Introducción
Según establece la legislación nacional, hace más de seis años que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Córdoba tendría que haber sido actualizado. La falta de tal actualización evidencia el rumbo que ha conservado la agenda política del gobierno de la provincia en las últimas décadas en cuanto a la dimensión ambiental y su relación con el modelo productivo imperante. Una clave del análisis de ese rumbo es la negativa gubernamental sistemática a dialogar abiertamente y construir en forma inclusiva con la ciudadanía. La planificación con procesos de decisión participativos y transparentes, la gestión integral concreta en territorio, el interés de involucrar lo ambiental en las políticas de producción, al unísono con sumar miradas sociales en las de conservación, son algunos de los puntos ineludibles para pensar transiciones y oportunidades respecto a nuevas políticas públicas que promuevan transformaciones concretas y palpables en nuestra crisis ambiental cotidiana.
El caso OTBN Córdoba
A la fecha, son dos los períodos de cinco años sin actualización del mapa de zonificación del OTBN provincial —entre otros aspectos— debido, fundamentalmente, a la negativa del Poder Ejecutivo provincial de cumplir con el obligatorio proceso participativo de discusión, construcción y decisión con la ciudadanía, y su consecuente aprobación por ley. A pesar de que la deforestación por cambio de uso del suelo se ha ralentizado con respecto a otros períodos, esta no solo no se ha detenido, sino que la degradación y pérdida de ecosistemas se ha profundizado a través de una problemática de larga data en Córdoba —y en el país—, que es igual de destructiva: los incendios forestales. Con la ampliación de la ventana temporal de riesgo de incendios por condiciones propias del cambio climático, y sobre todo debido a la falta de políticas territoriales de prevención y protección de los ecosistemas, un segmento de actores del extractivismo inmobiliario y productivo encontró el nicho propicio para la práctica más irresponsable y criminal: el uso del fuego como la nueva topadora del siglo XXI. El aumento en la ocurrencia y repetición local de incendios por causa humana ha provocado una acumulación inédita de impactos en diferentes ámbitos y escalas, y está acompañado de un irresponsable desinterés gubernamental para con el manejo de las prácticas productivas, en virtud de los escenarios actuales de crisis ambiental (Diaz Romero, 2021).
El incumplimiento desde 2015 de la actualización del OTBN provincial es una situación que también se repite en la gran mayoría de las provincias, con el agravante en el caso de Córdoba (al igual que Corrientes) de haber sido inicialmente “acreditado de manera excepcional por la Autoridad Nacional Ambiental por motivos técnicos y legales pendientes de resolución” (MAyDS, 2020). Para la comunidad cordobesa, la actualización era la oportunidad de obtener un mapa de zonificación que se readecuara tanto en sus criterios de generación como en su formato de producto final cartográfico, para convertirse así en la herramienta útil y transparente que se necesita para la toma de decisiones de uso, conservación y restauración de los ecosistemas de bosque nativo. En 2016, el bloque justicialista de Unión por Córdoba (hoy Hacemos por Córdoba), junto a legisladores de la UCR, decidió impulsar una nueva ley de bosques que pretendía reemplazar la Ley 9814 vigente, imponiéndola legislativamente sin que la Secretaría de Ambiente interviniera en la coordinación del proceso. Además de los innumerables aspectos conflictivos a nivel técnico y político que planteaba su texto, no presentaba mapa de zonificación —aspecto principal de la actualización— y no cumplía proceso participativo alguno. La intención política era explícita en sus diferentes artículos: disminuir aún más el estándar de protección del bosque, en contraposición absoluta a los principios del derecho ambiental de progresividad y no regresión (Schneider et al., 2018).
Luego de las masivas movilizaciones populares entre 2016 y 2017 que detuvieron ese proyecto de ley y su intencionalidad en la Legislatura unicameral, el proceso de actualización nunca continuó. Desde esa época, no se convocó a ninguna discusión sobre la actualización del OTBN, aunque es sabido que las áreas técnicas de la Secretaría de Ambiente han continuado trabajando hasta el presente en desconocidas propuestas de zonificación, bajo directivas de las diferentes gestiones políticas.
