La energía atraviesa nuestra manera de producir, organizar y habitar los territorios. Condiciona el acceso a derechos básicos y orienta el modelo de desarrollo. El modelo energético argentino, tal como está estructurado hoy, genera una serie de conflictos sociales y ambientales que no son casuales ni coyunturales, sino estructurales. Este informe busca visibilizar y analizar esos conflictos, identificar sus causas y dinámicas, y aportar criterios para una transformación del sistema energético que sea justa, democrática y ambientalmente sostenible.
Un sistema fósil, centralizado y excluyente
La matriz energética argentina está basada en un modelo fósil, con una altísima dependencia del gas natural y el petróleo, especialmente de fuentes no convencionales como Vaca Muerta.
Esta dependencia implica vulnerabilidad frente a variables externas (como los precios internacionales) y reproduce una lógica de concentración tecnológica, económica y política en pocas manos.
Además, el sistema energético argentino está profundamente centralizado, tanto en la producción como en la gestión, distribución y toma de decisiones. Esto limita las posibilidades de participación real de comunidades y gobiernos locales, dificulta la atención a las particularidades territoriales y favorece una lógica de privilegio hacia determinados actores empresariales.
La expansión de las fronteras de este sistema, basado en la explotación de hidrocarburos, es uno de los principales motores de conflictividad en el sistema energético actual.
Diagrama del sistema energético argentino 2023
La transición energética no es neutra
La transición energética impulsada en gran parte por la urgencia de poner un freno al cambio climático, pero también como respuesta a las problemáticas antes mencionadas del sistema energético actual, tampoco está exenta de generar nuevos focos de conflicto.
La transición, si no se planifica con criterios de justicia social y territorial, puede reproducir o incluso agravar las formas de desigualdad y conflictividad existentes. Este informe da cuenta de cómo distintos proyectos de energías renovables, bioenergía, hidrógeno verde
o minería del litio han generado conflictos similares a los del modelo fósil: apropiación de territorios, degradación ambiental, exclusión de comunidades locales, y captura de beneficios por parte de grandes empresas. Las energías renovables, por sí solas, no garantizan una transición justa. La clave está en cómo, dónde, para qué y bajo qué control se implementan.
Una mirada desde los territorios
Los conflictos energéticos en Argentina no se distribuyen de manera homogénea: se concentran en territorios con alta presencia de recursos estratégicos (hidrocarburos, litio, sol, viento) y en regiones históricamente periféricas o subordinadas. El NOA, la Patagonia y la región chaqueña son zonas de alta conflictividad debido a la presencia de proyectos extractivos en territorios históricamente habitados por pueblos indígenas o comunidades campesinas.
Haciendo un recorrido por los diferentes componentes del sistema energético actual y de nuevos componentes que podrían integrarse en una transición energética, se identifican conflictos socioambientales existentes que podrían exacerbarse si se continúa con el modelo actual, o nuevos que podrían surgir en la transición según sea el modelo adoptado.
- Fósiles: con impactos como contaminación, afectación de acuíferos y violación de derechos territoriales, con una creciente judicialización y criminalización de la protesta.
- Energía nuclear: con importantes resistencias debido a sus riesgos ambientales, sanitarios y sociales, como accidentes —como Chernóbil o Fukushima—, la generación de residuos radiactivos y la extracción de uranio.
- Energía hidroeléctrica: a través de la construcción de represas, que provocan inundaciones, desplazamientos forzados, pérdida de biodiversidad y daños a comunidades originarias, campesinas y pesqueras.
- Energías renovables: la instalación de grandes parques genera impactos ambientales, paisajísticos y productivos, así como conflictos por el acceso a la tierra, la falta de consulta previa y la desigual distribución de beneficios.
- Minería: en América Latina, los impactos incluyen salinización de suelos, contaminación del agua y afectación de modos de vida tradicionales.
- Bioenergía: los biocombustibles, derivados de cultivos como soja, maíz y caña,
- enfrentan tensiones por la competencia con alimentos, uso intensivo de agroquímicos y expansión de monocultivos, que provocan acaparamiento de tierras, deforestación y daños a la salud de comunidades cercanas.
- Infraestructura eléctrica: sus impactos ambientales son campos eléctricos, visuales alterados, ruidos, daños a ecosistemas, tierras productivas y posibles efectos en la salud.
Criterios para una transformación energética integral
Frente a este panorama, el informe plantea que una transición energética sostenible en todas las dimensiones, debe cumplir, al menos, con los siguientes criterios:
- Diversificación de fuentes y tecnologías
- Descentralización de la producción, gestión y toma de decisiones
- Democratización de la energía
- Empoderamiento de comunidades y actores locales
- Adaptación a las circunstancias territoriales
- Prevención de conflictos, no solo gestión posterior
La conflictividad socioambiental no es una anomalía del modelo energético actual: es un síntoma estructural. No puede haber una transición energética justa si se la piensa exclusivamente en términos tecnológicos o de reducción de emisiones. La clave está en transformar las estructuras de poder, las formas de apropiación del territorio y los mecanismos de decisión que sostienen el sistema energético actual.
Reconocer las resistencias, visibilizar las voces territoriales y construir soluciones diversificadas, descentralizadas y participativas es el camino para una transformación energética verdaderamente democrática, ambiental y socialmente sostenible.
La versión adjunta es un resumen ejecutivo. Para descargar el documento completo, en este link.