Un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace 15 años, será debatido en el Senado de la Nación la semana que viene. La reforma busca cambiar la protección que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial frente a actividades productivas y extractivas. 

Si es sancionada, las provincias podrán decidir qué glaciares proteger y cuáles no. Esto rompe los presupuestos mínimos establecidos para garantizar una protección nacional uniforme de estos ecosistemas claves. 

Este artículo escrito por Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, Agostina Rossi Sierra, Especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, y Mercedes Pombo, activista climática y Directora del Área de Incidencia Política, explica por qué la reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional. 

El proyecto de reforma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio precautorio y de prevención establecidos en la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú.

La Ley de Glaciares no debe ser reformada, sino cumplida. Es una norma indispensable en el contexto climático actual porque protege reservas estratégicas de agua dulce. De sancionarse la reforma, se comprometerá la seguridad hídrica de un 18 % de la población argentina.