Valeria Arza

Doctora en Estudios de Política Científica y Tecnológica. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEYN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Leticia Castro

Licenciada en Sociología, máster en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEYN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Guillermina Actis

Licenciada en Ciencia Política, Mg. en Políticas Públicas. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEYN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto de Tecnología de Buenos Aires (ITBA).

5.5 Ciencia ciudadana social y justicia ambiental: aprendizajes del proyecto CoAct

RESUMEN EJECUTIVO

En este texto reflexionamos sobre el vínculo entre la ciencia ciudadana social (CSS) y la justicia ambiental a partir de lo aprendido en tres años de CoAct Justicia Ambiental, un proyecto de CCS mediante el cual se relanzó la plataforma digital ¿Qué pasa, Riachuelo? (QPR). Se trata de una herramienta que sirve para compartir experiencias sobre calidad de agua, conservación de áreas naturales y procesos de relocalización y reurbanización y que fue codiseñada con personas y organizaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo que buscan transformar su situación socioambiental. Comentamos algunos resultados incipientes que señalan el potencial del enfoque de CCS para la justicia ambiental. En particular, con relación a los procesos de aprendizaje y toma de conciencia ambiental que se generaron durante el codiseño de la herramienta y gracias a su uso en la educación ambiental y como insumo para la política pública de saneamiento.

 

Introducción  

El concepto de ciencia ciudadana (CC) aparece en los años noventa con dos acepciones. Es acuñado por Irwin (1995) y hace referencia a la necesidad de democratizar la producción de conocimiento científico y acercar la ciencia a la sociedad, habilitando diferentes formas de participación pública, pero pensando en la ciudadanía más como parte interesada en el devenir de la ciencia que como productora activa de conocimiento. De forma paralela, Bonney (1996) asocia la CC con la participación de voluntarios en la recolección de datos a partir de la observación del mundo natural.

Desde entonces, el uso del concepto ha ido creciendo hasta conformarse en un paraguas que engloba formas muy diferentes de participación del público en la generación de conocimiento científico, que van desde la mera observación hasta la investigación-acción (Haklay et al., 2021; Eitzel et al., 2017). Hoy en día podríamos decir que es un enfoque que implica la participación de la comunidad en proyectos de investigación científica.

La ciencia ciudadana social (CCS) toma de la CC la tradición de coproducción y participación para la creación de conocimiento científico. En estos proyectos, las personas que participan están políticamente interesadas en cambiar una realidad que les afecta. El aspecto social implica que estos proyectos se encuentren en interacción con iniciativas y redes comunitarias preexistentes. De esta manera, los actores sociales contribuyen a la construcción colectiva de conocimiento para generar soluciones, a partir de su experiencia personal y situada en torno a los problemas que enfrentan, ya que saben qué cosas han funcionado y cuáles no. Así, este enfoque permite aportar evidencia generada con métodos científicos para visibilizar o movilizar a más actores frente a las preocupaciones sociales en torno a las problemáticas socioambientales.

Un relevamiento reciente realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) de la Argentina relevó un total de 30 iniciativas de CC en el país que trabajan en temáticas ambientales. El relevamiento incluye proyectos muy diversos, que cubren una variedad de disciplinas y promueven acciones tan distintas como el mejoramiento de semillas (por ejemplo, Bioleft; ver PNUD & MINCYT, 2021) o el monitoreo ambiental mediante sensores (por ejemplo, Grupo CoSensores) (PNUD-MINCYT, 2021). 

Entre los proyectos relevados está CoAct Justicia Ambiental, la iniciativa de CCS de la que participamos conjuntamente el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) y FARN. Uno de sus resultados clave fue el relanzamiento de la plataforma digital ¿Qué pasa, Riachuelo? (QPR), que sirve para compartir experiencias sobre la cuenca, generar información y sistematizar la existente, y ser un canal de comunicación de acciones de transformación activas en la cuenca Matanza-Riachuelo. En este texto reflexionamos sobre el vínculo entre CCS y justicia ambiental a partir de lo aprendido en tres años del proyecto CoAct.

