Myriam Bregman
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

4.2.3 Myriam Bregman: “Crisis climática y desigualdad social son obras del capitalismo, imposible combatirlas si no se cuestionan profundamente relaciones y modelos de producción”

Lo que urge y debería estar entre las prioridades de la nueva gestión de Gobierno

Entre los temas ambientales a ser encarados de manera urgente y prioritaria, considero que hay que cuestionar profundamente y desterrar el extractivismo, las prácticas de saqueo y contaminación como la megaminería (que agota o contamina el agua, afecta nuestros glaciares y zonas periglaciares). Además, hay que pensar políticas transicionales para dejar de depender de la industria de combustibles fósiles (Vaca Muerta), que incluye métodos como el fracking, destructivos y contaminantes, expulsivos de comunidades; y el agronegocio, que envenena con agrotóxicos a las comunidades y avanza con desmontes y desertificación del suelo mediante el monocultivo de soja. Lo preocupante es que la orientación del nuevo Gobierno nacional aparece como la opuesta, promoviendo con exenciones impositivas esas energías contaminantes y nombrando funcionarios que vienen de empresas como Barrick Gold.

Green New Deal en Argentina: ¿no?, ¿sí?, ¿cómo?

Crisis climática y desigualdad social son obras del capitalismo: imposible plantearse combatirlas si no se cuestionan profundamente esas relaciones y modelos de producción. El sistema capitalista está organizado para que las grandes empresas multipliquen sus ganancias sin importar nada, incluso la destrucción del planeta y quienes lo habitamos. Entonces, la lucha contra la crisis climática a la que nos ha llevado el capitalismo, con su matriz productiva y de consumo basada únicamente en la ganancia, en perjuicio de la clase trabajadora, los sectores populares y el planeta mismo, no puede darse de la mano de aquellos que anteponen sus beneficios económicos particulares. Por eso tenemos reservas con la idea original del Green New Deal. En Estados Unidos el proyecto impulsado por Sanders y Ocasio-Cortez, si bien se muestra como un deseo de descarbonizar y desnuclearizar el país, se basa en subsidios a las empresas privadas, es decir, son las víctimas de la crisis climática las que pagarán los costos de la transición para asegurar el beneficio económico de las corporaciones. Todo esto sin cambiar la política exterior norteamericana, que llega a provocar guerras para conseguir esos recursos. Acá en Argentina, según el anuncio del ministro Kulfas, ni siquiera se proponen descarbonizar el país, sino solo cubrir con un gesto “verde” una política de Estado de décadas, el extractivismo. Por esto, muchos sectores del gran empresariado huelen la oportunidad de negocio en “tecnologías verdes” y quieren aprovecharla, asegurándose suculentos subsidios estatales o endeudando provincias, como ocurrió en Jujuy con el parque de energía solar. Argentina tiene el desafío y la potencialidad de encauzar una transición justa hacia una matriz energética sustentable y diversificada, basada en el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética. Una economía cada vez más libre de carbono y otros gases de efecto invernadero que a la vez genere puestos de trabajo estables y de calidad, con bajas emisiones, por ejemplo, en el suministro eléctrico, el transporte público o las viviendas sociales. Pero para eso hay que invertir las prioridades: el pueblo no puede subsidiar los negocios de las grandes empresas. Los costos de la transición deben ser cubiertos con las fortunas del poder económico concentrado, por los que han venido ganando con esos negocios extractivistas. Los bancos, las mineras, las petroleras, los sojeros, los grandes ganadores del saqueo. Es imposible una transición justa sin nacionalizar las ramas estratégicas de la economía.

Temas clave en una agenda de política ambiental relevante y de largo plazo.

Sin dudas, el marco de toda intervención a favor de construir una agenda de política ambiental relevante y de largo plazo para nuestro país es la crisis climática y la pelea por reducir progresivamente las emisiones de carbono, metano y otros gases que contribuyen al calentamiento global, aun cuando Argentina no sea uno de los principales emisores a nivel mundial. Dado que las multinacionales ven a América Latina como una cantera de negocios, arrasando recursos y bienes naturales como el agua, en Argentina necesitamos cuestionar el modelo de “desarrollo” que solo significa entrega y devastación, y el resultado de esta intrusión imperialista en nuestro territorio (en el agro, en la minería, en el petróleo) de ningún modo redunda en crecimiento o implica que el país deje de ser dependiente y con niveles exorbitantes de pobreza y desigualdad.

Algunos ejes clave asociados con esto son el avance hacia una matriz energética sustentable y diversificada, prohibiendo el fracking (de gas y petróleo) y otras técnicas extractivistas, expropiando la industria energética bajo control de trabajadores y expertos, incluso en coordinación con comités de usuarios, como en el caso de nuestra exigencia de recuperar las empresas de energía eléctrica privatizadas; la nacionalización y reconversión tecnológica de empresas de transporte, la reconstrucción de los ferrocarriles y la pelea por condiciones seguras y libres de tóxicos y contaminantes en el ámbito laboral, sumado al reparto de las horas de trabajo para disminuir la jornada; la prohibición del glifosato, la eliminación progresiva de todos los agrotóxicos y la prohibición de su libre comercialización, invirtiendo en investigación de métodos alternativos, como la agroecología, entre otros.

