Pía Marchegiani

Directora de Política Ambiental de FARN. Magíster en Estudios Globales (Universidad de Friburgo, Alemania, y Universidad de Kwazulu-Natal, Sudáfrica). Abogada (UBA). Candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina). Docente de la UBA (Clínica Jurídica de Derecho Ambiental) y de FLACSO. Investigadora asociada al Programa de Estudios Globales de FLACSO.

Leandro Gómez

Área de Política Ambiental de FARN. Magíster en Administración Pública (UBA). Licenciado en Ciencia Política (UBA). Docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina) y del Council on International Educational Exchange, Buenos Aires.

3.2 Plan de desarrollo minero a 30 años: ¿dejar todo igual para que nada cambie?

RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en la Argentina como medida ante la pandemia de COVID-19, se conoció la pretensión de la Secretaría de Minería de la Nación de elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) para los próximos 30 años. Su objetivo es consolidar la actividad a través del establecimiento de las condiciones para su desarrollo. La elaboración de un plan de largo plazo podría significar un primer paso hacia un debate amplio y plural, en términos de voces, enfoques y aspectos que hacen a la minería a gran escala. Sin embargo, los documentos iniciales muestran que el plan está lejos de proponer un debate plural y presenta importantes limitaciones en términos de diálogo, enfoques y contenidos que reafirman viejas costumbres y prácticas del sector minero.

 

Introducción 

El año 2020 ha tenido a la población mundial en vilo por la emergencia y propagación de la pandemia de COVID-19, virus de origen zoonótico, que ha dejado en evidencia la forma en que las sociedades avanzamos sobre los ecosistemas de los que dependemos para el desarrollo de nuestra propia vida. 

El gobierno argentino dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) de manera temprana en 2020, y lo levantó en muchas zonas del país en noviembre de ese año. En esa instancia, quedaron prohibidas todas las actividades consideradas no esenciales, así como el contacto entre personas, las reuniones de distinto tipo y las actividades sociales y culturales. La actividad minera fue declarada “actividad esencial” y, en consecuencia, exceptuada de la parálisis generalizada de la economía, por lo que continuó su desarrollo en un contexto de excepción y con menor escrutinio social y público.

Tras la parálisis de la mayoría de los temas vinculados a la agenda pública en el primer semestre de 2020, a finales de agosto se conocieron los primeros anuncios para desarrollar un plan de la actividad minera para los próximos 30 años.

Todavía con disposiciones que impedían el contacto entre personas, reuniones de gestión gubernamental de manera virtual, y una actividad económica que nunca dejó de funcionar, se conoció el objetivo de construir una visión para la minería de las próximas tres décadas. Esto, además del contexto inmediato, se da en un Estado cuyos mayores desafíos de gestión se vinculan con una planificación de mediano y largo plazo en la que las visiones contrapuestas del país que se anhela no encuentran un espacio común de diálogo.

La escueta información sobre los objetivos de este plan minero —con foco en las dimensiones productivas y de competitividad— y el proceso iniciado dan cuenta de la parcialidad con que se lo quiere desarrollar. Llaman la atención también la falta de miradas distintas y la total omisión de actores (sociales y del propio Estado) que presentan voces alternativas o que aportan distintos puntos de vista, así como el escaso y superficial abordaje de las cuestiones sociales y ambientales.

Por eso, en este artículo, compartimos la información sobre el Plan de Desarrollo Minero para la Argentina pensado para los próximos 30 años, así como también damos cuenta del proceso que se viene desarrollando para llevarlo a cabo, señalando sus aspectos más críticos. 

 

El plan y sus problemas

La Secretaría de Minería de la Nación publicaba en julio de 2020 el documento “Hacia la construcción de una visión compartida sobre la minería en Argentina”, dando inicio al proceso de elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA). Concebido para los próximos 30 años, el objetivo del plan es consolidar la actividad a través del establecimiento de las condiciones necesarias para su desarrollo (Secretaría de Minería, 2020a).

En ese documento, la Secretaría enuncia los que considera los principales desafíos para el desarrollo de la minería y establece así los ejes sobre los que deberá trabajar: institucionalidad, inclusión social, integración al desarrollo productivo, competitividad para la atracción de inversiones y sostenibilidad ambiental.

