La Fundación Ambiente y Recursos Naturales rechaza la nueva propuesta de mapa de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco y los cambios del uso del suelo que se pretenden incorporar. Esto supone retrocesos en los niveles de protección alcanzados, resulta violatorio de la normativa de bosques y ambiental vigente, así como de los derechos de comunidades originarias y locales.

El día 20 de septiembre de 2022, el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley en cuyo Anexo se encuentra el Decreto Nº 2157/22, con la aprobación de la actualización del OTBN chaqueño. El objetivo es que se ratifique dicho decreto bajo la modalidad ad-referéndum. Esto significa que el Poder Ejecutivo provincial pretende la ratificación del decreto, sin dar margen alguno a posibles modificaciones y ajustes que resulten de las discusiones y tratamiento legislativo. 

Organizaciones socioambientales locales denunciaron falencias e irregularidades en el proceso de actualización del OTBN por las siguientes consideraciones. En primer lugar, a la provincia le llevó casi 8 años actualizar el OTBN vencido en 2014, dando inicio a ello recién en 2021. Conforme la Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331 los OTBN deben actualizarse cada 5 años. En segundo lugar, respecto a la instancia de participación ciudadana en el OTBN, en una nota reciente publicada en la página web oficial del gobierno provincial se indicó que “se realizaron más de 20 audiencias públicas y talleres en distintos puntos del Chaco con el objetivo de lograr consensos entre todos los actores involucrados y unificar los criterios que fueron plasmados en el documento final”. En verdad, esto se trató de un mero trámite administrativo sin posibilidades de discusión y/o diálogo para el intercambio de saberes, y tras un período de sólo dos semanas (las primeras del mes de septiembre) el Gobernador envió el proyecto de ley para la ratificación del Decreto 2157/22. A ello se suman denuncias que las comunidades originarias y campesinas fueron citadas al proceso con poco tiempo de antelación, lo que deja en evidencia la falta de consideración y violación al derecho de consulta libre, previa e informada. 

En definitiva, se trata de un proceso que no tuvo en cuenta los recaudos de la Ley 26.331 ni respetó los estándares que trae el Acuerdo de Escazú (ratificado por Ley 27.566), en cuanto a brindar una participación abierta e inclusiva y que las autoridades convocantes brinden toda la información al respecto, de manera completa, entendible y en los formatos accesibles. No se puede pensar la participación ciudadana sin la debida y oportuna información pública.

Por último, lejos de ser un OTBN que sea más tuitivo con los bosques nativos, resulta ser regresivo al dejar sin protección áreas boscosas que anteriormente se encontraban protegidas. El decreto referido introduce modificaciones a determinados polígonos de bosques nativos, pasando de Categoría II (amarilla) a Categoría III (verde), lo que significa que áreas que aparecían con valor de conservación y en las que no estaba habilitado el desmonte sino solo su uso sustentable, ahora con el mapa actualizado quedan abiertas al desmonte. Además, introduce tres poligonos para “proyectos especiales” (de color blanco) con un total de casi 400.000 has., presentados como predios sin cobertura boscosa, lo que supondría ser una especie de blanqueo de los demontes ilegales, y en evidente violación a lo que establece la Ley Nacional de Bosques y la Resolución COFEMA N° 236/2012. De acuerdo a datos de la Dirección de Bosques provincial, arriba del 33% de las infracciones que se detectaron en los últimos 11 años se encuentran en la zona de los tres polígonos, en particular en el departamento Almirante Brown. Esto claramente constituye un ardid y un grave retroceso en la protección, al permitir nuevos desmontes sobre bosques que desde el 2009 se encontraban protegidos por el previo OTBN. 

Cabe resaltar que se encuentra en curso una causa judicial iniciada por el Defensor del Pueblo de la provincia del Chaco en mayo del año 2019, en la cual se destacaron las violaciones a la normativa ambiental nacional en materia de bosques nativos. El Defensor solicitó la nulidad de permisos otorgados para desmontes en zona amarilla -Categoría II- a escala predial vigentes por no cumplir con prescripciones de la norma nacional, sumado a que muchos de estos desmontes se producirían en zonas protegidas, y que se ordene el cumplimiento de los mandatos legales en lo que respecta a la participación ciudadana para la elaboración del OTBN. En este sentido, en noviembre de 2021, la justicia provincial declaró la prohibición de aprobar los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo y de otorgar permisos de desmonte, desde el vencimiento del OTBN (diciembre del año 2014), hasta que la provincia actualice el OTBN en los términos de la normativa vigente en la materia.

Ante las irregularidades y  deficiencias de la gestión provincial en cumplir con los mandatos establecidos en la normativa nacional vigente, desprotegiendo ecosistemas esenciales frente a un contexto de emergencia forestal, ecológica y climática, FARN llama a la no aprobación de la actualización del OTBN elevada por la Gobernación del Chaco mediante el mecanismo de decreto ad-referéndum y a que se lleve adelante el debido proceso participativo, efectivo y genuino, para desarrollar de manera responsable un mapa de OTBN en línea con la legislación vigente, sin retrocesos en los niveles de protección ambiental. 

Fuente: https://chaco.gov.ar/uploads/multimedia/archivo/_Mapas%20Base%20OTBN%202021.pdf.pdf