El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, convalida recortes sustantivos en áreas clave como ambiente, educación, salud, ciencia y cultura. Mientras se destina un 9,5% al pago de la deuda, partidas claves para el cumplimiento del derecho a un ambiente sano caen hasta un 92,8%. 

Además, el proyecto se presenta en un contexto de reformas fiscales y normativas destinadas a reducir protecciones y controles, debilitar las capacidades estatales y facilitar condiciones para la inversión y el desarrollo de proyectos extractivos, con gran impacto social y ambiental. La reforma laboral y de la Ley de Glaciares —rechazada por más de 30 organizaciones civiles—, incluidas en el temario de sesiones extraordinarios del Congreso de la Nación, configuran, en conjunto con el Presupuesto 2026, una menor protección de derechos laborales y ambientales, y un mayor limite a la capacidad del Estado para fiscalizar y prevenir daños, exponiendo a personas trabajadoras, comunidades y territorios a mayores niveles de vulnerabilidad.

Fondos para seguridad, deuda y privilegios para actividades extractivas. Menos para salud, educación y ambiente

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 muestra la continuidad de una política de contracción y/o eliminación de programas de educación, salud y ambiente en general, en conjunto con una estructura tributaria regresiva que se profundiza.

En relación al último tema, el mensaje de remisión explicita que durante 2026 el Gobierno prevé una reducción en la recaudación del impuesto de bienes personales, mientras se sostienen exenciones fiscales a la minería y subsidios a los hidrocarburos. 

Si se analiza el presupuesto por finalidad y función, se puede apreciar que la función “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0,14% del total de fondos del presupuesto, superado por las funciones de Inteligencia (0,20%), Seguridad Interior (2,29%) y Defensa (1,87%). Por su parte, el pago de la Deuda representa un 9,54% del total de fondos.

Al mismo tiempo, el artículo 30 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 busca derogar:

• El artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación nacional y sus modificatorias, que garantiza un presupuesto consolidado del Estado nacional, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior al 6% del producto interno bruto (PIB).
• Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantizan alcanzar un mínimo de financiamiento del 1% del PIB para el año 2032 con aumentos graduales preestablecidos y prohíben que el presupuesto para la función ciencia y técnica sea menor en términos absolutos que el del año anterior.
• El artículo 52º de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, que crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y asegura un monto anual de al menos el 0,2% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público nacional.

Esto reafirma la priorización sistemática de compromisos financieros e incrementos de partidas con valores de uso discutibles para el contexto de Argentina como las de Defensa e Inteligencia por sobre políticas públicas esenciales que sustentan derechos sociales, ambientales, culturales e indígenas.

Subsecretaría de Ambiente

La Subsecretaría de Ambiente, luego de haber sido degradada desde la jerarquía de Ministerio, sigue sufriendo recortes: en 2026, de acuerdo al proyecto de ley, recibirá $51.506 millones, un 33,8% menos en términos reales que en 2025 y un 79,5% menos que en 2023, último año con ley de presupuesto aprobada.

El recorte presupuestario afecta directamente a la capacidad de cumplimiento de los diversos objetivos y metas de los programas de la Subsecretaría de Ambiente. El programa “Desarrollo Sostenible”, que en 2025 contó con un presupuesto de $4.177 millones, fue absorbido por el programa “Promoción y Gestión del Impacto Climático y el Desarrollo Sostenible”, que tendrá en 2026 $2.683 millones, un presupuesto incluso 11% menor al que tuvo en 2025. 

En un contexto donde se espera la llegada de nuevas inversiones en sectores con alto impacto socioambiental apoyadas por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el programa “Evaluación y Control Ambiental”, que es el encargado de promover la evaluación ambiental e intervenir en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, fundamental en los proyectos extractivos, pasa de $22.624 millones en 2025 a $11.799 en 2026. Esto implica una caída real del 57,7%. Estos números equivalen a menos inspecciones y capacitaciones: se reducen de 1020 a 840 las inspecciones que controlan los efluentes industriales, de 320 a 260 las que se realizan a generadores de residuos peligrosos, y se achican de 12 a 6 los cursos de capacitación ambiental.

Protección de bosques nativos

La protección de los bosques nativos en 2026 contará con $17.468 millones, conformados por el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos con $1.624,5 millones y $15.843,01 millones del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Este último fondo debería ser de 0,3% del total del presupuesto nacional, según lo dicta la Ley 26.331; sin embargo, los recursos destinados en el proyecto de Presupuesto 2026 son de apenas el 0,0107%, 28 veces menos de lo que corresponde y uno de los montos más bajos asignados en su historia. Estos fondos, que se utilizan para apoyar económicamente a campesinos o agricultores en la conservación y restauración de estos bosques, en 2026 recibirán un 67,4% menos en términos reales que el último presupuesto aprobado, en 2023. Mientras que en ese año se planificaba financiar 2000 planes de manejo sostenible de bosques nativos, en 2026 se prevé financiar apenas 23 planes. Vale remarcar que en 2024 estos programas no tuvieron ejecución presupuestaria.

