Por Natalia Rótolo

A quince años de la sanción de la Ley de Glaciares, especialistas advierten sobre la necesidad de defenderla frente a los intentos del Gobierno y de las empresas mineras por reducir el área de protección. Se trata de una herramienta clave para la preservación del agua y los ecosistemas.

Argentina atraviesa un contexto de retroceso institucional y de debilitamiento de la agenda ambiental. Leyes como las de Glaciares, Biodiversidad y Bosques fueron resistidas en su momento y enfrentaron medidas cautelares en varias provincias donde los sectores mineros tienen fuerte influencia y peso económico, pese a que la protección estratégica del agua es vital para todo el país.

En esos casos, la Corte Suprema debió intervenir para garantizar el cumplimiento de las legislaciones ambientales. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, los mismos argumentos y disputas vuelven a ponerse sobre la mesa.

La Ley de Glaciares logró limitar efectivamente varios proyectos mineros que, sin esa protección legal, habrían destruido ecosistemas únicos.

Actualmente, se plantea reducir las zonas de protección periglaciares, habilitando su uso para actividades extractivas o contaminantes. Esta posibilidad resulta inaceptable, porque el ambiente glaciar y el periglaciar funcionan como una unidad ecosistémica, y no puede preservarse uno sin proteger al otro.