 

Injusticia ambiental en la cuenca Matanza Riachuelo 

El Matanza-Riachuelo es un río de 64 km de largo en cuya cuenca viven 5 millones de personas (12% de la población argentina) que están afectadas por una variedad de problemas socioambientales relacionados con los altos niveles de contaminación y la precariedad en materia de infraestructura. Casi un 18% de los habitantes de la cuenca no cuentan con agua potable de red (ACUMAR, 2022a) y un 45% no tienen conexión a la red cloacal (ACUMAR, 2022b). A esto se suma un acceso deficiente al sistema de salud que exacerba el impacto social de la contaminación. La exposición al riesgo ambiental es aun mayor para las 800.000 personas que viven en zonas de muy alta vulnerabilidad (ACUMAR, 2018:31) en barrios populares. 

Además, como el territorio de la cuenca abarca el sur de la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios de la provincia, su gestión implica la articulación entre los niveles de gobierno nacional, subnacional y local. La alta complejidad política para gestionar un área normalmente gobernada por distintos partidos políticos ha dificultado avanzar con soluciones integrales. 

Como señala Merlinsky (2013:31), la cuenca constituye un ejemplo de injusticia ambiental dado que las poblaciones más relegadas socialmente y con menos poder político y económico son las que más sufren los problemas socioambientales. La justicia ambiental se basa en el trato justo y en la participación e involucramiento de las personas afectadas por problemas ambientales en el desarrollo e implementación de leyes, regulaciones y políticas (EPA, 2022). A pesar de la movilización de la comunidad y del mandato legal y judicial que exige su participación en la formulación de políticas de saneamiento, la toma de decisiones en la cuenca sigue siendo muy verticalista. Los principios de la justicia ambiental apuntan a la democratización de los procesos de toma de decisión, regulación e intervención estatal en materia ambiental. Para esto resulta fundamental el acceso a la información ambiental de manera de asegurar que ningún grupo social tenga que afrontar en mayor proporción las consecuencias ambientales de la actividad económica o de la acción u omisión de las políticas públicas, y que al mismo tiempo exista un acceso justo y equitativo a los recursos ambientales (Acselrad, 2006:245). 

 

El aporte de la ciencia ciudadana social a la justicia ambiental: la plataforma ¿Qué pasa, Riachuelo? 

En este contexto de injusticia ambiental, el proyecto CoAct se propuso utilizar un      enfoque de CCS para avanzar en acciones transformadoras. Desde 2020 venimos trabajando en el codiseño de una herramienta de CCS junto con más de setenta actores de la comunidad quienes, en el rol de coinvestigadores, le dieron forma a la plataforma digital ¿Qué pasa, Riachuelo?1. A partir de QPR se pueden compartir experiencias sobre tres temas centrales para la justicia ambiental en la cuenca: la calidad del agua, la conservación de áreas naturales y la relocalización de familias y reurbanización de áreas particularmente afectadas por la contaminación.

En lo que refiere a la calidad del agua se pueden generar datos observacionales (turbidez, olor, color, presencia de vegetación, residuos, etc.) sobre la calidad del agua superficial de la cuenca Matanza-Riachuelo, como ríos, canales, arroyos y sumideros del sistema de drenaje, así como de su situación hidrometeorológica (niveles de agua, lluvias, vientos, etc.). En cuanto a las áreas naturales, se generan datos sobre el patrimonio cultural y natural de las áreas, las amenazas que enfrentan, los usos y memorias de uso de estos espacios y los procesos formales de protección. Y respecto a las relocalizaciones y reurbanización, se recoge información sobre las múltiples dimensiones en las que la política de relocalización o reurbanización impacta a las comunidades y también sobre el acceso a la información y la participación de la población a través de las mesas de trabajo barriales. 

Esta información y los procesos para generarla pueden contribuir con la justicia ambiental. Por un lado, las actividades asociadas a la generación de datos, como observar, percibir y registrar situaciones en el medioambiente y visualizar la información compartida por otros, promueven una apropiación comunitaria del conocimiento. Asimismo, el entrenamiento para el uso de la plataforma, como leer las guías para compartir experiencias, abre oportunidades para aprender o profundizar en conceptos ambientales favoreciendo el desarrollo de la conciencia ambiental. Así, durante la etapa de codiseño, identificamos cambios actitudinales en relación con el entorno: algunos coinvestigadores comentaron que miraban el río con mayor frecuencia que antes desde su participación en el proyecto, mientras que otros comenzaron a visitar áreas naturales cercanas. 