Asimismo, el texto señala la importancia de que el plan se dé en el marco de un proceso participativo amplio y plural, para lo cual la Secretaría llamó a la conformación de una mesa facilitadora. Esta tiene como objetivo elaborar una visión compartida por diferentes actores gubernamentales, empresariales, sindicales y sociales para el desarrollo de la minería en el país. En octubre de 2020, la Secretaría de Minería publicó un segundo documento, titulado “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino: Memoria Viva – Mesa Facilitadora”, elaborado por la Mesa Facilitadora.

La conformación de una mesa de diálogo compuesta por referentes de organismos gubernamentales nacionales y provinciales, instituciones científicas, sindicatos, empresas, entidades gremiales empresarias, académicos, profesionales y organizaciones de la sociedad civil y religiosas podría llegar a representar un primer paso hacía un debate amplio sobre la actividad, debate que aún no se ha dado en el país.

De hecho, las reformas institucionales y legales para promover la actividad minera en los años noventa, impulsadas por el Banco Mundial a medida de empresas mineras que se estaban instalando en el país en ese momento (Nacif, 2020), y pergeñadas a espaldas de la ciudadanía, fueron las que permitieron la instalación y promoción de la minería a gran escala. Este tipo de minería iba en sintonía con las transformaciones en los ámbitos tecnológicos, políticos, de los mercados y de la organización empresarial de las últimas décadas del siglo pasado. En el ámbito de la minería metalífera, significaron que la actividad extractiva dejara de realizarse a través de operaciones a pequeña escala, explotando grandes depósitos de fácil acceso, para convertirse en emprendimientos de grandes compañías transnacionales con integración vertical de capital intensivo y competencia oligopólica (Reed, 2002).

Así se hacía posible la rentabilidad de depósitos con menor concentración mineral a través de la utilización de grandes cantidades de explosivos, sustancias químicas y gran consumo energético, generando altos impactos ambientales y la modificación sustancial del entorno ecológico y social (Machado Aráoz, et al., 2011; FARN, 2012). Este tipo de minería se caracterizó desde sus inicios y con el caso de Esquel (2003) por una gran conflictividad socioambiental.

En tanto se avanzaba con el paquete de incentivos económicos y fiscales para consolidar la actividad en el país, se daba la reforma constitucional de 1994. Esta ponía en cabeza de las provincias el dominio originario de los recursos naturales y, por lo tanto, la toma de decisiones respecto a proyectos por instalarse en los territorios, así como el control de la actividad minera.

Se estableció, entonces, una provincialización de los recursos naturales. A partir de esta, los diversos gobiernos nacionales han pretendido posicionar al Estado Nacional como articulador de procesos de “desarrollo”, pudiendo así movilizar recursos y promover la actividad minera en el país, pero dejando en manos de autoridades provinciales tanto la responsabilidad en materia ambiental como la consecuente y emergente conflictividad social. De esta manera, se ha pretendido evitar un debate nacional profundo y plural sobre el modelo de desarrollo que conlleva la minería y sus implicancias sociales y ambientales (Saguier y Peinado, 2014).

La Mesa Facilitadora y el PEDMA podrían haber significado un primer paso hacia un debate pendiente. Sin embargo, se constituye en no más que un decálogo de buenas intenciones. La composición de la referida mesa, el enfoque y los contenidos de los documentos publicados por la Secretaría muestran que el PEDMA es más de lo mismo, otro intento de promover el desarrollo de la minería a gran escala reduciendo la cuestión ambiental y negando las voces diferentes. Hasta el momento, el plan muestra la falta de vocación para integrar aristas nuevas al debate.

