Tras el cierre de la causa, reclaman por el incumplimiento de relocalizaciones y obras en la cuenca por desfinanciamiento.

Por Santiago Brunetto

El conflicto por el cierre de la Causa Mendoza por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue escalando y ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las entidades y organizaciones que intervenían en la causa denunciaron formalmente al Estado argentino ante la Comisión, luego de que el año pasado la Corte Suprema decidiera cerrar de forma intempestiva su intervención en el proceso judicial que comenzó en 2008 con el histórico fallo que ordenó sanear la cuenca y relocalizar a las familias de los barrios populares de la zona. Las organizaciones advierten, entre otros puntos, que todavía no se completó ni el 50 por ciento del total de esas soluciones habitacionales, ni se terminó la construcción del Sistema Riachuelo, obra clave para los servicios de agua y cloacas de la zona. Todo, además, en el marco del desfinanciamiento de Acumar.