Federico Nacif
Coordinador de Vinculación Tecnológica de Innova-T CONICET, Licenciado en Sociología (UBA), Magíster en Ciencia Tecnología y Sociedad (UNQ) y Profesor de “Introducción a las Ciencias Sociales” para la Licenciatura en Economía (UMET).

5.3 Litio en Argentina: dos décadas de explotación

RESUMEN EJECUTIVO

A pesar de que la Argentina lleva más de 20 años de explotación de litio, en la actualidad se reeditan las mismas promesas de desarrollo sustentable, sin haber modificado las condiciones legales e institucionales que hicieron posible aquella explotación. Se propone un repaso histórico sobre el origen y el comportamiento del proyecto Fénix localizado sobre el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, a cargo de la empresa norteamericana FMC Lithum Corp, actualmente llamada Livent. Finalmente, sobre la base del diagnóstico elaborado, se propone la creación de una Comisión Nacional del Litio como condición institucional para impulsar en el país una alternativa realista y sustentable.

Introducción

Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que además estas baterías comienzan a ser utilizadas tanto por los nuevos vehículos eléctricos como por los dispositivos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables intermitentes (como eólica y solar). Incluso bastante gente sabe también que los salares de la Puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo. Sin embargo, a la hora de discutir sobre el destino de nuestras reservas de litio, no son muchas las personas que en Argentina parecieran advertir un hecho incontrastable: hace ya 22 años que la gran corporación química norteamericana FMC Lithium (actual Livent) explota el Salar del Hombre Muerto ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio1.

Desde entonces, los principales yacimientos de litio del noroeste argentino (NOA) fueron adquiridos por distintas empresas mineras junior, en ciertos casos (como el proyecto Olaróz de Jujuy) asociadas con las principales automotrices del mundo, reeditando en la actualidad las mismas promesas de beneficios económicos, desarrollo tecnológico y protección ambiental del pasado. Sin embargo, si se mantienen las mismas condiciones legales e institucionales que regulan el acceso y la explotación de los recursos de litio desde los años 90, difícilmente podamos obtener en el presente un resultado distinto. Un breve repaso por el origen y el desempeño del proyecto que la FMC-Livent dirige en el norte argentino desde hace más de dos décadas, debería servirnos para estimar la veracidad de las nuevas promesas y esbozar una alternativa política realista en defensa del bien común.

En el origen, EE.UU.

Es necesario contextualizar el origen histórico del actual modelo productivo de litio vigente en Argentina, a partir de la política de materiales críticos impulsada por el Gobierno de EE.UU. durante la Guerra Fría contra el Bloque Soviético. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. había encargado grandes cantidades de hidróxido de litio para la producción de la Bomba-H, produciendo la expansión de dos empresas norteamericanas: la antigua Foote Minerals Company (actual Albemarle) y la Lithium Corp. of America creada por el propio gobierno norteamericano en 1942 (actual Livent de FMC Corp.). Sin embargo, sería la llamada Crisis del Petróleo de 1973 la que daría a las dos empresas norteamericanas la oportunidad de proyectarse como proveedoras de futuros recursos “estratégicos”. No sólo por las proyecciones optimistas de la época sobre la fusión nuclear controlada, sino sobre todo por una nueva generación de baterías eléctricas que ya por entonces empezaban a ser visualizadas como una posible solución técnica para las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) e incluso para los vehículos eléctricos y los sistemas de energías renovables del futuro2. El problema principal, acorde a los términos del famoso informe “Los límites del crecimiento”, publicado en 1972 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), no era sino la disponibilidad -técnica y social- de las reservas globales conocidas. La institución encargada de resolver dicho problema, no sería otra que el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS por sus siglas en inglés) fundado en 1879 (Nacif, 2018).