La conformación de la Mesa refleja otra vez una mirada endogámica. Posee una fuerte representación de instituciones gubernamentales, gremios vinculados a la actividad y del sector empresario. Y brillan por su ausencia voces distintas que podrían arrimar nuevos elementos al debate: entidades comunitarias y colectivos sociales que hace décadas se movilizan para denunciar los impactos de la minería a gran escala, organizaciones de la sociedad civil y hasta instituciones gubernamentales que pudieran vincularse a las dimensiones sociales y ambientales de esta actividad, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Una genuina mesa de diálogo tendría que poder incorporar la pluralidad de voces existentes alrededor de la minería. No solo incluir a aquellas instituciones gubernamentales, referentes académicos y científicos, y organizaciones que promueven la actividad, sino también a aquellos actores e instituciones que velan por la vigencia de los derechos de poblaciones afectadas y por el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Así como la referida mesa carece de pluralidad de voces, los documentos publicados por la Secretaría para el desarrollo del PEDMA carecen de pluralidad de enfoques. Por el contrario, su enfoque se limita al desarrollo productivo del sector y no debate de manera abierta la contribución de la actividad al desarrollo, sino que lo da por hecho. 

En un contexto de necesidad de divisas —en el que la actividad recibe mayor atención e interés por parte del gobierno central—, resultan muy valiosas las distintas miradas que existen en torno a la relación entre la minería y el desarrollo. 

De esa manera, aun en el caso de visiones ortodoxas que privilegian indicadores clásicos como la contribución al producto bruto interno o producto bruto geográfico o el empleo —dejando afuera otros indicadores económicos, sociales y ambientales, como las miradas del neoestructuralismo, la economía política y el posdesarrollo, entre otras escuelas de pensamiento—, la relación entre minería y desarrollo no es tan clara.

Las actividades mineras no están entre las que mayor impacto tienen en la actividad económica. De hecho, son de las que menor cantidad de puestos de trabajo generan en todos los sectores de la economía (puesto 49 de un total de 58 en el ranking de la cantidad de puestos de trabajo generados en toda la economía por cada USD 337 millones de incremento en la demanda final; ver análisis de Beyrne, 2015). Además, los proyectos mineros suelen promocionarse como oportunidades de empleo para poblaciones locales, pero, dados los requerimientos de capacitación, tienden a tener un porcentaje significativo de trabajadores que provienen de otras zonas.  

Asimismo, no muestran encadenamiento productivo ni dejan valor agregado en las economías locales. La competencia por el agua o la energía convierte a la minería en una amenaza para actividades productivas locales como la agricultura o el turismo. A esto se suma la discusión de impactos ambientales con casos como los reiterados derrames en las minas Veladero y Bajo la Alumbrera, por mencionar algunos de los más relevantes y recientes.

Otro elemento central es que los documentos elaborados en el marco del PEDMA carecen de un enfoque normativo y de derechos y privilegian una mirada de buenas prácticas asociada al sector privado. Sostener un enfoque normativo y de derechos obligaría al sector gubernamental no solo a promover la actividad minera, sino, principalmente, a controlarla. Así se garantizaría el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y provincial, de los estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, y de los derechos de la ciudadanía, en especial de aquellos habitantes de los territorios donde se emplazan los proyectos mineros.

Asimismo, lejos de reconocer los incumplimientos a la normativa ambiental existente y su necesario fortalecimiento, la Secretaría promueve la “armonización, actualización y complementación normativa”, sin especificar las implicancias de esa “armonización”. 

No deben olvidarse las dificultades del sector con la Ley de Glaciares, que recibió primero el veto presidencial (2008) y luego fue obstaculizada por acciones legales de inconstitucionalidad en las provincias de San Juan (2012) y Jujuy (2014), por lo que debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reafirmar su vigencia.1 Esa norma todavía presenta desafíos para su cumplimiento pleno.

Asimismo, en apoyo al sector empresarial minero, el gobierno nacional de Cambiemos intentó en 2017 instalar una supuesta necesidad de revisión de la norma para clarificar la definición de ambiente periglacial. Esta flexibilización facilitaría la supuesta llegada de inversiones en áreas hoy protegidas. En esta misma línea, el documento producido por la actual gestión (de diferente signo político), si bien reconoce la importancia de la protección de los glaciares, vuelve a cuestionar la protección del ambiente periglacial poniendo en duda la definición establecida por el Congreso de la Nación.2

La perspectiva ambiental sugerida en el PEDMA es incompleta y parcial; subsume lo ambiental a lo productivo, como si fuera un aspecto de la actividad minera. En contraste, un enfoque ambiental genuino implicaría un análisis integral de los ecosistemas, para luego definir qué actividades podrían realizarse, dónde y de qué manera, al ser la actividad minera una más de las opciones productivas (Marchegiani y Di Paola, 2017). Esto deberá hacerse en armonía con los principios ambientales: preventivo, precautorio, equidad intergeneracional y de progresividad, entre otros.

