Finalizó la 30ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Belém, Brasil. Uno de los principales hitos fue la decisión de avanzar en el desarrollo de un mecanismo de transición justa, un paso importante para asegurar que los derechos humanos estén en el centro de la agenda climática. 

Sin embargo, persisten desacuerdos sustanciales respecto del abandono de los combustibles fósiles y la definición de metas claras de financiamiento, lo que evidencia que alcanzar un consenso climático global continúa siendo un terreno complejo y cargado de disputas.

Transición energética justa

Uno de los ejes centrales de esta COP30 fue el debate en torno al Programa de Trabajo sobre Transición Justa, un espacio que dejó avances significativos en materia de derechos. El texto final incorporó un lenguaje sólido en género, derechos humanos, consentimiento libre, previo e informado y autodeterminación de los pueblos, un reclamo histórico de las organizaciones sociales y comunidades afectadas por la crisis climática.

Además, los países acordaron avanzar en el desarrollo de un mecanismo de transición justa, largamente demandado por la sociedad civil. Este instrumento busca fortalecer la cooperación internacional, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, con el fin de promover transiciones equitativas, inclusivas y justas. Su objetivo es garantizar apoyo para la elaboración e implementación de planes de transformación en sectores como el energético y el agroganadero, poniendo en el centro a los trabajadores y a las comunidades impactadas por la transición.

Sin embargo, estos avances conviven con ausencias críticas. Dos temas centrales discutidos durante las negociaciones no quedaron reflejados en la decisión final: la necesidad de avanzar hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el reconocimiento de los riesgos socioambientales asociados a la extracción de minerales para la transición energética. Ambos puntos estuvieron presentes en borradores previos y contaron con el respaldo de numerosos países y redes de la sociedad civil, pero fueron excluidos ante las tensiones geopolíticas entre productores de combustibles fósiles, grandes consumidores de minerales y los países del Sur Global que sufren los impactos en sus territorios.

Los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— siguen siendo el núcleo del problema: generan más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y casi el 90% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera, según Naciones Unidas. Que la principal causa del calentamiento global quede fuera de la declaración política de una COP celebrada en plena Amazonía y en el año más cálido registrado evidencia la profundidad de la crisis del multilateralismo.

Pero incluso un abandono acelerado de los combustibles fósiles no resolvería por sí solo las tensiones. Si la transición energética se concibe únicamente como un recambio tecnológico para cumplir compromisos internacionales, se corre el riesgo de reproducir el mismo modelo extractivista bajo una nueva apariencia. Esa lógica intensifica las presiones sobre los territorios, profundiza la pérdida de biodiversidad y agrava las violaciones a los derechos humanos y los impactos sobre los ecosistemas que sostienen la vida.

Minerales como el litio y el cobre son cada vez más demandados por los países del Norte Global para impulsar la transición energética y la electromovilidad. A ello se suma el incremento de minerales requerido por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial. La presión extractiva se expande y se acelera.

Este escenario plantea uno de los principales desafíos para los países del Sur Global: los minerales se extraen de sus territorios, afectando a las comunidades que los habitan y degradando ecosistemas esenciales en nombre de una transición energética que beneficia prioritariamente al Norte Global.

El mundo avanza en reconocer derechos, participación y justicia climática, pero sigue sin acordar el punto más elemental: abandonar progresivamente los combustibles fósiles y evitar que la transición reproduzca desigualdades históricas. Los próximos años serán decisivos.

Adaptación

A pesar de haber sido presentada como la “COP de la Adaptación”, la COP30 cerró con avances que resultan insuficientes frente a la urgencia climática. El logro principal fue la finalización del Programa de Trabajo UAE–Belém y la adopción de un primer conjunto de indicadores para la Meta Global de Adaptación (GGA). Sin embargo, el resultado deja un volumen considerable de trabajo hacia 2026 para fortalecer su solidez, legitimidad y capacidad real de medición. El proceso generó amplias frustraciones —particularmente por la falta de transparencia y por la manera en que se revisaron los indicadores—, lo que volvió a evidenciar la distancia entre las expectativas de los países en desarrollo y el ritmo real de las negociaciones.

También se avanzó en nuevas orientaciones para los Planes Nacionales de Adaptación y se mantuvo el seguimiento sobre las Comunicaciones de Adaptación. Mientras, el Fondo de Adaptación permaneció estancado debido a disputas de gobernanza y a la ausencia de recursos suficientes.

Financiación

Como en cada COP, el financiamiento atraviesa todas las discusiones. El resultado final se debilitó en la última noche de negociación: se reiteró el compromiso de duplicar la financiación para adaptación para 2025 y se llamó a “al menos triplicar” la financiación hacia 2035, un plazo más lejano que el defendido por los países en desarrollo. Aunque esta meta constituye una base mínima y un llamado explícito a los países desarrollados a aumentar de manera continua sus aportes, el avance queda debajo del nivel de ambición necesario. 

Además, se estableció un programa de trabajo de dos años sobre financiamiento climático, que incluirá discusiones específicas sobre la provisión de recursos públicos bajo el Artículo 9.1. Sin embargo, el texto está lejos de constituir un paquete financiero ambicioso. Si bien reafirma la necesidad de movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales para 2035, no establece mecanismos concretos de implementación ni de rendición de cuentas que garanticen que esos recursos efectivamente se materialicen.

Si bien los resultados de Belém establecen una plataforma inicial sobre la cual construir en 2026, la verdadera prueba será transformar estos compromisos en acciones medibles, financiamiento adecuado y una arquitectura de adaptación capaz de responder a las crecientes necesidades de los países más vulnerables.

Argentina en la COP30: sin metas claras y señales contradictorias

La participación de Argentina en la COP30 expuso el deterioro de su política climática. El país llegó a Belém sin presentar la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) —que debía haber sido entregada en febrero—, e incumpliendo estándares de transparencia y participación establecidos tanto por la legislación nacional como por el Acuerdo de Escazú.

Pese a que, previo a la COP, desde el Gobierno habían convocado a instancias virtuales de diálogo, los espacios carecieron de participación real: chats cerrados, ausencia de preguntas y falta de convocatoria al Consejo Asesor Externo. El resultado fue que Argentina arribó a la cumbre sin metas claras, sin hoja de ruta y sin un documento que oriente su acción climática.

A esto se le suma una participación contradictoria por parte de Argentina en las negociaciones. Durante las discusiones de adaptación, el país mantuvo su perfil histórico: no obstruyó los debates y acompañó los consensos orientados a fortalecer la resiliencia de los países más vulnerables. Sin embargo, en las discusiones de transición justa, su postura fue marcadamente distinta: adoptó posiciones restrictivas sobre temas de género y derechos humanos. 

Lo ocurrido en Belém revela la urgente necesidad de restablecer la institucionalidad climática, garantizar participación pública, transparentar procesos y alinear la política exterior con estándares internacionales de equidad y justicia climática. Solo con instituciones fuertes, metas serias y una postura coherente entre lo que se discute afuera y lo que se implementa adentro, Argentina podrá recuperar credibilidad y enfrentar de manera justa la crisis climática.