Por otro lado, al trabajar en proximidad con la comunidad es posible identificar oportunidades de investigación científica con impacto social. Desde los primeros meses del proyecto, gracias al aporte de las bibliotecas populares, la educación ambiental comenzó a perfilarse como un campo relevante para hacer investigación con un enfoque de CCS. Durante los talleres de codiseño de la plataforma participaron muchos docentes que  destacaron el potencial que tendría diseñar secuencias pedagógicas usando QPR, sobre todo en el contexto de la nueva Ley de Educación Ambiental promulgada en 2021 (Ley 27.621). Esta ley obliga a integrar los temas ambientales en la educación formal como un proceso permanente, transversal a las diferentes materias escolares y que promueve explícitamente la participación ciudadana como estrategia de formación. 

Hay muchas sinergias entre la educación ambiental y la CC en el campo de la justicia ambiental. Ambos enfoques mejoran las habilidades, promueven actitudes y desarrollan capacidades que contribuyen a la conciencia ambiental. Junto con investigadores de la Escuela de Hábitat y Sustentabilidad y de la Escuela de Humanidades de la UNSAM que trabajan en educación ambiental, organizamos reuniones periódicas para identificar el potencial de la plataforma QPR para el aprendizaje basado en problemas para abordar temas medioambientales. Este trabajo sirvió de base para organizar, junto con coinvestigadores, un taller en un instituto superior de formación docente ubicado en la cuenca, cuyo objetivo fue codiseñar secuencias pedagógicas para los niveles de educación primaria y secundaria utilizando la plataforma y datos de QPR sobre calidad de agua y áreas naturales. Como resultado de estas actividades, elaboramos una guía para usar QPR en las aulas con un enfoque de aprendizaje basado en problemas para la educación ambiental (Arza et al., 2022).

Por último, también identificamos elementos clave que la plataforma y nuestro proyecto puede tener para la política pública. En primer lugar, durante 2022 realizamos una serie de actividades con actores de política pública de la cuenca para entender sus visiones respecto de vincularse con proyectos de ciencia ciudadana social para la formulación de políticas. Encontramos una visión optimista, sobre todo en lo que respecta a las oportunidades para generar mecanismos de participación de las comunidades También identificamos algunos usos concretos que podría darse a los datos de QPR. Por ejemplo, la Resolución 283 de ACUMAR (2020) establece que para que las personas puedan disfrutar del agua de forma segura, incluso para actividades recreativas pasivas, no deberían detectarse (con la vista o el olfato) contaminantes en las aguas superficiales. No existen fuentes de datos oficiales sobre estos parámetros observacionales. Así, los datos provenientes de QPR podrían contribuir con el monitoreo de la política y apoyar la toma de decisiones. 

Algo similar sucede con el tema de áreas naturales. El déficit de espacios verdes en la cuenca actúa en detrimento del saneamiento. Desde ciertas áreas de la política pública y desde la sociedad civil se viene trabajando en la idea de proponer biocorredores o sistemas que conecten los espacios naturales a nivel de cuenca. Los datos de QPR en este tema mejoran la comprensión de los usos que los vecinos les dan a estas áreas y al compartirlos en un mismo mapa ayudan a que las áreas y sus defensores se conecten, contribuyendo con la visión de un “sistema biocultural”. Con el aporte de investigadores y de conceptos del área de ordenamiento ambiental del territorio estos datos pueden servir para la definición de categorías de protección de áreas que sean más adecuadas para las interacciones entre las comunidades y sus entornos que las categorías vigentes.

  

Conclusiones 

La CCS es un enfoque potencialmente beneficioso para la justicia ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo debido a su capacidad para reconocer la complejidad de los problemas y porque crea oportunidades para la participación ciudadana en la toma de decisiones, que es un mandato legal y judicial. Durante el transcurso del proyecto iniciado en 2020 pudimos identificar algunos de los mecanismos por los cuales la CCS puede ser una herramienta de transformación social (Sauermann et al., 2020) hacia la justicia ambiental.