Manejo del fuego

A pesar de que el 2024 fue el año con mayor cantidad de incendios reportados en los últimos 9 años con 2.735 incendios —de acuerdo a datos del Centro de Información Ambiental (CIAM)—, el Gobierno decidió traspasar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de Ambiente al Ministerio de Seguridad Nacional, más precisamente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Esto debilita el enfoque ambiental bajo una política integral que le corresponde al manejo del fuego, sosteniendo la mirada reactiva que aplica el Estado nacional por sobre la prevención. 

Por su lado, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del presupuesto nacional, contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto a 2025.

En cuanto a las metas físicas del SNMF, se observa una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas —aunque solo se concretaron 3.058—, para 2026 se proyectan 3.100.

A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026.

Mientras ocurre este desfinanciamiento y desinstitucionalización del manejo del fuego, en el Congreso de la Nación buscan retroceder en la normativa sobre mecanismos preventivos. 

Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo

Luego de que en octubre de 2024 la Corte Suprema de Justicia archivara la causa “Mendoza” sobre la cuenca Matanza-Riachuelo a pesar de no haberse cumplido ninguno de los objetivos pautados desde el año 2008, el Gobierno continúa desfinanciando su saneamiento. La partida “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, que en 2025 sufrió una caída real del 85,7%, en 2026 pasará a tener un presupuesto de apenas $3.911 millones. Esto equivale a una caída real del 92,8% en comparación con 2025.

Entre los principales  incumplimientos de los objetivos pautados en la causa “Mendoza” se encuentran: la falta de cobertura de red cloacal para más del 40% de la cuenca, casi un 60% de soluciones habitacionales sin terminarse, y que 1 de cada 4 establecimientos declarados como “Agentes Contaminantes” —efluentes líquidos, residuos peligrosos y emisiones gaseosas, entre otros— no adecuaron sus aspectos ambientales significativos.

Además, la partida “Asistencia Financiera para Acciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo” caerá un 54,5% en comparación con 2023 y un 6,3% en comparación con 2025. Las partidas “Expansiones de Redes de Agua y Cloaca en la Cuenca Matanza-Riachuelo” y “Asistencia Financiera para Acciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo” fueron eliminadas del presupuesto nacional.

Energía

La política energética del Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 se basa en la explotación de combustibles fósiles y en el apoyo económico a las compañías hidrocarburíferas. En este sentido, propone continuar la expansión de las fronteras tanto onshore como offshore, como ya ocurre de hecho con la incursión de YPF en el Lago Mari Menuco, la explotación costa afuera y el apoyo a desregulaciones resistidas por las comunidades y organizaciones territoriales.

El apoyo económico a las empresas continúa a través de los subsidios a la oferta de hidrocarburos. El proyecto del Gobierno asigna $651.600 millones a los subsidios a la oferta de hidrocarburos, lo que representa un aumento real del 6% respecto al valor de 2025. Esto equivale al 0,44% del presupuesto total nacional y al doble de lo destinado a todas las partidas ambientales.

Como contraparte, para 2026 los subsidios a la demanda, que apoyan el consumo de energía de manera directa, serán de $498.400 millones, representando una caída del 6,7% en términos reales. Estos montos equivalen al 76% del total de los subsidios a la oferta. Con estos subsidios a la demanda se espera apoyar a 1.601.264 facturas.

Otro apoyo indirecto para acceder a la energía es a través de la actividad “Sustentabilidad del mercado eléctrico” que, según el proyecto de Presupuesto 2026, recibirá $2.642.272 millones. Esto implica una disminución real del 72% con respecto al año 2023. Mientras que ese año la tarifa abonada por los usuarios cubría el costo mayorista eléctrico en un 49,23%, en 2026 esta cobertura será del 80,48%. 

En lo que respecta a energías renovables, su presencia es marginal en el Presupuesto 2026. En primer lugar, se elimina la actividad “Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables” y se desfinancia el “Proyecto de Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina” que en 2023 ejecutó $3.529 millones a precios del 2025 y que para 2026 contará con un presupuesto de $260 millones. 

Un caso llamativo es lo que sucede con el “Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF Nº8484)”. El 5 de noviembre de 2024, la Auditoría General de la Nación mencionó en una de sus auditorías que se realizaron gestiones administrativas y financieras para el cierre del proyecto. Sin embargo, en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 aparece con fondos por $1.697 millones.

Por otro lado, el programa “Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía” tendrá un presupuesto de $32.196 millones, de los cuales $27.489 millones corresponden a préstamos internacionales por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados a la actividad de “Apoyo a la Transición Hacia un Sector Eléctrico Sostenible en Argentina”. Dicha actividad apunta a “mejorar la focalización de subsidios hacia los grupos vulnerables, generar ahorro energético y reducir emisiones, fortalecer las capacidades institucionales y optimizar la sostenibilidad del sector energético”. Aunque aclara: “Las actividades del proyecto no implican obras civiles, inversiones en infraestructura o cualquier otro tipo de intervenciones físicas. La mayoría de los impactos relacionados serían indirectos y difíciles de atribuir exclusivamente a la ejecución del proyecto”.

