La Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitaron a la Justicia Federal la suspensión inmediata de las obras del complejo de gas licuado proyectado frente a la costa de Río Negro.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron una acción preventiva de daño ambiental contra el megaproyecto de gas licuado (GNL) que busca instalarse en el Golfo San Matías, área de la costa atlántica de la Patagonia clave para la biodiversidad del Mar Argentino. La demanda solicita a la Justicia que ordene la suspensión inmediata de las obras y de toda actividad vinculada al proyecto, hasta que se cumpla con lo requerido en la demanda.
La acción judicial apunta contra Southern Energy S.A., empresa que impulsa el complejo de licuefacción flotante destinado a procesar y exportar por el Mar Argentino gas, principalmente de Vaca Muerta . El proyecto está respaldado por un consorcio integrado por grandes compañías energéticas: Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la firma internacional Golar LNG.
El consorcio pretende transformar al Golfo San Matías en un nuevo polo de exportación de gas fósil, mediante la instalación de infraestructura industrial que incluye gasoductos terrestres y submarinos, terminales marítimas y unidades flotantes de licuefacción para producir GNL para ser exportado en buques metaneros. Esto representa un sacrificio de los derechos humanos, sociales y ambientales del territorio para profundizar el crecimiento de proyectos fósiles.
El Golfo San Matías es uno de los ecosistemas marinos más relevantes, no solamente de la Patagonia, sino también del continente y del mundo, conformando la ecorregión de los golfos norpatagonicos con Península Valdes. Tiene aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados de superficie y alta productividad biológica, lo que sostiene actividades pesqueras, turísticas y ecosistemas marinos clave.
El proyecto comenzó a avanzar sin cumplir adecuadamente con los procedimientos de evaluación ambiental exigidos por la legislación argentina, incluyendo la ausencia de estudios acumulativos y climáticos que analicen el impacto total de la infraestructura prevista.
Existen graves irregularidades en las autorizaciones ambientales otorgadas hasta el momento, incluyendo la falta de certificaciones para algunas de las etapas del proyecto y la omisión de componentes clave de la infraestructura en los estudios presentados.
El inicio de obras logísticas ya ocurrió: en noviembre de 2025 un buque descargó miles de toneladas de tuberías destinadas al gasoducto que abastecería al complejo de GNL en la costa rionegrina. Como fue confirmado por registro fotográfico, se detectaron movimiento de máquinas e infraestructura en la zona del fuerte argentino. Esto configura un avance de hecho de un megaproyecto industrial sin evaluación ambiental integral ni participación pública adecuada. Además, el proyecto implicaría nuevas emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación asociada a la licuefacción, almacenamiento y transporte de gas, profundizando la expansión del modelo hidrocarburífero desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica.
El derecho constitucional a un ambiente sano y los principios de prevención y no regresión son parte del derecho ambiental argentino. Las organizaciones solicitan al juez que ordene una medida cautelar para detener todas las obras y actividades del proyecto hasta que se resuelva el caso.
Desde las organizaciones demandantes exigimos que el país no profundice la expansión de la frontera fósil hacia el mar argentino y que respete los límites ecológicos de sus territorios y aguas nacionales y respete la vida y salud de las comunidades costeras.