También nos parece vital promover activamente la conservación de la biodiversidad; rechazamos la megaminería contaminante y la apropiación privada de un bien natural escaso como el agua. Pensamos en una industria que desde el origen evite la contaminación (para impedir crisis socioambientales como la de la cuenca Matanza-Riachuelo), además de promover el reciclado como un sistema profundamente integrado a la economía nacional, generando puestos de trabajo genuinos y de calidad. Estas son algunas de las medidas transicionales que proponemos, apoyados en la movilización internacional de la juventud, la clase trabajadora y los sectores populares en general.

Los consensos políticos, sociales y económicos necesarios para avanzar.

Realmente creo que es una ilusión creer que se puede lograr “consensos” con las corporaciones capitalistas responsables de la crisis ecológica. El único consenso posible nacerá en las calles: la ciencia habló y millones salimos en todo el mundo en las mayores huelgas climáticas de la historia, que tuvieron lugar en 2019. En todas se señalaba la responsabilidad de corporaciones y Gobiernos en la crisis ecológica y climática actual. Un gran ejemplo de “consenso” para el saqueo y la contaminación lo dieron el año pasado los legisladores de la UCR y el PJ de Mendoza que, avalados por el gobernador Suárez y el presidente Fernández, se aliaron con las mineras para introducir la “ley cianuro”, que tuvo que ser derogada por la lucha y la movilización del pueblo mendocino contra la megaminería y en defensa de la Ley 7722, la ley guardiana del agua en Mendoza.

Tenemos puesta la esperanza en la enorme potencialidad que tiene la unidad del movimiento juvenil y la comunidad científica junto a la clase trabajadora, los pueblos originarios y los campesinos para mostrar que existe una salida sostenible a la crisis ecológica, con la movilización, la lucha y el conocimiento al servicio de defender nuestro planeta del completo desastre al que el capitalismo y sus líderes mundiales nos están llevando. Hay que cuestionar las bases mismas del sistema que nos lleva a la catástrofe.

El camino hacia una forma de desarrollo que respete el ambiente.

En el marco de la crisis climática global, que avanza en forma acelerada sin que las cumbres del clima y otras instancias resuelvan nada significativo, cuanto peores sean las condiciones para la biodiversidad y los ecosistemas en nuestro país, tanto más difícil será siquiera proponerse la adaptación y la mitigación para las futuras generaciones. Mantener una economía dependiente de fósiles (y esto a escala global) implica que sean cada vez más frecuentes fenómenos extremos como sequías, incendios e inundaciones, por mencionar algunos efectos del desbarajuste climático. En ese marco crítico, no hace falta ser especialista para comprender el riesgo de continuar con una economía extractivista que deja tierra arrasada por el agronegocio y su deforestación, incapaz de proteger a comunidades de fuertes lluvias (como hemos visto en Córdoba). O para comprender qué pasaría si las megamineras siguen destruyendo glaciares y acuíferos para extraer oro, plata, uranio y litio en zonas con plena sequía y emergencia hídrica, como San Juan, Catamarca, Jujuy y Río Negro.

Los políticos del extractivismo, más allá de los colores partidarios, siempre plantean una disyuntiva entre “desarrollo” o “atraso” para justificar la entrega de recursos y bienes naturales, saqueos  intensivos y brutales de nuestras montañas, mesetas y ríos, afectando y expulsando comunidades. Son mitos: estos megaproyectos no solo dejan regalías ínfimas en el país (en comparación con los miles de millones que se llevan), sino que a su paso quedan enfermedades, destrucción y desigualdad. Por ejemplo, la megaminería genera puestos de trabajo solo al comienzo, en las fases exploratorias, y se trata de un empleo demasiado especializado. El ejemplo de Catamarca es sintomático: tras dos décadas de explotación de cobre en La Alumbrera, tanto desde el punto de vista de la estructura productiva como desde el de las condiciones sociales, la provincia sigue igual que antes. A estos planes los desmienten los números (los principales conglomerados urbanos de San Juan y Catamarca están entre los más pobres del país), pero también el reclamo de comunidades que se oponen al saqueo extractivista (como en Chubut, Mendoza, Jujuy y San Juan). Como dice Maristella Svampa, “detrás de la noción de desarrollo sustentable” (de la que tanto se habla ahora, agrego) “siempre la prioridad la tiene que definir lo económico, no la protección del ambiente”. Por ello, si vamos a pensar un plan de recomposición económica e industrial tiene que ser en el marco de una transición energética y productiva justa, para salir del modelo extractivista, reconstruyendo los ferrocarriles, un transporte público eficiente y de calidad, fabricando paneles solares y molinos de viento, un plan de viviendas sociales sustentable, etc.

Necesitamos desplegar un programa transicional para una completa reorganización racional y ecológica de la producción, la distribución y el consumo. Es necesariamente una pelea anticapitalista y socialista, por otro modelo de sociedad, una que esté en armonía con la naturaleza y por nuestra propia supervivencia por sobre las ganancias de unos pocos. Más allá de la demagogia, los capitalistas se oponen en el fondo a algo así. Por eso opinamos que esto lo tiene que llevar adelante la clase trabajadora en alianza con los demás sectores populares. Hay una carrera de velocidad entre si el capitalismo termina con el planeta o terminamos con el capitalismo.

Compartir en redes sociales

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin