Cada temporada de incendios en la Patagonia argentina vuelve a poner en primer plano una problemática que arrasa con ecosistemas y comunidades enteras. Mientras prevalece la idea de que los focos son exclusivamente intencionales, quedan soslayados los factores determinantes de la magnitud que alcanzan los incendios: el creciente desfinanciamiento de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.
Algunos datos clave para entender por qué, año a año, el fuego avanza en la Patagonia argentina:
- En 2023, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 100 % de su presupuesto. Un año después, en 2024, la ejecución cayó al 22 %, a pesar de tratarse del período con mayor cantidad de focos de incendio de al menos los últimos ocho años. Esa subejecución explica, en gran medida, una caída real del 81 % del presupuesto entre 2023 y 2024.
- En 2025, la ejecución presupuestaria alcanzó el 76 %, pero quedaron sin utilizarse cerca de 20.000 millones de pesos. Además, el leve aumento real del presupuesto (8,5 %) estuvo concentrado en ampliaciones realizadas hacia el final del año, destinadas mayormente al alquiler de maquinaria y transporte. Ese incremento resultó insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas del año anterior y no contempló los recursos adicionales que hasta 2023 aportaba el Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
- La disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego en 2025 marcó un retroceso significativo. El mecanismo permitía contar con financiamiento específico, automático y transparente para la prevención y el combate del fuego, a partir de un aporte del sector asegurador. Su eliminación, en nombre del ajuste fiscal y del objetivo de sostener el superávit por encima de cualquier otra política, redujo aún más las herramientas disponibles para anticiparse a las emergencias y responder ante contingencias cada vez más frecuentes e intensas.
- Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé una caída real del SNMF del 71,6 % en comparación con 2025. Este recorte impacta de manera directa en capacidades clave: las horas de vuelo se reducirían a 3.100, frente a las 5.100 previstas en 2023, y los informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios pasarían de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026. Se trata de herramientas centrales para avanzar hacia un enfoque preventivo, en lugar de seguir actuando de manera tardía y reactiva.
- La participación del SNMF dentro del presupuesto total del Estado nacional se reduce del 0,032 % en 2023 al 0,014 % en 2026, una reducción del 57 % en términos relativos.
Argentina sigue sin incorporar los delitos ambientales en su Código Penal, lo que debilita cualquier respuesta seria frente a este tipo de hechos en aquellos casos que se pueda comprobar la intencionalidad. Al mismo tiempo, quienes denuncian intencionalidad suelen ser los mismos actores que luego impulsan o avalan recortes presupuestarios que reducen drásticamente la capacidad del Estado para prevenir y combatir incendios.
Sin prevención, sin financiamiento adecuado y sin un marco legal que sancione efectivamente los delitos ambientales, el fuego deja de ser una contingencia y se transforma en una consecuencia previsible de decisiones políticas. Por eso, cada vez que el Congreso debate el presupuesto, también se define qué nivel de protección se le asigna a los ecosistemas, a las comunidades y a los bienes comunes frente a una crisis que ya no admite improvisaciones.