El 5 de mayo se conoció el llamado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a dos instancias de consulta pública temprana abiertas hasta el 18 de mayo de 2022.

Se trata de un mecanismo mediante el cual el Ministerio convocó a la ciudadanía a expresar su opinión a través de la selección de una serie de opciones predeterminadas en una plataforma digital, respecto a la calidad de la información y medidas propuestas por Equinor e YPF para obtener la autorización para la perforación de un pozo exploratorio de hidrocarburos y el desarrollo de una campaña de exploración sísmica en el Mar Argentino (áreas CAN 100 y 102, que fueran licitadas en 2019). 

Se informa en el sitio web, además, la posibilidad de enviar comentarios a través de un foro y un correo de contacto, y de participar a través de puestos digitales instalados en distintas zonas del país cuyo funcionamiento todavía no es conocido por la población.

La publicación en la web del Ministerio cita como fundamento del proceso al Acuerdo de Escazú. Para participar se ponen a disposición una serie de documentos muy extensos y complejos sobre los que se invita a opinar en un período de dos semanas. 

Cabe destacar que el proyecto de explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino no se limita a estas dos, sino a las 18 que se licitaron y adjudicaron entre 2018 y 2019. El objetivo es instalar la actividad en una gran extensión del mar, en el límite de la plataforma continental, en aguas ultraprofundas. 

¿Es realmente temprana la consulta?

Frente a los preceptos establecidos en el Acuerdo de Escazú para el ejercicio del derecho a participar (que, cabe mencionar, ya estaba reconocido legalmente en nuestro país), surge como un primer aspecto central la necesidad de haber realizado consultas e instancias de participación anteriores a la licitación misma. Previo a otorgar derechos a las empresas, las autoridades debieron someter a procesos participativos el proyecto de explorar y explotar el mar, realizar una evaluación junto a la ciudadanía de esta política pública tan contraria a las necesidades que impone la crisis climática global.  

Si bien la alusión a la implementación del Acuerdo de Escazú aparece como una buena noticia, al analizar estas condiciones se observa que los mecanismos implementados no se adecuan  por completo a los mandatos del Acuerdo, en particular, no se dan en la primer etapa posible, sino cuando ya se otorgaron permisos a las empresas.

Recordamos que en julio de 2021 se llevó adelante una audiencia pública en el trámite del permiso de la empresa Equinor, en la que participaron más de 400 personas que en su mayoría se pronunciaron en contra del proyecto. Uno de los reclamos fue la falta de cumplimiento de estándares de participación, la falta de instancias tempranas y del público particularmente afectado. Si bien la decisión de autorizar la actividad pese al rechazo ciudadano fue llevada a la justicia y aún resta el dictado de una sentencia definitiva, resulta evidente que todavía queda mucho camino por recorrer para una implementación plena de Escazú en cuestiones hidrocarburíferas.

Esta deficiente instancia de participación temprana en apariencia abierta y transparente, pareciera perseguir como fin único la consecución de la licencia social, y constituir, en los hechos, un esfuerzo mayor por avalar la actividad petrolera costa afuera.

Resulta necesario y urgente que se redoblen los esfuerzos por cumplir cabalmente con los preceptos del Acuerdo de Escazú para que se garantice de manera genuina el derecho a la participación. Solamente teniendo en cuenta la voz de la ciudadanía se podrá mejorar el diálogo democrático necesario para consensuar el camino de desarrollo para el país.