La existencia de salmueras ricas en litio detectadas por los nuevos satélites Landsat bajo los grandes salares del altiplano sudamericano parecía ser la mejor alternativa para los intereses norteamericanos. Era necesario iniciar un complejo proceso de relocalización, proceso que comenzó al amparo de los gobiernos militares aliados y que daría origen a los tres grandes proyectos litíferos de Sudamérica que, desde fines del siglo pasado, explican entre el 30 y el 50% de la producción mundial: los dos primeros localizados sobre el Salar de Atacama de Chile, bajo el control de SQM y Albemarle respectivamente; el tercero sobre el Salar del Hombre Muerto de Argentina, a cargo de la FMC – Livent.

El litio como parte de la historia nacional

Para los años 70, la Argentina podía exhibir importantes avances en la determinación técnica y política de sus propios yacimientos evaporíticos, en el marco del paradigma de la “autonomía tecnológica” que impulsaba un considerable sector científico y tecnológico, formado tempranamente en torno a la agenda de la energía nuclear con fines pacíficos. Así fue como, durante los años 60, mientras el químico y geólogo Luciano Catalano publicaba el resultado de décadas de investigaciones sobre los salares de la Puna, la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea) analizaba los yacimientos de litio interesada por los nuevos usos en la fusión nuclear y los geólogos de la Dirección General de Fabricaciones Militares (dgfm) exploraban las principales cuencas salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Entre 1969 y 1974, finalmente, la dgfm llevó a cabo el denominado Plan Salares y en 1975 seleccionó al Salar del Hombre Muerto de Catamarca como el más relevante, para comenzar allí tareas de prospección.

Sin embargo, la modificación del Código de Minería impuesta en 1980 por la última dictadura militar (1976-1983), incorporaría al litio entre las sustancias concesibles de primera categoría, paso fundamental para la futura privatización del proyecto sobre el Salar del Hombre Muerto. Y si bien para 1982 el Gobierno militar intentó otorgarle la licitación del proyecto estatal a la norteamericana FMC (que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City), la derrota en la guerra de Malvinas y las crecientes denuncias por las masivas violaciones a los derechos humanos precipitaron el derrumbe de la dictadura, suspendiendo la transferencia por una década.

Efectivamente, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 fmc logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer a la DGFM y a la provincia de Catamarca una pequeña participación (2,5% para cada una) y la designación de un miembro en el directorio de la flamante Minera del Altiplano S.A. que se haría cargo del proyecto. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado a las autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina -Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera-, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del Gobierno de [Ramón] Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador sería destituido y la provincia, intervenida por el Gobierno central. Antes de comenzar la construcción, no obstante, el proyecto de litio tuvo que atravesar nuevos conflictos limítrofes: el 14 de marzo de 1991, la provincia de Salta inició una demanda a la DGFM reivindicando derechos jurisdiccionales y exigiendo su participación en el contrato. Si bien el conflicto sería resuelto por la empresa instalando una planta industrial en Gral. Güemes, provincia de Salta, las disputas por las regalías reaparecerían en el futuro.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías provinciales por debajo del 3%), se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional, que transfirió el dominio de los recursos naturales a las provincias y -como si eso no fuera suficiente- estableció un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5%, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la reforma del Estado de Menem había liquidado la empresa estatal DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano S.A., que así debía subir al 5%. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3%. Junto a la provincialización de los recursos y la subordinación de los informes ambientales a las autoridades mineras locales, la necesidad de una pequeña participación provincial en los proyectos extractivos formaba parte de las principales condiciones que el Banco Mundial había detectado para poder imponer en la Argentina el nuevo régimen de inversiones mineras (Nacif, 2015).

