«Cortitos y al pie», los puntos clave del documento

• La carne porcina es la más consumida a nivel mundial, y China representa casi la mitad de ese consumo. En 2019, el país asiático sufrió un brote de peste porcina africana (PPA) que obligó a sacrificar más de 1 millón de cerdos. El brote hace que Argentina emerja como actor fundamental para China en la provisión de esta carne.
  
• Actualmente Argentina cuenta con 10 plantas para la faena con fines de exportación de carne a China, 7 de ellas habilitadas a fines de 2019, en respuesta a la apertura del mercado chino, cuando se firmó un Protocolo sobre los requisitos de inspección y sanidad veterinaria específico para la importación y exportación de carne porcina entre Argentina y China. Ahora se suma la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo comercial para instalar/ampliar en nuestro país granjas de producción de cerdo que provean al gigante asiático con 900 mil toneladas de carne en cuatro años.
  
• Lograr esas 900.000 toneladas de carne porcina implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones; adicionar más de 2.200.000 toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de soja para la alimentación del ganado (lo que a su vez implica sumar casi 290.000 y cerca de 250.000 hectáreas cosechadas de uno y otro grano); duplicaría las emisiones de GEI del sector porcino, y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, sin contabilizar el agua para la limpieza.
  
• Poner en marcha el proyecto implica atraer inversiones cercanas a los USD 2.805 millones. Cómo, se desconoce; probablemente de la mano de capitales de origen chino y, en menor medida, a partir de incentivos para el sector a nivel local.
  
• El proyecto de Acuerdo no contempla estudios previos que permitan medir el riesgo del impacto, establecer una línea de base ambiental, y/o dar participación a la ciudadanía y las comunidades locales. Para peor, existe clara evidencia de la contradicción entre el cuidado del ambiente y la cría de cerdos en China, especialmente en áreas ambientalmente sensibles, cercanas a cursos de agua.
  
• Frente al actual contexto de crisis económica, la posibilidad de generar unos 36 mil puestos de trabajo puede ser sumamente tentadora, pero lo cierto es que se desconoce de qué tipo de trabajo, en qué condiciones, para quiénes y a qué costo -social, ambiental, para la salud de la población vecina a los establecimientos y en general- estaríamos hablando.
  
• En términos generales, y dada la experiencia previa en nuestro país, los acuerdos y convenios firmados con la potencia asiática benefician a la parte china con adquisición directa y condiciones preferenciales, cuestiones que generan preocupación por la simplificación de procedimientos y licencias sociales, un beneficio para capitales chinos frente a cualquier otro tipo de inversión.
  
• Además, los convenios y acuerdos mencionan la importancia del cumplimiento de la legislación nacional; entonces surge la preocupación respecto de si nuestro país está institucionalmente bien preparado para estos acuerdos y si la legislación provee un marco adecuado para regularlos, no sólo en términos ambientales sino también de transparencia y acceso a la información.
  
• ¿La producción nacional sería capaz de responder a esta nueva demanda? ¿Cuán riesgoso es profundizar el esquema de dependencia de un solo comprador para un producto específico, con las variaciones de los precios agrícolas determinados a nivel internacional y su impacto en la producción no sólo ganadera sino también agrícola, de la mano de la provisión de alimentos para el engorde? A esta altura, son más las preguntas que las certezas.
  
• Sí es posible inferir que este posible nuevo acuerdo profundiza el patrón de inserción de Argentina en el comercio internacional -con materias primas de origen agropecuario- y mantiene intactas las dificultades en torno a una balanza comercial deficitaria con respecto a China, al tiempo que refuerza una relación bilateral estrictamente basada en necesidades económicas que, tanto a nivel discursivo como en el plano formal, no hace lugar a cuestiones ambientales y/o sociales.