Por Camila Mercure y Victoria Rocío Laguzzi

Comenzó la COP30 de Cambio Climático en Belém (Brasil), donde los jefes de Estado, presidentes y representantes de más de 190 países se reúnen para avanzar en las negociaciones que den respuesta a la crisis climática global. A este encuentro, la Argentina llega con más preguntas que respuestas sobre su rumbo climático.

A nivel internacional, el país mantiene compromisos firmes en el papel -como el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)-, pero su implementación real enfrenta un serio retroceso. Mientras el mundo avanza hacia la descarbonización y exige mayor ambición, el gobierno nacional parece haber pisado el freno. Hoy, son las provincias y los municipios los que impulsan las principales medidas de respuesta a la crisis climática.

Desde diciembre de 2023, el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo significó un desmantelamiento progresivo de las políticas ambientales: recortes presupuestarios entre un 28,1% y un 83,2% en áreas clave, paralización de programas y una narrativa negacionista del cambio climático. Este viraje no sólo debilitó la capacidad del Estado para reducir emisiones o adaptarse a los impactos, sino que también puso en riesgo la credibilidad internacional del país en un momento decisivo.

El panorama se vuelve más preocupante cuando los efectos del clima extremo golpean con fuerza. En marzo de 2025, las inundaciones en Bahía Blanca dejaron 16 personas fallecidas y más de 5000 viviendas afectadas. No fue un hecho aislado: según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en la Argentina desde 1970 y provocan pérdidas por unos 1000 millones de dólares al año. Estos datos confirman que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una crisis presente que se vive en los territorios.