Enclave minero sin vinculación tecnológica

En 1994 la empresa de FMC, Minera del Altiplano S.A., adjudicó la construcción del proyecto extractivo a la italiana Techint, mientras iba conformando un equipo de químicos y geólogos de la Universidad Nacional de Salta para realizar los primeros ensayos de planta piloto. Sin embargo, el desmantelamiento total de la DGFM, incluidos sus laboratorios y equipos de investigación, había dejado el terreno libre para que la empresa norteamericana pudiera diseñar su propia técnica extractiva, sin ningún tipo de vinculación con las instituciones locales. De tal forma, el sistema de “adsorción selectiva” patentado en EE.UU., fue diseñado para producir unas 12.000 toneladas/año de carbonato de litio y unas 5.500 toneladas/año de cloruro de litio. Si bien las salmueras del Salar del Hombre Muerto tienen una concentración inicial de 600 partículas por millón (ppm) de litio, la adsorción selectiva extrae una solución diluida de cloruro de litio con una concentración de 6.000 ppm de litio. A partir de allí, se agrega carbonato de sodio y se deposita la solución en las piscinas de evaporación, donde se obtiene el carbonato de litio que luego pasa a la planta de filtrado, centrifugado, secado y empacado, enviando una parte de la producción a la planta de cloruro de litio ubicada en Gral. Güemes, Salta (FMC Corp., 1998). En total, la planta demanda aproximadamente unos 280.000 litros de agua dulce por hora, que la empresa extrae de los cauces de La Punta y Río Trapiche (Anlauf, 2015), por los que no paga el canon de agua provincial (en la actualidad pretende incorporar como fuente la cuenca del río Los Patos/Aguas Calientes)3.

De esta forma, luego de inaugurar el proyecto de litio en salmueras en el NOA a fines de 1997, la FMC Lithium Corp. decidió cerrar su antigua mina de litio a cielo abierto localizada en Carolina del Norte, EE.UU., reduciendo considerablemente los costos de su producción primaria4, incluyendo aquellos asociados a los cuestionamientos ambientales. A pesar de producir un promedio de 16.500 t de carbonato de litio equivalente (CLE) que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y China, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto aún permanece aislado (el proyecto posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del Río Trapiche que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa.

En cuanto a la infraestructura adquirida, en 2007 la empresa logró inaugurar el viejo proyecto del Gasoducto de la Puna. Y si bien la crisis mundial de 2008 impactaría negativamente sobre las exportaciones anuales de litio, en febrero de 2012 FMC anunciaría la ampliación de su capacidad productiva a un total de 17.000 t/año de CLE, aumentando los volúmenes exportados en un 22%, y las facturaciones anuales declaradas en un 65% (de USD 55 a USD 91 millones).

Gráfico 1: Producción argentina de litio 1998-2018

Fuente: elaboración propia en base a USGS.

 

El nuevo ciclo expansivo de la FMC no haría más que intensificar los viejos conflictos sociales asociados al proyecto Fénix desde su inauguración, revelando una vez más su antagonismo radical respecto de toda fiscalización pública y la conveniente impotencia de los Estados provinciales. A fines de 2011, el Juzgado de Minas de Salta resolvió que la empresa Minera del Altiplano S.A. debía tributar a esa provincia regalías del 3% por las minas Litio 1 y Litio 2, establecidas en áreas que considera de su jurisdicción, reeditando las antiguas disputas limítrofes entre ambas provincias. Si bien en octubre de 2012 la Corte de Justicia de Salta rechazó todas las instancias recursivas con que la empresa buscó evitar el pago de esos aportes, el Estado de Catamarca aún espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En noviembre de 2011, por otra parte, la Dirección de Riego del mismo Gobierno catamarqueño, se dispuso a cobrarle el canon por agua a Minera del Altiplano S.A. (del que estaba exenta por el contrato de 1994), enviándole una factura correspondiente al consumo declarado desde agosto de 1999 que, utilizando el cuadro tarifario para “uso industrial” ($0,9/m3), fue calculado en $1,8 millones. A pesar de la participación de la provincia en el 3% de las acciones, la empresa interpuso recursos jerárquicos para intimar al Gobierno a declarar nulos los trámites iniciados. El conflicto continuó en los años posteriores, agravando los cuestionamientos sociales por la falta del desarrollo económico prometido.