La CCS ayuda a construir puentes entre la ciencia y la sociedad: las personas afectadas pueden llamar la atención de la investigación científica sobre ciertos temas poco conocidos o describirlos de una manera más precisa. Así, se puede orientar la investigación hacia las necesidades de las propias comunidades para generar evidencia científica que contribuya con la búsqueda de soluciones. Si bien se trata de un proyecto aún joven, ya pudimos identificar líneas concretas de investigación en el área de la educación ambiental y de ordenamiento ambiental del territorio. 

La CCS puede mejorar la eficiencia en el uso de recursos para la investigación: muchas herramientas de CCS, como QPR, permiten descentralizar la recolección y el análisis de información útil para la producción de conocimiento científico. Todavía no hemos recogido una cantidad de datos suficiente pero ya despertó interés en la comunidad científica la posibilidad de contar con datos observacionales sobre la calidad del agua en lugares donde no existe monitoreo, así como la posibilidad de producir información sobre usos y amenazas de áreas naturales a nivel de la cuenca. 

La CCS puede ser una herramienta para la transformación: la participación facilita el aprendizaje y el cambio de comportamiento y eso mismo moviliza a las comunidades a buscar cambios sociopolíticos. Esto puede ser especialmente útil en una situación donde hay conflictos de intereses y donde la participación es un mandato legal, como suele ocurrir con las políticas ambientales. El cambio actitudinal es algo que notamos durante la etapa de codiseño; también el interés en usar la información como insumo de política pública y como herramienta para la movilización social y el armado de redes que eventualmente ayude a generar acciones de transformación, por ejemplo al conectar distintas iniciativas de las áreas naturales de la cuenca. Las iniciativas de CCS permiten también generar espacios de diálogo entre actores comunitarios y tomadores de decisiones, al facilitar los intercambios basados en evidencia científica y legitimando los conocimientos situados que muchas veces los gobiernos (especialmente los locales) tienen dificultades para generar. Durante el proyecto encontramos optimismo por parte de la política pública en este sentido, y alguna evidencia, todavía incipiente, de uso de datos de CC de otros proyectos. 

En suma, si bien se trata de un proyecto aún en sus etapas iniciales que tiene todavía mucho trabajo por delante para lograr un uso autónomo de la herramienta QPR, podemos visualizar algunos elementos promisorios para promover y contribuir con las acciones de organizaciones comunitarias que trabajan por la justicia ambiental en la cuenca, tanto en lo que respecta a la democratización de las decisiones de política como en su capacidad para generar dinámicas de aprendizaje, concientización ambiental y movilización social.

1 Para acceder a la página visitar https://mapaqpr.farn.org.ar/.

Bibliografía:

Acselrad, H. (2006). Las políticas ambientales ante las coacciones de la globalización. En H. Alimonda, Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. CLACSO.

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Arza, V.; Alonso, N.; Fabiano, J.; Mignaqui, V.; Pedrol, H.; Dunand, E. & de Palma, M. (2022). Guía para utilizar la plataforma “QPR, ¿Qué pasa, Riachuelo”? en las aulas como herramienta digital para la educación ambiental. Disponible en: https://doi.org/10.5281/zenodo.7473253

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Haklay, M.; Motion, A.; Balázs, B.; Kieslinger, B.; Greshake Tzovaras, B.; Nold, C.; Dörler, D.; Fraisl, D.; Riemenschneider, D.; Heigl, F.; Brounéus, F.; Hager, G.; Heuer, K.; Wagenknecht, K.; Vohland, K.; Shanley, L.; Deveaux, L.; Ceccaroni, L.; Weißpflug, M., … Wehn, U. (2020). ECSA’s Characteristics of Citizen Science. Disponible en: https://doi.org/10.5281/zenodo.3758668

Irwin, A. (1995). Citizen science: A study of people, expertise, and sustainable development. Routledge.

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Sauermann, H.; Vohland, K.; Antoniou, V.; Balázs, B.; Göbel, C.; Karatzas, K.; Mooney, P.; Perelló, J.; Ponti, M.; Samson, R. & Winter, S. (2020). Citizen science and sustainability transitions. Research Policy, 49(5), 103978. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103978

Enterate cómo se dan las disputas de sentido para pensar la tierra en las grandes urbes en el artículo de Granero Realini del Capítulo 4.

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