El pasado 1° de marzo, el presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso y habló de un nuevo acuerdo con el Fondo. Específicamente, dijo: “en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (…) esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”.
Sin embargo, a últimas horas del 10 de marzo, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, formalizando un presunto nuevo acuerdo con el FMI, evitando así el tratamiento parlamentario. A la opacidad del tratamiento se le suma que el DNU no especifica todas las pautas del nuevo acuerdo con el Fondo, lo cual parece indicar que todavía no se terminaron de definir todos los aspectos, más aún si se considera que aún no hubo comunicación pública por parte del FMI. Además, por tratarse de un Programa de Facilidades Extendidas, tampoco es posible discutir las condicionalidades que buscará implementar el organismo como exigencia para cumplimentar las metas que se establezcan (que tampoco conocemos).
Cumplir con los procedimientos democráticos es crucial en los procesos de endeudamiento, cuyos efectos no son sólo financieros: la deuda soberana es también una cuestión de derechos humanos. Cuando un gobierno compromete recursos en el presente y hacia el futuro sin mecanismos de transparencia y control democrático, las políticas públicas esenciales como salud, vivienda, y educación quedan sujetas a los límites que imponen los compromisos de deuda. En tanto suponen un compromiso para las generaciones presentes y futuras, decisiones de este calibre deberían estar sujetas a mecanismos participativos, transparentes y democráticos. El pronunciamiento del Congreso en su rol de representación popular es fundamental, sin dejar de lado que también existen otros mecanismos donde la sociedad civil, las universidades, las organizaciones populares podrían tomar roles consultivos. Estas decisiones, tomadas “puertas adentro” y de manera unilateral, aportan al debilitamiento institucional y tienden a perpetuar desigualdades y restringir el acceso a derechos básicos, en lugar de contribuir al desarrollo y la equidad.
Los autores de esta nota de opinión son Sofía Pasquini (ACIJ), Juan Pablo Bohoslavsky (UNRN-Conicet) Noemi Brenta (UBA-Conicet), Francisco J Cantamutto (UNS-Conicet), Guillermina French (FARN), Maria Julia Eliosoff (FES Argentina), Alejandro Gaggero (ACIJ), Leandro Gómez (FARN) y Luna Miguens (CELS).