En el mes de julio de 2014 se firmó un plan de acción conjunta entre nuestro país y la República Popular de China. En el mismo se establecía estimular la cooperación entre empresas de ambos países y realizar inversiones en el área del petróleo, gas natural, minería, electricidad, sector agropecuario, silvicultura, industrias e infraestructura y altas tecnologías. Objetivos propuestos a la luz del principio de complementación con ventajas respectivas, beneficios mutuos y ganancia compartida (Artículo 9, inc. 7).

Para China, estos acuerdos se enmarcan en la actual política de expansión que tiene por objetivo colocar su producción en los mercados internacionales y asegurarse el acceso a recursos naturales y materias primas.

A la fecha se desconocen los actores de origen chino que ingresaron o ingresarán al país jugando un rol importante en la economía doméstica. Ello implica, por ejemplo, desconocer los posibles impactos ambientales y sociales, a la luz de las controversias generadas por el proyecto de las represas en el río Santa Cruz. ¿Quiénes son las empresas que han licitado en la obra pública, tanto nacional como provincial? ¿Cómo han sido valorados sus proyectos a nivel internacional?

De acuerdo a la problemática detallada, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realizó pedidos de información pública a distintos organismos de gobierno para analizar las implicancias ambientales y sociales respecto de los proyectos con la República Popular China en sus distintos grados de ejecución en la obra pública nacional y provincial. Entre ellos, envió requerimientos de información al: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, al Ministerio de Energía y Minería y al Ministerio de Agroindustria.