El próximo 16 de septiembre, el Gobierno de Río Negro realizará la Audiencia Pública presencial sobre el proyecto “Buque MK II” en el Golfo San Matías. Esta instancia forma parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y debería constituir un espacio de participación ciudadana para expresar inquietudes, opiniones y observaciones. 

Sin embargo, la audiencia se presenta más como un mero trámite administrativo que como un verdadero espacio de deliberación y toma de decisiones democrático. Esta lógica se ha repetido en la avanzada fósil sobre el Golfo San Matías, con antecedentes como la modificación de la Ley 3308 y las audiencias previas, incluyendo las de diciembre de 2024 por los proyectos Southern Energy, y representa en todos los casos un accionar contrario a los principios de participación democrática y transparencia del Acuerdo de Escazú.

Un historial de audiencias sin participación ciudadana

El 17 de agosto de 2023, se realizó la audiencia sobre Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Sierra Grande, a la que solo pudieron asistir residentes de Río Negro. Comunidades y organizaciones socioambientales denunciaron vicios en el proceso y falta de información. Está también documentado y debidamente acreditado que la policía de Río Negro impidió el ingreso a personas registradas para participar y que se violentó a integrantes de las asambleas socio-ambientales y comunidades mapuche-tehuelches que se manifestaban fuera del predio. 

El 4 de diciembre de 2024, la audiencia pública sobre el proyecto Southern Energy (FLNG I) en San Antonio Este replicó similares restricciones, con evaluaciones incompletas de impactos y modificaciones posteriores a la información técnica sin convocar a nuevas instancias de consulta. 

Esta mera realización de pasos administrativos para avanzar con un proyecto dista de tener una perspectiva intercultural, que haga que la consulta sea genuinamente libre, previa e informada, alineada con el inciso 17 del Artículo 75 de la Constitución Nacional o con el Convenio 169 de la OIT, que apunta a que las comunidades originarias puedan tomar de manera voluntaria y autónoma las decisiones que atañen a su modo de vida, incluyendo los aspectos que repercutan en su territorio.  

El Golfo San Matías: desprotegido

Hasta agosto de 2022, la Ley Provincial 3308 protegía al Golfo San Matías de proyectos de infraestructura fósil. La modificación de esta norma en septiembre de 2022 mediante la Ley 5594, que permitió avanzar en la construcción de oleoductos e infraestructura para la exportación de crudo y gas, generó controversia social y cuestionamientos sobre la participación democrática de las comunidades locales. La nueva Ley 5594 fue aprobada con extrema premura, con un único voto negativo y en el plazo mínimo que acepta el reglamento de la Legislatura de Río Negro. 

El Golfo San Matías es un ecosistema costero-marino único, hogar de especies como la ballena franca austral, el delfín nariz de botella, el pingüino de Magallanes y el caballito de mar patagónico, y las actividades propuestas, como la construcción de oleoductos y la instalación de unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG), representan amenazas significativas para la biodiversidad y la actividad económica de la región. 

En el plano ambiental, se identifican riesgos de derrames y contaminación, afectación a los ecosistemas y la fauna de la región, alteración de las condiciones del agua, pérdida de hábitats marinos y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a los impactos económicos para las comunidades locales, se destacan el perjuicio sobre la actividad pesquera y turística —principales fuentes de sustento en la zona—, la generación de empleo precario y de corta duración, y la concentración de beneficios en sectores muy reducidos, ajenos tanto a las comunidades costeras como al conjunto del país.

Proyectos fósiles que están en desarrollo en el Golfo San Matías

1. Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): este proyecto consiste en la construcción de un oleoducto que conecte Añelo, en la formación de Vaca Muerta, con Punta Colorada, en el municipio de Sierra Grande. Allí se proyecta un puerto de aguas profundas con dos monoboyas para exportar crudo, con alto riesgo de derrames y microderrames que amenazan la biodiversidad y los modos de vida de las comunidades costeras. El consorcio responsable está liderado por YPF e integrado también por Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell. En su fase final, el proyecto prevé una capacidad de exportación de 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000, cifra prácticamente equivalente a la producción total de crudo diaria de Argentina en 2024.
2. Southern Energy es un proyecto aprobado bajo el RIGI para exportar GNL mediante unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a la ciudad turística de Las Grutas. El plan contempla dos buques: el Hilli Episeyo, que operaría con gas de la Cuenca Austral, y una segunda unidad (MKII), que requeriría la construcción de un gasoducto de aproximadamente 600 km desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica. En conjunto, se proyecta exportar hasta 15 millones de toneladas de GNL por año, más del 60 % del consumo interno anual de gas en Argentina. El consorcio está integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la empresa noruega Golar LNG, que aporta la tecnología y los buques, con participación de BP. Esta iniciativa implica riesgos ambientales graves: vertidos de agua con temperaturas y salinidades fuera de los rangos normales, aumento de emisiones de metano y afectación directa sobre ecosistemas marinos sensibles.
3. Argentina LNG es un proyecto liderado por YPF en asociación con Shell y, más recientemente, con la firma italiana Eni, con un memorando de entendimiento para exportación de GNL. En la prensa, se presenta como un proyecto de “tres etapas”, cuya primera fase sería Southern Energy, con el objetivo de instalar hasta seis buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Formalmente, Argentina LNG aún no ha sido incorporado al RIGI ni ha atravesado audiencias públicas.

Esta forma de avanzar da cuenta de un patrón que implica más infraestructura fósil, menor biodiversidad, menos participación ciudadana y una erosión de la democracia ambiental. Las audiencias, incluida la del 16 de septiembre, se limitan a validar decisiones corporativas, sin respetar principios de transparencia, información accesible y participación amplia en línea con el Acuerdo de Escazú. La defensa del Golfo San Matías, patrimonio natural y cultural de la región, depende de visibilizar estas limitaciones y exigir procesos democráticos, inclusivos y técnicamente sólidos.