En conversación con Infobae Stream, Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, advirtió que la actual reforma de la Ley de Glaciares representa un grave retroceso ambiental y denunció un esquema de participación restrictivo que ignora la movilización social sin precedentes en torno a este debate.

A pesar de que más de 102.000 personas se inscribieron a la audiencia pública, una cifra que equivale a “un estadio de River y un poco más”, el cronograma legislativo limitó la participación a alrededor de 300 oradores, lo que significa que aproximadamente el 99,7% de los inscriptos no serán oídos.

Este formato reduce un proceso democrático a un “simulacro” que busca legitimar decisiones tomadas previamente de forma vertical, incumpliendo estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Más allá de la crisis de participación, el fondo de la reforma busca habilitar la actividad minera en áreas hoy protegidas, específicamente sobre los glaciares de escombro. Al delegar el control en las provincias y remover el piso mínimo de protección, el proyecto fomenta un escenario de “dumping ambiental” donde las jurisdicciones competirán por atraer inversiones bajando sus estándares de cuidado. Esto pone en riesgo directo las fuentes de agua de millones de personas, afectando un recurso que, una vez dañado por detonaciones mineras, no tiene vuelta atrás.