En abril de 2015, finalmente, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, aseguró haber logrado un acuerdo político definitivo, firmando un Memorando de Entendimiento entre Fiscalía de Estado, Obras Públicas y Minera del Altiplano S.A., para la creación de un fideicomiso destinado a la construcción de obras de infraestructura, especialmente para el departamento de Antofagasta de la Sierra, donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto y donde la escasa población de 1500 habitantes, aún carece de caminos y de servicios básicos (Nacif, 2015). A fines de 2017, finalmente, la gobernadora Corpacci acordó con los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para establecer regalías en torno al 2% sobre el valor de las ventas y liberar a la empresa Minera del Altiplano S.A. de la única regulación pública que aún le impedía especular financieramente con las concesiones adquiridas, vendiendo las acciones y derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto.

Diagnóstico general y alternativa política

Gracias a las reformas mineras de los años 90, cualquier individuo puede adquirir concesiones sobre los salares de la Puna argentina y disponer de ellas con total libertad, a cambio de un módico canon minero y regalías provinciales por debajo del 3% de las ventas declaradas. De esta forma, las empresas no sólo pueden vender, hipotecar, arrendar y heredar estos yacimientos estratégicos, sino también explorarlos y explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran, y comercializar toda la producción con quien deseen y en los términos que crean más convenientes para sus intereses privados, apropiándose de casi toda la renta pública.

Notable diferencia con Bolivia y Chile, países que hace tiempo discuten sobre la necesidad y posibilidad de industrializar sus enormes reservas de litio, pero sobre un principio político y jurídico elemental: la declaración de “recurso natural estratégico” que impide la libre concesión de sus yacimientos. En Chile, si bien el Gobierno de Pinochet permitió el ingreso de empresas transnacionales, la posterior declaración de “recurso estratégico” por su aplicación en la energía nuclear impidió, hasta hoy, el avance de las concesiones sobre los demás yacimientos públicos5. En Bolivia, en cambio, Evo Morales impulsó desde 2008 un Plan Nacional de Industrialización, comprometiendo una inversión pública cercana a los USD 900 millones, para que la empresa estatal YLB desarrollara la producción primaria y se asociara con una empresa alemana para la producción de cátodos y baterías6.

En Argentina, en cambio, si bien las legislaturas provinciales declararon al litio como “recurso estratégico”, dichas declaraciones carecen de validez jurídica, ya que no modifican el Código Minero, y por lo tanto carecen de eficacia, ya que en los hechos no suspenden ni modifican el régimen de libres concesiones mineras vigente. Tanto el viejo proyecto de litio de la FMC, como el más reciente de Orocobre-Toyota inaugurado en 2016, acordaron desde el inicio una participación provincial minoritaria, del 3% en Catamarca y del 8,5% en Jujuy. Sin embargo, mientras el primer caso es hoy cuestionado por la total falta de efectos virtuosos sobre el desarrollo local, el segundo se limita a prometer la venta eventual en el mercado interno de hasta un 5% de la futura producción de litio (a precio internacional), y en ningún caso los Gobiernos provinciales pueden exigir aportes especiales para financiar programas de I+D asociados al litio, razón por la cual los reiterados intentos para fabricar baterías fracasaron sistemáticamente, limitados a la proyección de pequeñas plantas piloto de ensamblaje a partir de la importación de todos los componentes, incluidos los propios insumos litiados (Nacif, 2019).

