuente perjuicio a la población, y la prohibición total de la actividad, que también por supuesto genera perjuicios.

Si bien en el caso de algunas de esas actividades productivas eventualmente se deban tomar decisiones extremas, en la gran mayoría debemos consensuar cómo, cuándo, dónde y bajo qué parámetros y requisitos mínimos llevarlas a cabo. Es fundamental que en estos diálogos todos los actores expongan sus objetivos y asuman sus responsabilidades.

Los últimos antecedentes de Green New Deals -tanto la propuesta de Bernie Sanders en su plataforma electoral en 2016, como el proyecto de ley de la congresista de los Estados Unidos Ocasio-Cortez, o el más reciente de España- son abarcativos en lo que respecta a la inclusión de temáticas. En el caso de Argentina creo que un Green Deal debería ser también amplio e incluir temáticas que requieren acuerdos urgentes para permitir zanjar las disidencias existentes y avanzar definitivamente sobre políticas de desarrollo sustentable.

A mi juicio debemos arribar a acuerdos básicos en temas tales como:

  • La política de cambio climático.
  • La exploración y explotación hidrocarburífera on-shore y off-shore, incluyendo Vaca Muerta.
  • La generación y uso de la energía nuclear.
  • La minería en sus diversas formas.
  • La actividad pesquera.
  • El saneamiento de las principales cuencas del país, incluyendo obviamente la cuenca Matanza Riachuelo.
  • La deforestación, la desertificación, el uso y aplicación de productos fitosanitarios y la política ganadera.
  • La gestión de los residuos.

Temas clave en una agenda de política ambiental relevante y de largo plazo.

 Los puntos mencionados en los ítems anteriores constituyen una parte importante de la agenda de política ambiental de largo plazo. Estos ítems deberían estar atravesados por los siguientes ejes en los que creo imprescindible profundizar el trabajo ya iniciado:

a) Una Estrategia Nacional Baja en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Largo Plazo (2050). Ya la comenzamos a elaborar el año pasado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) basándonos en los dos sectores mayoritarios de emisiones de gases de efecto invernadero del país:

El energético: en ese sentido debe capitalizarse el trabajo de “Escenarios Energéticos” llevado adelante desde hace años por la sociedad civil y continuado en los últimos dos años por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación -“Hacia una Visión Compartida de la Transición Energética Argentina al 2050”- ambos de manera ampliamente participativa.

El agropecuario, junto con el de cambio de uso de la tierra: en este campo, también el año pasado, el MAyDS junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con la participación de la sociedad civil y de diversas entidades agropecuarias, comenzó a trabajar en la elaboración de 3 trayectorias distintas de emisiones para el 2050: 2ºC, 1,5ºC y neutralidad de carbono.

Este proceso debería continuar para que el país pueda contar con una estrategia de largo plazo, idealmente a fin de este año, tal como invita a hacerlo Conferencia de las Partes. Esta estrategia se debe adelantar en el tiempo a los posibles cambios tecnológicos, por lo que debe analizar posibles saltos disruptivos que contribuyan a lograr el desacople de crecimiento productivo y generación de emisiones de gases de efecto invernadero.

b) La Evaluación Ambiental: esta herramienta, junto con la de OAT, debe tener un protagonismo creciente y sobre todo elevar fuertemente sus estándares. Hemos dado desde el MAyDS en estos últimos años pasos importantes en este sentido -que deberían a mi juicio continuar y ser profundizados- asumiendo el rol que le compete a la Nación: la elaboración de un diagnóstico federal del estado de la Evaluación Ambiental en todo el país, la Resolución 434/2016-APN-SGAYDS, que sienta los parámetros a considerar por cualquier organismo del Gobierno nacional que decida llevar adelante una EAE, dos seminarios con una concurrencia masiva y capacitaciones en todas las regiones del país con el fin de elevar los estándares, y la Resolución Conjunta con la Secretaría de Energía 3/2019 sobre los procedimientos de EIA para los proyectos off-shore.

Una mención aparte merece la elaboración de un proyecto de ley de presupuestos mínimos en materia de evaluación ambiental (S-1882/19) presentado por el senador Esteban Bullrich, que debería poder convertirse en ley.

c) La Educación Ambiental: sumado al valioso trabajo llevado adelante durante muchos años por muchas de las jurisdicciones del país, desde el MAyDS y junto con la casi totalidad de las provincias, se trabajó durante los últimos 4 años en la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

Existe un proyecto de ley de presupuestos mínimos de Educación Ambiental (6230-D-2018) presentado por la Diputada Gisela Scaglia, que cuenta con la adhesión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Declaración Nº37/2017) y que estuvo a punto de obtener la media sanción a fin del año pasado.

Este proyecto que perdió estado parlamentario será seguramente presentado nuevamente y podría constituir la base normativa para la priorización de esta política, fundamental para generar el cambio de paradigma necesario para revertir la actual crisis ambiental.

d) La Producción y el Consumo sustentable: para lograr desacoplar el crecimiento productivo del uso de los recursos naturales es imprescindible contar con una estrategia nacional de producción y consumo responsable que incluya temas tales como: emprendedurismo sustentable, compras públicas sustentables, alimentación sustentable, eficiencia en el uso de recursos, economía circular, análisis de ciclo de vida y construcción sustentable, entre otros.

Esa estrategia, orientada a un uso eficiente de los recursos en el marco de una economía circular, comenzó a ser delineada en el MAyDS el año pasado en el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades técnicas e institucionales para el consumo y la producción sustentable” financiado por ONU Ambiente, y puede ser el puntapié para abordar junto con la educación ambiental el cambio de paradigma necesario.

Los consensos políticos, sociales y económicos necesarios para avanzar.

El Gabinete Nacional de Cambio Climático creado por el Decreto 891/2016 demostró que es posible discutir una política pública tan sensible y transversal al más alto nivel, involucrando a la totalidad de los máximos responsables sectoriales a nivel nacional junto con los Gobiernos provinciales, la sociedad civil incluyendo a los jóvenes, representantes de los trabajadores, el sector científico y el sector privado. Si bien fue creado para articular políticas de cambio climático, en esa mesa emergen de forma recurrente otras problemáticas ambientales que excedían su ámbito de aplicación. La Ley 27.520 de presupuestos mínimos de mitigación y adaptación al cambio climático, sancionada en diciembre del año pasado, que ratificó el funcionamiento de este gabinete, cuenta con una instancia de Consejo Asesor que considera incluso la participación de representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.

Un esquema institucional de este tipo pero más abarcativo, podría ser un ámbito adecuado para crear los consensos políticos, sociales y económicos necesarios para avanzar en esa agenda ambiental.

La eventual creación de un Consejo Económico y Social, si fuera pensado como un Consejo Económico, Social y Ambiental o un Consejo para el Desarrollo Sustentable, también podría serlo.

El camino hacia una forma de desarrollo que respete el ambiente.

Es indispensable dar un debate a fondo en el que se expongan claramente cuáles son los beneficios y perjuicios a corto, mediano y largo plazo de mantener o profundizar un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, tanto a nivel ambiental, como a nivel económico y social.

Nuestro país cuenta con una enorme riqueza de recursos naturales y un altísimo nivel de pobreza. Aprovechar esos recursos naturales respetando a la vez el ambiente es posible y para lograrlo es necesario abordar los temas conflictivos a fondo con la alta complejidad que estos tienen, entendiendo que existen conflictos de intereses y puntos de fricción, pero también sinergias.

Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable pueden ser una buena brújula en este sentido ya que justamente se adoptaron como un “llamado universal a la adopión de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”1, reconociendo sin embargo que “las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social”.

Hay numerosos estudios que demuestran un impacto económico positivo y la generación de empleos directos e indirectos como producto de políticas bajo parámetros ambientales adecuados. Estos impactos sin embargo no son automáticos ni lineales, y requieren una arquitectura precisa para lograr el efecto deseado y asegurar que la transición sea justa y no deje a nadie atrás.

Estamos transitando en nuestro país un sendero de discusiones binarias en materia ambiental, que sólo puede llevarnos a profundizar los actuales problemas económicos, sociales y de salud de la población. Debemos generar acuerdos básicos para desarrollar una economía que promueva el bienestar, la equidad social y reduzca los riesgos ambientales, a través del uso eficiente de recursos y actividades bajas en emisiones de gases de efecto invernadero.

Tenemos que converger en un modelo que convierta en más rentables las actividades bajo parámetros ambientales adecuados y en menos rentables a las que no lo son. Y esto debe ser hecho en el marco de una política de desarrollo sustentable, asegurando un crecimiento económico y un desarrollo social.

Dadas las complejidades expuestas el desafío es grande, pero también son grandes las oportunidades para el país. Y no afrontarlo no es una opción.

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