Por otro lado, la referencia a la cuestión ambiental se hace a través del concepto de sostenibilidad, lo cual resulta contradictorio si entendemos que el desarrollo de la minería a gran escala implica la explotación de recursos no renovables con impactos ambientales elevados.

Entre otros desafíos normativos, encontramos la falta de transparencia del sector y las dificultades para acceder a información pública sobre proyectos, en particular su localización, así como los estudios de impacto ambiental. 

También existen desafíos en cuanto a la participación ciudadana y el cumplimiento del consentimiento previo, libre e informado de comunidades indígenas (CPLI). 

En muchos casos, las comunidades locales no han dado su “licencia social”. Y la oposición a las actividades, así como las formas de expresión que denuncian sus impactos o la connivencia entre políticos y empresarios, es en muchas ocasiones perseguida y criminalizada. Ejemplos de ello fueron el uso de listas negras por la empresas Osisko Mining Corporation para con los vecinos de Famatina, y la violencia física y simbólica desplegada por las autoridades de la provincia de La Rioja.3 Más recientemente, encontramos la situación de Chubut, en donde la ciudadanía busca mediante una iniciativa popular mejorar los estándares ambientales de la histórica Ley 5001 (XVII-Nº 68) (FARN, 2020).

Resulta llamativo que los documentos que pretenden ser el inicio de un plan nacional estratégico de largo plazo omitan la conflictividad social y ambiental existente en diversas regiones del país. En la actualidad, existen 28 conflictos sociales y ambientales alrededor de la minería (OCMAL, 2020), lo que refleja la ausencia de licencia social en numerosos casos. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el análisis de Wagner y Walter (2020) que analizó 38 conflictos mineros en su mayoría metalíferos en la Argentina hasta 2018, se destaca un elemento central: los casos de resistencia a la megaminería se consideran exitosos porque en más de la mitad de ellos se ha cancelado o suspendido temporalmente el proyecto; en algunos, se debe a factores externos, como el precio de los minerales o motivos corporativos.

Estos aspectos son de suma importancia al recordar la movilización social de Mendoza (diciembre de 2019) luego de que el gobierno de Cambiemos, con apoyo del Frente de Todos, modificó la Ley 7722 para permitir el uso de cianuro y ácido sulfúrico, abriendo la puerta a la minería a cielo abierto. Sin embargo, tras la oposición social y la presión popular en las calles de toda la provincia, la Legislatura provincial debió dar marcha atrás: derogó esa reforma y quedó sin efecto la modificación de las restricciones.

De esa manera, se mostró el poder de una sociedad movilizada y organizada para defender un bien común que es percibido como escaso y estratégico, y que posee valor actual e histórico. Al mismo tiempo, se dio continuidad a una movilización gestada hace quince años contra actividades altamente contaminantes como la megaminería. Se demostró, así, la fuerza aglutinadora de las causas ambientales (Wagner, 2020).

Hoy se vive una situación de conflictividad similar en la provincia del Chubut, en la que la ciudadanía se moviliza incansablemente en las calles para defender la limitación para la instalación de minería a gran escala. Como respuesta estatal recibe no solo la falta de escucha, sino el envío de las fuerzas de seguridad.4

Las organizaciones sociales, ambientales y grupos locales están discutiendo el modelo de desarrollo y de democracia, y buscan participar de un debate más amplio sobre la posibilidad de definir las formas de existencia local para cada uno de los territorios.

Haciendo oídos sordos a estos reclamos de larga data, las propuestas gubernamentales vuelven con eslóganes y promesas de minería inclusiva: se refieren a la inclusión de las comunidades locales respetando su identidad cultural, con comunicación, acceso a la información pública, transparencia y participación ciudadana.