Es en torno a este conflicto material de carácter histórico que las distintas posturas y declaraciones públicas sobre el litio argentino cobran sentido. Sin embargo, ninguno de los argumentos desplegados podría tener verdadera eficacia, si no tuvieran como eje articulador común el principio jurídico-político de la soberanía nacional7. A partir de allí, podrán posicionarse quienes advierten sobre la necesidad de agregar valor a las exportaciones y quienes insisten en la importancia del desarrollo tecnológico local orientado hacia un plan nacional de transición energética, pero también quienes exigen consultas previas a las comunidades locales de carácter vinculante y quienes reclaman mayores regalías provinciales, quienes cuestionan el elevado consumo de agua dulce que supone la producción de litio y quienes discuten sobre la propiedad de la empresa productora/exportadora, e incluso quienes proponen limitar las escalas productivas y hasta quienes buscan prohibir totalmente la extracción de salmueras para proteger los salares.

Un debate de semejante complejidad y trascendencia para la sociedad argentina sólo puede abordarse de manera democrática a partir de un nuevo escenario institucional. Es por ello que la creación de una Comisión Nacional del Litio emerge como una alternativa real y viable, siempre y cuando logre reunir con la legitimidad del parlamento tanto a representantes de los distintos sectores sociales involucrados (partidos políticos oficiales y opositores, comunidades locales, empresas, universidades) como a expertos reconocidos en las distintas temáticas asociadas (hidrogeología, impacto ambiental, técnicas extractivas, derecho, mercados de materias primas, aplicaciones industriales, transición energética, geopolítica, vinculación tecnológica potencial, etc.), con el objeto de asesorar al Gobierno nacional en la generación de una nueva política sectorial para el desarrollo soberano, sustentable y democrático de los recursos contenidos bajo los salares de la Puna.

1 SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80% de la producción mundial de litio, a partir de yacimientos localizados principalmente en Australia, Chile y Argentina (USGS, 2019).

2 A esta etapa pertenecen las primeras investigaciones del físico John B. Goodenough sobre baterías de litio por las que, en octubre de 2019, fue galardonado con el premio Nobel de Química.

3 https://www.elancasti.com.ar/opinion/2019/8/29/antofagasta-de-la-sierra-la-maldicion-del-litio-412611.html#&gid=1&pid=1

4 Los costos de producción de FMC en Argentina se estiman en U$D 3.000/t (Cochilco, 2013).

5 En enero de 2015, la Comisión Técnica creada por el Gobierno de Bachelet ratificó el carácter “estratégico” y “no concesible” del recurso y recomendó la revisión de los contratos vigentes con las empresas.

6  En enero de 2019 el Gobierno de facto de Añez decidió interrumpir el proyecto, nombrando al frente de la empresa estatal YLB a Juan Carlos Zuleta, asesor de consultoras bursátiles en inversiones extractivas y principal opositor de la industrialización.

7 Ningún soberano puede “enajenar alguna parte de él mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual existe sería aniquilarse: y lo que nada es nada produce” (Rousseau, El contrato social, 1762).

Bibliografía:

Anlauf, A. (2015) ¿Secar la tierra para sacar litio? Conflictos socio-ambientales en minería de litio, en Nacif, F. y Lacabana M. (coord.), ABC del litio sudamericano: soberanía, ambiente, tecnología e industria, Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y Ediciones del CCC.

COCHILCO (2013, diciembre) Mercado Internacional del Litio, Comisión Chilena del Cobre, Dirección de Estudios.

Méndez, V. (2004, octubre) Litio contenido en salmueras de salares de la Puna, en Lavandaio y Catalano (Eds), Historia de la minería argentina. Buenos Aires: SEGEMAR.

Nacif, F. (2015) El litio en Argentina: de insumo crítico a commodity minero, en Nacif, F. y Lacabana, M. (Coords.), abc del litio sudamericano: soberanía, ambiente, tecnología e industria, Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y Ediciones del CCC,  pp. 219-284.

Nacif, F. (2018) Litio en América del Sur: enclave minero o alternativa post-extractivista, en Ramírez, M. y Schmalz, S. (Edit.), ¿Fin de la bonanza?: entradas, salidas y encrucijadas del extractivismo. Buenos Aires: Biblos, pp. 233-246.

USGS (2019, enero) Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey.

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