Numerosas organizaciones ambientalistas expresan su profunda preocupación ante el hallazgo a mediados de enero pasado de 34 cóndores (Vultur gryphus) y un puma (Puma concolor) envenenados en Malargüe, provincia de Mendoza , y exigen la resolución del vacío legal que reina en Argentina respecto a una norma que regule a nivel nacional la trazabilidad y aplicación de agroquímicos.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Biodiversidad Argentina, Wetlands International, Fundación Hábitat y Desarrollo, Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación ProYungas, Fundación Inalafquen, Fundación Caburé, Red Yaguareté, Asociación Ambiente Sur, Banco de Bosques, Fundación AZARA, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico Misiones, Comité Argentino de la UICN, WCS, Aves Argentinas, Fundación Cullunche, Red Nacional de Acción Ecologista y Fundación Temaikén solicitan al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al Ministro de Agroindustria poner fin al conflicto entre productores ganaderos y los carnívoros silvestres por medios no letales para éstos últimos.
Los estudios toxicológicos realizados ante el suceso en Mendoza han demostrado que se está utilizando carbofurano [1] para los envenenamientos. El carbofurano es un poderoso producto químico con elevada toxicidad, prohibido en varios países del mundo, pero aún permitido en Argentina. Los pobladores rurales acceden fácilmente a este agroquímico y lo usan indebidamente para tratar de controlar grandes carnívoros. Este accionar contamina el suelo, el agua y pone en riesgo a todas las formas de vida, incluyendo la humana.
Muchos productores, arrendatarios y peonada ante los conflictos que se dan entre el ganado doméstico y los grandes carnívoros, encuentran como solución causar la muerte de estos últimos para evitar pérdidas en su actividad productiva (ganadera). Esto es muy grave ya que tiene consecuencias en el equilibrio ecológico al afectar la cima de la pirámide alimenticia, y también porque se atenta muchas veces de manera directa o indirecta contra especies protegidas local o nacionalmente por Ley.
En muchas provincias incluso, se entrega recompensa por cabeza de animal muerto sin que se haya fundamentado tal permiso en censo poblacional actualizado ni evaluación de impacto ambiental alguno sobre tal clase de accionar. Corresponde resaltar que el envenenamiento u otras vías como la electrocución o el abatimiento por arma de fuego, han causado la actual crisis global de extinción de los grandes carnívoros [2].
Lo arriba descripto permite demostrar que en Argentina existen prácticas que atentan directamente contra de la fauna y la biodiversidad en general, que han sido naturalizadas y que deben ser reguladas, con un pleno y activo involucramiento de las autoridades nacionales dado que las especies de carnívoros y carroñeros referidas exceden los límites de una provincia, y por ende debieran ser resguardadas a nivel nacional.
Ver debajo la nota de organizaciones de sociedad civil a los Ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación.