El Gobierno anunció que iba a destinar unos $108.000 millones para las asociaciones de bomberos voluntarios. Pero se trata de un paso administrativo que se da todos los años en el marco de la Ley 25.054 y no de recursos adicionales. 

“Lo que hizo la resolución del Gobierno fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto, no le dio absolutamente ningún peso adicional al Servicio Nacional de Manejo del Fuego ni a las asociaciones de bomberos”, explicó a Perfil Ariel Slipak, coordinador de área de Investigación de FARN. “Aprovecharon esa resolución para difundir en redes diciendo que están asignando recursos y combatiendo el fuego, pero están asignando recursos ya presupuestados”, aclaró.

Además, distintas organizaciones, como FARN criticaron el atraso de la declaración de emergencia ígnea, destacando que algunas regiones afectadas por los incendios quedaron fuera del reparto de fondos previstos, pese a estar sufriendo situaciones de riesgo.

El problema se enmarca dentro de una discusión más amplia sobre la disponibilidad y uso de recursos públicos para la prevención y combate del fuego en Argentina. Aunque la ley asegura un presupuesto para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la falta de ejecución de esos recursos plantea dudas sobre la capacidad del Estado para fortalecer la infraestructura, equipamiento y apoyo operativo de quienes luchan contra incendios y otras emergencias.