Luego del cierre de la mayoría de los fondos fiduciarios, el Fondo de Energías Renovables (FODER) logró mantenerse en pie. En 2026 contará con $5.644 millones, de los que se esperan usar $2.892 millones, el 51,2% de sus fondos. El FODER genera sus ingresos a través de rentas de la propiedad y no implica un gasto alguno para el presupuesto nacional.

El Presupuesto 2026 pone en evidencia la poca prioridad que el Gobierno nacional le da a la generación de energías renovables. Un ejemplo: las partidas aquí analizadas, en conjunto con el FODER, representan apenas el 5,7% ($37.075 millones) de los subsidios otorgados a empresas hidrocarburíferas ($651.600 millones) para 2026.

Gasto tributario de la minería

El presupuesto nacional expresa las prioridades del Poder Ejecutivo. El análisis de las variaciones en las partidas permite identificar con claridad cuáles son las decisiones del gobierno de turno y qué sectores son beneficiados. Una variable clave para observar esto es el gasto tributario, que representa los ingresos que el Estado deja de percibir como consecuencia de exenciones, deducciones y tratamientos impositivos diferenciales establecidos por distintas políticas públicas.

Para 2026, el Estado nacional dejará de percibir $595.896 millones (el 0,06% del producto interno bruto) en concepto de gasto tributario asociado a la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196). Este régimen otorga, entre otros beneficios, estabilidad fiscal por 30 años, deducciones en el Impuesto a las Ganancias, devolución del IVA y amortización acelerada de inversiones. A este esquema se suma la posibilidad de que nuevos proyectos mineros adhieran al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que amplía estos privilegios incorporando estabilidad tributaria, fiscal y cambiaria, también por un período de 30 años.

De esta manera, el Presupuesto 2026 profundiza un esquema que favorece a un sector altamente concentrado, con fuertes impactos socioambientales en los territorios donde opera. La actividad minera se caracteriza por un elevado consumo de agua en regiones de estrés hídrico, el uso intensivo de químicos y metales pesados peligrosos y una limitada capacidad de generación de empleo. De acuerdo a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el primer trimestre de 2025 el sector minero registró 97.842 puestos de trabajo sobre un total de 6.718.511 empleos registrados, lo que representa menos del 1,5% del empleo nacional.

Los $595.896 millones que el Gobierno estima dejar de recaudar en 2026 por el régimen de exenciones de la Ley de Inversiones Mineras permitirían financiar múltiples políticas públicas estratégicas. Ese monto equivale a:

• 11,6 veces el presupuesto destinado a la Subsecretaría de Ambiente.
• 5 veces el presupuesto de la Administración de Parques Nacionales.
• 34 veces el presupuesto del Fondo de Bosques.
• 30 veces el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
• 12 veces el presupuesto destinado al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
• 17 veces el presupuesto asignado al fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
• 15,8 veces el presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional.
• 126 veces el presupuesto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En septiembre de 2025, FARN realizó un pedido de acceso a la información pública en el que se le consultaba a la Oficina Nacional de Presupuesto sobre las empresas beneficiarias de la Ley 24.196, los montos que el Estado dejó de percibir, el empleo atribuible en el 2024 y las estimaciones de estas variables para el año 2026. Si bien se remitió el listado de empresas inscriptas en el régimen, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras respondió que no cuenta con la totalidad de datos requeridos de empleo registrado. Estos números no fueron compartidos en parte por no contar con ellos, pero también por no estar obligados a procesar información según la propia Ley de Información Pública.

La necesidad de un Presupuesto 2026 que no sea regresivo con el ambiente y otros derechos

La Ley de Presupuesto representa una hoja de ruta para las políticas públicas y una expresión de las prioridades para el Estado nacional. En 2025, Argentina experimentó por primera vez en su historia no tener una Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso Nacional por dos años consecutivos. Cuando esto sucede, el presupuesto queda prorrogado sobre la base del año anterior, dejando mayores márgenes de discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional para ajustar partidas sin consulta parlamentaria.

Se necesita que, por primera vez desde que asumió esta administración nacional, haya una ley genuinamente tratada, discutida y aprobada por el Congreso. Sin embargo, el proyecto enviado por el Ejecutivo no es representativo de políticas de Estado que estén priorizando la salud, la ciencia, la educación, el empleo de calidad y derecho a un ambiente sano.

En este marco, resulta indispensable que el Congreso impulse una discusión amplia, participativa e informada, capaz de corregir los retrocesos que el proyecto actual plantea. Argentina necesita un presupuesto que fortalezca la institucionalidad pública, reduzca desigualdades y afirme un compromiso claro con el cumplimiento de derechos humanos y ambientales. Cualquier otro camino no solo es insuficiente: profundiza dependencias, agrava vulnerabilidades y condiciona la posibilidad colectiva de construir un futuro más justo y sostenible para nuestras comunidades y territorios.