En ese sentido, el documento de la Mesa Facilitadora señala la necesidad de informar a la población sobre la supuesta relevancia de la minería para el desarrollo nacional y provincial. Dada la omisión de información relativa a impactos sociales y ambientales, pareciera que la Mesa Facilitadora no considera relevante informar a la población sobre los impactos de la minería. A su vez, la pretensión de tener que informar sobre los beneficios conlleva una visión paternalista, que niega los conocimientos de las poblaciones locales sobre su propio territorio, así como también niega su carácter de actores políticos con capacidad de definir su modelo de desarrollo local (Marchegiani y Di Paola, 2017).

Los argumentos y discursos para el desarrollo minero se repiten una vez más, y la oportunidad de un debate integral de la actividad (que incorpore un enfoque social, ambiental, normativo, de derechos humanos y productivo), a través de un diálogo con pluralidad de voces y preocupaciones, es convertida en un nuevo intento por imponer el desarrollo minero.

A modo de cierre 

La presentación de los documentos iniciales de un proceso que busca un plan de desarrollo de la minería para los próximos 30 años ha nacido viciada. 

Propone debatir un plan de desarrollo de una actividad altamente cuestionada, ignorando sus aspectos más conflictivos, la historia de problemas ambientales y conflictos, el reiterado incumplimiento normativo (en particular, la Ley Nacional de Glaciares y la participación ciudadana), así como las voces y enfoques que lograrían que un plan de este tipo tenga cierto consenso social de cara a la primera mitad del siglo XXI. 

Las cuestiones ambientales, tanto a nivel global como nacional y local, han llegado para quedarse, y de su sustantiva integración dependerán de aquí en adelante las políticas públicas efectivas y de largo plazo. Resulta necesario vivir dentro de los límites planetarios y respetar los ciclos naturales de los ecosistemas, por lo que la actividad minera, al igual que muchas otras, deberá integrar sustantivamente estos aspectos, identificando zonas en las que no podrá operar, modificando los procesos extractivos, mejorando sus controles y, sobre todo, sin imponerse a la fuerza.

Son cada vez más los actores sociales que demandan una agenda ambiental más sustantiva y compromisos políticos en estos temas. De la capacidad de escucha y del compromiso de funcionarios dependerán cada vez más sus apoyos electorales.

Al contrario de lo que sucede en la práctica, desde su representación estatal, el sector minero delinea documentos que se constituyen en decálogos de buenas intenciones, llenos de eslóganes y promesas que no aportan a construir confianza en la sociedad.

Las propuestas estatales no buscan un debate profundo y pendiente en nuestro país sobre la actividad minera; mucho menos si se pretende establecer un plan a largo plazo.

Es más de lo mismo.

1La Corte Suprema de Justicia de la Nación debió intervenir en procesos legales en los que la Justicia provincial había suspendido la implementación de la ley por pedidos de inconstitucionalidad —en las provincias de San Juan (2012) y de Jujuy (2014)— y nuevamente en 2019 para confirmar su vigencia. En 2018, luego de ocho años de demoras, se elaboró el primer Inventario Nacional de Glaciares, el cual incumple la propia ley, dado que excluye a los glaciares menores de una hectárea y a todas las geoformas periglaciares que no sean glaciares de escombros, por lo que estos quedan desprotegidos. Además, todavía hace falta realizar auditorías independientes y transparentes respecto a los proyectos en ejecución para determinar la afectación a glaciares, y ordenar el consecuente cese o traslado de estos. Del mismo modo, resta avanzar en el cumplimiento de la prohibición de actividades sobre glaciares y ambiente periglacial, aspectos que dependen en gran medida de las autoridades provinciales.

2“No obstante, mientras la norma con relación al ambiente glaciar hace referencia explícita a las geoformas existentes en dicho ambiente, las cuales deben ser protegidas, cuando hace referencia al ambiente periglacial se aparta de ese criterio sin que sea posible delimitar con precisión dicho ambiente, el cual incluye grandes extensiones de superficie cordillerana en las que no se detecta geoforma alguna”. (Secretaría de Minería, 2020a: 24).

3Ruiz, I. (2012). “Famatina: ‘listas negras’ y contradicciones en el conflicto minero”, La Nación, 24 de enero de 2012. https://www.lanacion.com.ar/politica/famatina-contradicciones-y-espionaje-en-el-conflicto-minero-nid1442553/

4Para más detalles sobre la situación de Chubut, ver Agüero, et al. (2019); Callupil, et al. (2020), y el artículo de Pablo Lada en la edición actual.

