El 20 de enero de 2025, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentamos un pedido de acceso a la información pública solicitando al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registros completos de todos los sismómetros desde el 2012 hasta el presente, datos de todas las estaciones dentro de los 100 kilómetros alrededor de los límites de la Cuenca Neuquina, y un registro completo de todos los terremotos y su latitud, longitud, profundidad, tiempo y magnitud, entre otras informaciones.
Este pedido surge a partir del proceso de activación sísmica sin precedentes que se vive en las comunidades cercanas a los yacimientos de Vaca Muerta. De acuerdo a datos e investigaciones del Observatorio de Sismicidad Inducida, desde el 2015, cuando se inició la explotación hidrocarburífera mediante fracking, se produjeron alrededor de 500 sismos en la zona, generando daños en las viviendas e infraestructura de las comunidades, como así también impactos en la salud y seguridad de su población. El pasado 14 de febrero, en Sauzal Bonito, localidad de la provincia de Neuquén situada cerca de un área de extracción, sufrió un sismo de 3.7 grados en la escala de Ritcher.
En respuesta al pedido de información presentado, el 7 de marzo de 2025 el Ministerio de Economía, más precisamente su Secretaria de Obras Públicas a través de la información enviada por el INPRES, contestó que cuenta con esa información pero que no puede revelarla en virtud de un convenio de confidencialidad firmado con la provincia de Neuquén.
El convenio citado por el Ministerio de Economía vulnera la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (Nº 25.831), la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 27.275) y el Acuerdo de Escazú, ratificado en el 2020 por la Ley Nº 27.566.
Ante esta situación, Lisandro Vazquez Gimenez, abogado del área de Legales de FARN, afirmó: “En primer lugar, nos encontramos con poca claridad y datos desactualizados en los sitios web institucionales del INPRES. A esto se suma que, ante un legítimo ejercicio del derecho de acceso a información, nos brindan una respuesta que reconoce que la información solicitada existe y que está en poder de un sujeto obligado a entregarla, pero aún así no la revelan. Esto pretende ir contra todo el marco normativo vigente y priorizar un convenio firmado entre dos entidades públicas por sobre los principios de máxima divulgación, progresividad, transparencia, máximo acceso, no regresión, in dubio pro petitor —que en caso de duda se favorece al peticionante de la información pública—, alcance limitado de las excepciones, buena fe, disociación y presunción de publicidad”.
En este contexto, desde FARN presentamos un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para que la información sobre los sismos que afectan a las comunidades que viven dentro o cerca de la Cuenca Neuquina deje de ser secreta. Ahora, la Agencia deberá resolver y, en caso de responder afirmativamente al reclamo, intimar al INPRES para que brinde la información, se abandone el oscurantismo estatal y traiga luz sobre un tema tan trascendente como la información sísmica en una región que, antes del inicio del fracking, no presentaba actividad sísmica.
Esta información que desde organismos oficiales se niegan a brindar resulta de fundamental importancia para evaluar los riesgos ambientales que la actividad puede producir en el área de referencia. Las poblaciones aledañas al yacimiento de Vaca Muerta, en particular los integrantes de comunidades originarias, tienen derecho a recibir esta información y conocer en profundidad los impactos negativos que el fracking genera en el ambiente, en la salud y en su calidad de vida.