En abril de 2025, Argentina firmó un nuevo acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés), por un total de 20 mil millones de dólares (equivalente al 479% de la cuota de Argentina). El acceso excepcional se ha convertido en un rasgo estructural de la relación del país con el organismo: desde 2018, Argentina es el mayor usuario de recursos del FMI.

El nuevo EFF 2025 incluyó un desembolso inmediato de 12 mil millones de dólares (60% del total), inédito en la historia de este tipo de programas. La primera revisión se realizó en junio de 2025, con un desembolso adicional de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Este desembolso se realizó a pesar de que Argentina no cumplió con la meta de reservas.

A pesar de la aprobación del tercer acuerdo consecutivo entre el FMI y la Argentina, la situación económica del país se sigue deteriorando. La recesión se profundizó en el 2025: la construcción cayó un 15%, la industria un 11%, la inversión total un 6% y se perdieron 130.000 empleos. Mientras, el consumo privado apenas creció un 1% entre 2023 y 2025.

La estrategia de estabilización de precios se sostuvo en el atraso de los salarios, el ajuste fiscal y el atraso cambiario. El presupuesto nacional se redujo un 26,5% en términos reales entre 2023 y 2025, con caídas del 40% en educación, 47% en vivienda, 78% en género y 83% en ambiente, afectando el cumplimiento de derechos económicos, sociales y ambientales.

El creciente malestar social y político asociados a las políticas en curso condicionan la propia sostenibilidad del programa. Entre otros motivos, porque la estrategia de ajuste no solo se muestra insuficiente para estabilizar la economía, sino que además agrava la recesión, erosiona las capacidades estatales y profundiza la vulnerabilidad de amplios sectores sociales.

Por otro lado, los proyectos extractivos impulsados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) —como Vaca Muerta Oil Sur y el Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías— profundizan la dependencia de los combustibles fósiles y contradicen los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París. En paralelo, se recortan fondos para la transición energética y la mitigación climática.

Las evaluaciones del propio FMI reconocen que los programas basados en supuestos de “ajuste expansivo” suelen fracasar cuando no consideran las condiciones políticas y sociales de aplicación, aumentando la tensión sobre la sostenibilidad del ajuste. En esta oportunidad, esas tensiones, que limitan la viabilidad del programa, están a la vista. En el horizonte cercano, los picos más altos de vencimientos de deuda se concentrarán entre 2027 y 2032, condicionando a los próximos dos gobiernos y consolidando un escenario de dependencia crónica de financiamiento externo, presión sobre los recursos y limitación de capacidades estatales para garantizar derechos humanos fundamentales. 

Al abordar estos ejes, este informe pone en evidencia cómo el acuerdo vigente reproduce los problemas históricos de dependencia, endeudamiento y ajuste que han caracterizado la relación de la Argentina con el FMI, al tiempo que posterga la posibilidad de una estrategia de desarrollo sostenible.