A pesar de que el nuevo proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” no contiene un capítulo específico de desregulación ambiental, varios artículos tienen implicancias sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego, entre otros puntos.
El gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el nuevo proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -también conocido como Ley Ómnibus-, el cual contiene más de 200 artículos y plantea la emergencia energética, económica y financiera por el plazo de un año.
A diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 –que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)– este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en materia ambiental.
Sin embargo, la nueva Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.
Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras.
¿Cuáles son los principales puntos de la nueva Ley Ómnibus que afectan al ambiente?
- Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral
El capítulo III propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley.
Esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y protección del ambiente.
- Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos
El nuevo proyecto de Ley Ómnibus contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno.
Además, el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).
De esta forma, el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho.
- El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.
La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática.
- La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo que pueden ir en detrimento del ambiente
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuída de energías renovables, son pilares de las políticas ambientales. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país.