Por Andrés Nápoli y Matías Cena Trebucq

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) están hoy en el centro del debate público por la necesidad de reformar su uso y distribución. Representan el 1% de la masa coparticipable bruta y son fondos que se asignan de forma discrecional por el gobierno nacional para atender emergencias o desequilibrios financieros imprevistos en las provincias.

Este carácter discrecional ha dado lugar históricamente a desvíos en su asignación, con denuncias de uso político de los fondos y falta de criterios objetivos en su aplicación. Además, en 2024 se recaudaron casi 680 mil millones de pesos, pero sólo se utilizaron 49.800 millones, es decir, el 7,3%. Más del 90% quedó sin ejecutar.

En este sentido, donde los eventos climáticos extremos -como inundaciones, sequías, sismos e incendios- se intensifican y afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, resulta urgente reformar el régimen de los ATN para que contemple este tipo de emergencias y brinde recursos a las provincias destinados a la construcción de infraestructura resiliente a este tipo de eventos. Situaciones como las registradas en los primeros meses del año en Bahía Blanca y el norte de la provincia de Buenos Aires evidencian la necesidad de actuar con políticas públicas acordes a la crisis climática.