A este escenario debemos sumar la deuda de realización que existe del Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT), que desde 2014 demanda la Ley 10.208 de Política Ambiental. Solo se conocen un convenio inicial firmado entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN-UNC) y el entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y diferentes sitios webs únicamente con bibliografía o cartografía de base, sin otras actualizaciones más que un manual de ordenamiento para municipios —deliberada tendencia de correr las responsabilidades— de la actual Secretaría de Ambiente (FCEFyN, 2021; Secretaría de Ambiente, 2021). Curiosamente, esa secretaría presidió durante 2020 la Comisión de OAT del COFEMA.
Bosques, fuego y Áreas Protegidas
El año 2020 fue tristemente célebre por el récord histórico de superficie incendiada en Córdoba: más de 300.000 hectáreas, mayormente en ecosistemas de Chaco Serrano, a las que se sumaron en 2021 otras 66.000. hectáreas. Tan solo en 2020, y considerando únicamente Áreas Protegidas (AP) provinciales, se incendiaron más de 55.000 hectáreas de ellas (Gobierno de Córdoba, 2021; Mari et al., 2021). Estas cifras deben analizarse en relación con una situación de gestión ya conocida. De las 30 AP provinciales legisladas sobre más de 4 millones de hectáreas (25% de la provincia), bajo responsabilidad de administración estatal, todas se encuentran sin implementar en su mínimo nivel, considerando los aspectos más básicos de funcionamiento (Plataforma MAP, 2021; Schneider, 2020). Esto constituye un indicador directo de la falta de política ambiental integral, dado que no se toma seriamente a las AP como herramientas de abordaje de problemáticas y conflictos, tales como los incendios forestales o el manejo ecosistémico. Creo, sin lugar a dudas, que incentivar este proceso sería estratégico, ya que una AP con guardaparques, equipamiento, infraestructura, planificación, financiamiento y apoyo político promovería en gran medida la gestión ambiental y productiva territorial que necesitamos.
La política negada
En este contexto de conveniente ausencia estatal y territorio arrasado, durante una reunión mantenida entre la Mesa de Enlace Nacional de entidades del agronegocio y el gobernador Schiaretti en septiembre de 2021, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez, se lamentaba por la Ley de Bosques expresando que “la imposibilidad de intervenir los bosques es uno de los factores que desencadena incendios”. Ante este comentario, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, afirmó: “Pueden haber ocurrido presiones ideológicas, pero sin respaldo científico, que pesaron al momento de armar el mapa actualmente vigente, que deja en rojo a zonas donde se podrían practicar intervenciones sin afectar el ambiente” (La Tinta, 2021). Días después, en un acto público, el gobernador declaró: “Nuestro norte viene progresando por la voluntad de su gente y porque se extendió la frontera agropecuaria” (La Nueva Mañana, 2021). Y agregó: “Antes, cuando uno sobrevolaba el norte, veía el monte. Hoy se ve en la parte más llana, llena de cultivos, lleno de animales, de los que crían ganado. Se ven establecimientos agropecuarios porque también en el norte la producción agroalimentaria es fundamental. Es motor de progreso” (Pozzi, 2021).
Estas declaraciones tan irresponsablemente explícitas de por parte de los principales actores empresariales y gubernamentales defensores de la industrialización ecocida, constituyen el ejemplo más claro del negacionismo ambiental y político que hemos padecido por décadas en Córdoba. El discurso es claro: el monte nativo como estorbo del progreso y causal de los problemas ambientales que al mismo propio monte le provocamos; el avance de la frontera del agronegocio desmontando y homogeneizando el paisaje como única alternativa de ese progreso; la estigmatización de la diversidad de miradas y su multiplicidad de expresiones como “presiones ideológicas sin respaldo científico” que tiene como consecuencia una aplastante y llana simplificación de perspectivas de conocimientos y alternativas de lo que debería significar la construcción de política pública.
La ausencia total en propuestas de discusión de cualquier eje o tema de política ambiental de parte del Gobierno de Córdoba es ese silencio que aturde. No puede abrirse una verdadera transición a otros modos de producción más saludables en lo social y natural si la política actual gubernamental que se evidencia —ya no solo en agendas veladas y secretas, sino en discursos y hechos asumidos— valida y perpetra el sistema agroindustrial que nos trajo a las crisis actuales de biodiversidad, climática y de salud integral —si de pandemias hablamos—.