Bibliografía:

Agüero, C. y Macayo, G. (2019). Chubut: cuna de la resistencia contra la megaminería. Informe Ambiental FARN 2019. Buenos Aires, FARN. 

Beyrne, Guillermo (2015). Análisis de encadenamientos productivos y multiplicadores a partir de la construcción de la Matriz de Insumo-Producto Argentina 2004. Documento de Trabajo N.º 13. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Ministerio de Economía. Diciembre 2015. Disponible en: http://www.economia.gob.ar/peconomica/basehome/DT_No_13.pdf

Callupil, Ángel; Claps, Luis (2020). La meseta de Chubut no es zona de sacrificio. En Nápoli, A. y Marchegiani, P. (comps.) (2020). Informe Ambiental FARN: Lo ambiental tiene que ser política de Estado. Buenos Aires, FARN.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2012). Minería: La necesidad de revisar el modelo extractivo. Disponible en: http://www.farn.org.ar/newsite/archives/14158

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2020). “Persecución a manifestantes en Chubut: defender el ambiente no es delito”, comunicado, 13 de noviembre de 2020. Disponible en: https://farn.org.ar/persecucion-a-manifestantes-en-chubut-defender-el-ambiente-no-es-delito/

Machado Aráoz, Horacio; Svampa, Maristella; Viale, Enrique; Giraud, Marcelo; Wagner, Lucrecia; Antonelli, Mirta; Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2011). 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina: guía para desmontar el imaginario prominero, Colectivo Voces en Alerta, Colección Cascotazos, Editorial El Colectivo, Buenos Aires, Argentina.

Marchegiani, P. y Di Paola, M. (2017). La minería en la tierra de plata ¿política minera o mineras que (trans)forman la política? Buenos Aires, FARN.

Marchegiani, P.; Höglund Hellgren, J., y Gómez, L. (2019). Extracción de litio en Argentina: un estudio de caso sobre los impactos sociales y ambientales. Buenos Aires, FARN.

Nacif, F. (2020). Litio en Argentina: dos décadas de explotación. En: Nápoli, A. y Marchegiani, P. (comps.) (2020). Informe Ambiental FARN: Lo ambiental tiene que ser política de Estado. Buenos Aires, FARN.

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Mapa de conflictos mineros. Disponible en: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/ (Visitado el 17/12/2020).

Reed, Darryl (2002). Resource Extraction Industries in Developing Countries, Journal of Business Ethics, Vol. 39, N.º 3 (Sep. 2002), pp. 199-226.

Saguier, M. y Peinado, G. (2014). Minería transnacional y desarrollo en el kirchnerismo. FLACSO-ISA Joint International Conference, Global and Regional Powers in a Changing World; Buenos Aires, 23-25 de julio.

Secretaría de Minería de la Nación (2020a). Hacia la construcción de una visión compartida sobre la minería en Argentina. Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Secretaría de Minería de la Nación (2020b). Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino. Disponible en: https://farn.org.ar/persecucion-a-manifestantes-en-chubut-defender-el-ambiente-no-es-delito/Memoria Viva – Mesa Facilitadora. Ministerio de Desarrollo Productivo.

Wagner, Lucrecia (2020). Mendoza es hija del agua: ¿la megaminería como única alternativa? En: Nápoli, A. y Marchegiani, P. (comps.) (2020). Informe Ambiental FARN: Lo ambiental tiene que ser política de Estado. Buenos Aires, FARN.

Wagner, L. y Walter, M (2020). Cartografía de la conflictividad minera en Argentina (2003-2018). Un análisis desde el Atlas de Justicia Ambiental. En: Merlinsky, G. (comp.) (2020). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3. Buenos Aires, Ediciones CICCUS.

Si querés conocer el caso de la Asamblea el Retamo, que se organizó para proponer alternativas productivas que brindan trabajo y oportunidades y están en armonía con la naturaleza, leé “Alternativas a la megaminería en La Rioja: el Proyecto Cáñamo en Nonogasta”, de Carlos Camps

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