El pasado 16 de abril, la Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción a la reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. El proyecto incluye varias modificaciones al régimen vigente, entre las que se destaca la modificación del artículo 44 bis que permitiría en el futuro el aporte de personas jurídicas a las campañas de los partidos políticos electorales.

El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos otorguen beneficios a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general.

Por eso FARN, junto con otras ONGs, como Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), advertimos en el comunicado adjunto sobre los riesgos de que las empresas realicen aportes a las campañas, opción que podría habilitarse si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de reforma de la Ley.