Argentina atraviesa un retroceso en el Estado de Derecho, marcado por la erosión institucional y restricciones a derechos humanos bajo la gestión de Javier Milei. La discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, la concentración del poder y el avance sobre el Congreso han debilitado los mecanismos de control y transparencia, generando serias dudas sobre la capacidad del actual Gobierno para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ejecutivo ha operado sin un presupuesto aprobado por el Congreso, extendiendo el de 2023 para 2024 y 2025, lo que le permitió contar con una extraordinaria discrecionalidad en el uso de los recursos. Además, ha asumido facultades extraordinarias en áreas clave como economía y energía, afectando el equilibrio de poderes. En esta línea, el Presidente designó por decreto a dos miembros de la Corte Suprema, vulnerando la división de poderes y la independencia de la justicia.
En este contexto, el Gobierno negocia un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, incumpliendo la Ley 27.612, que exige la aprobación del Congreso para estos compromisos financieros. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 permite avanzar en la negociación sin debate legislativo, repitiendo las irregularidades del préstamo de 2018, cuando el FMI otorgó un crédito récord a Argentina bajo la gestión de Luis Caputo, quien hoy lidera las negociaciones.
Desde la perspectiva del FMI, tampoco hay evidencia clara del cumplimiento de las cuatro condiciones para las políticas de acceso excepcional, en especial la sostenibilidad de la deuda, la capacidad institucional para implementar el programa y la posibilidad de regresar al mercado de capitales.
El Banco Central cuenta con reservas internacionales extremadamente bajas, y la estrategia para asegurar su aumento consiste en acelerar las exportaciones a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Esto ya se intentó durante la década del ‘90, con graves consecuencias no sólo en términos de derechos sociales y ambientales, sino también en términos macroeconómicos con un impacto negativo en la balanza de pagos. Además, el incentivo a sectores como la minería, los hidrocarburos y el agronegocio intensivo, genera conflictos territoriales, vulnera derechos de comunidades locales y agravan la crisis ambiental con impactos irreversibles en los ecosistemas.
El año pasado, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y Recourse publicamos un documento que analiza la situación actual de Argentina y su relación con el FMI: abordamos la problemática de la deuda, la necesidad de una perspectiva ambiental y de derechos humanos, y los caminos a seguir para que el país cumpla con sus obligaciones internacionales.
Hoy presentamos un brief que reúne una serie de recomendaciones para el staff y el directorio del FMI, incluyendo la necesidad de garantizar que sus acuerdos respeten las normativas nacionales y promuevan negociaciones transparentes con participación de la sociedad civil. Además, recomendamos un análisis de sostenibilidad de la deuda que contemple derechos humanos, política climática e impacto distributivo de las políticas.
El FMI debe asegurar que sus acuerdos con Argentina no reproduzcan los errores del pasado y contemplen una verdadera sostenibilidad económica, social y ambiental. La comunidad internacional y los organismos multilaterales tienen la responsabilidad de exigir transparencia, estabilidad institucional y respeto a los derechos humanos en cualquier nuevo compromiso financiero con el país.