El pasado viernes 28 de febrero, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) despidió a más de 300 personas que trabajaban en el organismo. Este hecho, sumado al cierre del caso decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en octubre de 2024, genera altos niveles de incertidumbre acerca de cómo continuarán las tareas y obras de saneamiento necesarias para la recomposición ambiental de la cuenca.

Estos despidos se suman a los que se produjeron el año pasado, sin que en ningún caso se hayan conocido ni invocado los análisis sobre la “administración de los recursos humanos asignados” a ACUMAR, previstos en el artículo 36, incisos a) y k), de la Resolución 24/2024 sobre Estructura y Competencias de la Autoridad de la Cuenca, adoptada por esta misma gestión.

Además, en 2024 se dio un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR. El presupuesto para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca Matanza-Riachuelo sufrió una reducción del 77,5% en términos reales, con la subejecución como un factor clave en esta disminución. A pesar de la gravedad de la crisis ambiental y social en la cuenca, la falta de ejecución de los recursos asignados ha retrasado aún más las intervenciones necesarias para su recuperación, paralizando en gran medida las obras de saneamiento.

En el informe sobre “Avance por Mandas” del primer trimestre de 2024, presentado en abril de ese año ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Morón, ACUMAR justifica la limitada acción que describe y la dificultad para exponer planes futuros, explicando que sólo había contado con las mismas partidas presupuestarias del año 2023. Esa situación se repite para el presente año.

¿Es posible en estas condiciones mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer las aguas, el aire y los suelos, prevenir daños, inspeccionar las industrias, controlar la contaminación, resolver las necesidades habitacionales, sanear los basurales, ampliar las redes de agua potable y de cloacas, y establecer y sostener un plan sanitario eficiente como lo ha ordenado la Corte? Esta reducción de personal, ¿es la antesala del cierre o fusión con otro organismo ignorando las disposiciones de la Ley 26.168 de creación de ACUMAR? El artículo 13 de esta norma incorpora el compromiso celebrado por los gobiernos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de la cuenca. 

Se trata de interrogantes fundamentales cuya respuesta debe presentar ACUMAR porque, tal como lo dispuso la Corte en su fallo del 8 de julio de 2008, es la autoridad obligada a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, siendo responsable por todo incumplimiento o demora.

En la actualidad, sin los controles de la Corte Suprema ni de la Auditoría General de la Nación (AGN), las decisiones que adopte la ACUMAR deben ser lo más transparentes posibles. Por ello, el organismo debería rendir cuentas y explicar de qué manera el reciente recorte de personal impactará en los derechos socio ambientales de la población afectada por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.

En su decisión del 22 de octubre último, la Corte Suprema resolvió que la justicia federal deje de supervisar el cumplimiento del fallo del 8 de julio de 2008. Las organizaciones no gubernamentales que integramos el Cuerpo Colegiado hemos presentado un recurso de reposición in extremis para que se revoque esa decisión. 

En esta ocasión, y frente a los más de 300 despidos producidos en el organismo, reiteramos nuestro pedido para que se revise esa decisión. Por el riesgo que implica esa resolución para la preservación de la salud y la expectativa de vida de la población de la cuenca, consideramos la opción de llevar este reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Firman:

Asociación Vecinos de la Boca

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)