Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), y Amnistía Internacional Argentina, enviamos una carta al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy, manifestando nuestra preocupación sobre el Convenio específico preliminar que esta institución formuló junto con la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (J.E.M.S.E) el 23 de octubre de 2020. Este Convenio propone realizar un proyecto de investigación sobre los recursos hidrogeológicos en la Cuenca endorreica de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de la provincia de Jujuy.
En la cuenca citada habitan, desde tiempos inmemoriales, 33 comunidades indígenas del pueblo Kolla y Atakama. Históricamente, producto del accionar estatal y de entidades privadas principalmente vinculadas a actividades extractivas, dichas comunidades sufrieron persecuciones, despojo de sus tierras y explotación de sus recursos naturales. Actualmente, si bien existen sólidas normativas que reconocen y amparan sus derechos, su incumplimiento es sistemático.
Reglamentaciones de carácter constitucional como el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por la Ley Nº 24.071, establecen que las Comunidades tienen derecho a la autodeterminación; a la propiedad comunitaria; y a la participación, consulta y obtención del consentimiento libre, previo e informado como instancia precursora al desarrollo de cualquier tipo de iniciativa que pueda afectarlas. Sin embargo, hay un avasallamiento constante sobre estas prerrogativas.
A través del Convenio celebrado por la Universidad Nacional de Jujuy y la empresa J.E.M.S.E. , se definió la ejecución de diversos estudios de carácter exploratorio del territorio de la Cuenca, sin haber existido ningún tipo de consulta previa, libre e informada con las Comunidades Indígenas afectadas. De acuerdo con los términos del Convenio, la información generada sólo será accesible a quienes J.E.M.S.E. considere que, a su criterio, podrán hacer un uso “eficiente, sustentable y productivo” de la Cuenca. Desde las organizaciones sostenemos que los aspectos informativos deberían ser públicos, objetivos, fidedignos, y accesible a todas las personas que estén interesadas. Asimismo, instamos al cumplimiento de la normativa internacional y nacional de aplicación en la materia.
Desde su génesis, la iniciativa se desarrolló en un marco de total ausencia de transparencia. A fin de conocer los términos del Convenio, en noviembre de 2020, las Comunidades presentaron un pedido de acceso a la información pública a las dos entidades vinculadas, y ninguna ofreció respuesta. Frente a esta situación, debieron acudir a la Justicia para poder obtener la información solicitada. A su vez, en esa instancia, expresaron su rechazo hacia el proyecto en cuestión, por no haberse dado los procesos de participación y consulta correspondientes.
En este contexto, las organizaciones involucradas le recomendamos al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy adoptar las medidas necesarias para adecuar el accionar de la institución al cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, le proponemos a la Universidad que involucre en las actividades de investigación del Convenio a técnicos independientes externos, a fin de otorgarles un marco de objetividad y transparencia exento de intereses propios de la empresa J.E.M.S.E y del gobierno de Jujuy orientados al avance de las actividades extractivas. Los estudios necesarios para comprender la dinámica hídrica de la zona son sumamente complejos y deben llevarse a cabo con la mayor imparcialidad posible. En este sentido, sostenemos que debería conformarse un Comité científico – académico externo que participe de las investigaciones que se desarrollen en la Cuenca.
La Universidad Nacional de Jujuy, al igual que todos los actores del sector público, debe respetar los derechos de las Comunidades Indígenas, más aún cuando el deber de garantizar los derechos de participación y a la consulta está a cargo del Estado. Actuar en desmedro de tales mandatos, no sólo sería ilegal e ilegítimo, sino que también sentaría un dudoso e inconveniente precedente. Por todo lo expuesto, desde ENDEPA, AADI, Amnistía Internacional Argentina, y FARN, solicitamos un llamado al diálogo con las Autoridades de la Universidad para la consideración de las cuestiones planteadas.