Ante los incesantes incendios que desde hace meses arrasan con cientos de miles de hectáreas de humedales, pastizales y bosques en gran parte de nuestro país, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Taller Ecologista, Casa Río y Fundación Cauce -las organizaciones argentinas que integran el programa Humedales Sin Fronteras- solicitaron formalmente la intervención urgente del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de Naciones Unidas.
En la carta -adjunta al pie de este comunicado en español y en inglés- las organizaciones firmantes aseguran que esa intervención significaría un gran “apoyo a la lucha de años de la sociedad civil por la sanción de una Ley Nacional de Humedales y una efectiva implementación de la Ley de Bosques Nativos, así como por la salvaguarda de los derechos de pueblos originarios y comunidades locales, tradicionales e isleñas, y en general de toda la ciudadanía argentina”.
Para dar cuenta de la gravedad de la situación, el texto recalca que “algunos pocos [incendios] son de origen natural, pero la inmensa mayoría son consecuencia directa de la imprudencia y especialmente de la intencionalidad para dar otro uso a las tierras afectadas”; y asegura que “solo en el Delta del Paraná se han registrado hasta el momento cerca de 25 mil focos, que afectaron 300.000 hectáreas. Estos sucesos impactan severamente en la biodiversidad, así como en la salud y seguridad de las personas que habitan especialmente en el sector de islas del Delta del Paraná, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios esenciales”.
Cabe recordar que el pasado 11 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las municipalidades de Victoria y Rosario, a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y al Estado Nacional constituir de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental, dentro de la estructura federal concertada del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la región del Delta del Paraná (PIECAS-DP), que tenga por objeto la contingencia de las quemas. Sin embargo, al día de la fecha, el fuego persiste y la situación empeora.
Los incendios intencionales no solo se limitan a Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. También alcanzan a provincias del centro y norte argentino, como Chaco, Formosa, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero y Misiones. En Córdoba, la situación es particularmente grave. La inacción gubernamental en todos los casos es desesperante.
El origen del fuego está enmarcado en acuerdos y la connivencia entre las autoridades y el sector agroindustrial, inmobiliario, minero, entre otros del extractivismo, que sólo priorizan la renta en detrimento del ambiente y los derechos humanos; perjudicando incluso las facultades y obligaciones que el mismo Estado tiene sobre su territorio en términos de soberanía.
La actual emergencia socioambiental, agravada por el contexto de pandemia de la COVID-19, deja en claro que cuanto más alteramos los ecosistemas, más peligro corremos. Por eso, hacia el final de la misiva, los organizaciones refuerzan un reclamo que llevan adelante hace años y del cual la sociedad argentina en su conjunto se hecho eco el último tiempo: nuestro país necesita con urgencia la sanción de una Ley Nacional de Humedales y un pleno y efectivo cumpliento de la Ley Nacional de Bosques Nativos. Hace falta que las autoridades demuestren real voluntad para proteger la naturaleza. Pero mientras quemar siga siendo negocio (para unos pocos actores), la historia se repetirá.
Foto: Eduardo Bodiño