En la Argentina, se sigue incentivando a la generación de energía dependiente de combustibles fósiles, pese a sus graves consecuencias ambientales. De hecho, durante el 2021 el 85% de la producción de energía provino de las fuentes tradicionales, con un gran subsidio estatal, mientras que las energías renovables apenas cubrieron el 8,2%, dos puntos por encima del 2020, según los últimos datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Esto se da pese a que nuestro país reúne uno de los potenciales más importantes a nivel global en cuanto a la disponibilidad de recursos renovables, así como su geografía para virar hacia una matriz de energías limpias. Además de sus condiciones para este tipo de energías, por ley, el Estado está comprometido a generar al menos el 20% de su electricidad de fuentes renovables para fines de 2025. Pero, aún estamos lejos de alcanzar esta meta.

En este sentido es importante resaltar que el sector de los hidrocarburos necesita de una fuerte asistencia económica del Tesoro Nacional. Los subsidios económicos para la energía vienen en aumento desde 2017, y en 2021 alcanzaron un total de $1.113.391 millones, un 115% más que en 2020. Entre los subsidios a la energía vinculados a la explotación de combustibles fósiles también se observa la prioridad que reciben las grandes empresas hidrocarburíferas antes que los consumidores. 

Guillermina French, integrante del Área de Investigación de FARN y autora del informe “Los subsidios a los fósiles 2021-2022”, señaló que en 2021 el total de los subsidios entregados a empresas hidrocarburíferas (subsidios a la oferta) fue de USD 1.175 millones equivalente al 0,2% del PBI de la Argentina, según datos del Presupuesto Abierto, lo que representa una suba del 145% en pesos y del 82% en dólares en comparación con 2020. Mientras que los subsidios a la demanda, es decir a la población, fue de USD 330 millones, representando el 0,06% del PBI.

Las transferencias a este sector durante el 2021 equivalen a más de 3,5 millones de jubilaciones mínimas de diciembre de ese año o más de 100 millones de dosis de vacunas para el COVID-19 (FARN, 2022).

En este sentido, el informe sobre el presupuesto 2023 que realizaron FARN y ACIJ destaca que la tendencia a subsidiar a las empresas extractivas del área fósil continuará, de hecho para este año se contempla más de $150.112 como subsidios a la oferta de gas natural. 

Además, el sector energético argentino actual, altamente dependiente de los hidrocarburos, es uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero responsable del 51% de las emisiones del país en 2018, de hecho Argentina emite 15% más que el resto de los países del G20, según el Cuarto Informe Bienal de Actualización presentado por la Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (MAyDS, 2021). 

Ariel Slipak, economista y coordinador del área de Investigación de FARN señaló que los subsidios del sector público no es la única área en las cuales se plasma un apoyo desparejo entre los combustibles fósiles frente a las energías renovables, sino que ello sucede también en el sector financiero. El economista señaló que mientras los organismos internacionales y la sociedad civil se enfocan en solicitar restricciones a los Bancos Multilaterales de Desarrollo y Bancos Nacionales de Desarrollo, de manera silenciosa los países del norte global continúan financiando al sector hidrocarburífero mediante sus agencias de crédito a la exportación (ECA).

Las ECA han proporcionado casi $33.500 millones de dólares al año para petróleo y gas– y $2.900 millones de dólares para el carbón, esto equivale a 7 veces más al apoyo que brindan a energías limpias por $ 4.700 millones de dólares (O´ Manique, 2022).

Julia Gerlo, politóloga y miembro del equipo de Investigación de FARN, agregó que es necesario virar a un modelo basado en energías limpias, con el objeto de evitar el incremento de la temperatura global por encima de los 1,5°C, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

Desde FARN llaman a adherir a una carta pública dirigida a los gobiernos para que sus agencias de crédito a la exportación cesen el financiamiento a los combustibles fósiles y lo redireccionen hacia energías  renovables. 

Esta petición ya cuenta con el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales como: Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Fundaciòn Patagonia Natural; Asociación Ambiente y Sociedad; Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS); Derecho; Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Latinoamérica Sustentable; Sustentarse; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción de Justicia Ecosocial; Observatorio Latinoamericano Conflictos Ambientales OLCA; Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); Center for Energy and Environmental Development (CEED); Institute of Socioeconomic Studies (Inesc); Les Amis de la Terre France; AbibiNsroma Foundation; Recourse; Friends of the Earth US y Oil Change International; Environmental Defence Canada y Debt Justice UK.