Los humedales poseen un inmenso valor biológico, ecológico, cultural y social. Albergan una gran diversidad de ecosistemas y son refugio de una biodiversidad extraordinaria. Según la Convención Ramsar, el 40% de las especies del mundo habita o se reproduce en estos entornos.

Estos ecosistemas desempeñan un papel clave en el ciclo del agua, ya que absorben, almacenan y liberan agua, regulando sus flujos de manera natural. También son los ecosistemas con mayor capacidad de almacenamiento de carbono, lo que los convierte en aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático. Su función como reguladores naturales los hace fundamentales para mitigar los efectos de lluvias intensas y períodos de sequía, contribuyendo a la estabilidad hídrica.

Asimismo, muchos humedales son hogar de comunidades indígenas que mantienen un vínculo identitario único con el territorio y han desarrollado modos de vida en armonía con estos ecosistemas, protegiendo su equilibrio y conservación.

Sin embargo, según datos de Naciones Unidas, los humedales son el ecosistema más amenazado del planeta, con una pérdida del 35% de su extensión a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. 

En Argentina, los humedales ocupan un 21,5% del territorio e incluyen una gran diversidad de ambientes como lagunas, mallines y turberas, zonas costeras estuariales y marinas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros y salares, que no están exentos de amenazas. Entre los principales factores de su deterioro se encuentran:  la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, la sobreexplotación de los bienes naturales que alojan, el cambio climático, y la contaminación por desechos de diverso origen.

En nuestro país, la demanda por una Ley de Humedales que proteja a estos ecosistemas data ya de hace más de 15 años. “La falta de interés de nuestra dirigencia política, sumada a la percepción de algunos sectores de la sociedad que consideran a los humedales como tierras de descarte destinadas a ser modificadas o rellenadas para distintos usos productivos ha impedido que estos proyectos prosperen y tengamos una herramienta legal efectiva para conservar, usar sosteniblemente y restaurar humedales”, señaló Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Además, agregó: “Es imperativo reconocer que los sistemas naturales, de los cuales los humedales son parte integral, son el fundamento mismo de la vida en la Tierra, incluyendo la nuestra. La protección de la naturaleza implica una vida mejor y más digna para la población en su conjunto”.

Humedales andinos: en riesgo por el extractivismo

Los humedales andinos —entre ellos salares, vegas y  lagunas— están amenazados por actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales considerados “críticos” para el modelo de transición energética dominante, como insumos para la electrificación de vehículos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines, lo que permitiría sustituir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, la mayor demanda de litio proviene de la industria automotriz, para la alimentación de vehículos eléctricos de movilidad individual.  

Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de litio para la producción de baterías aumentará hasta 42 veces para el año 2040 en comparación con 2020; en tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que la demanda de litio será un 1.036% superior a los niveles de 2020. De todas formas, Laura Castillo, coordinadora del Programa Humedales Andinos de FARN, advierte que estas estimaciones no son claras y se enfocan principalmente en la movilidad individual.

En este sentido, bajo una narrativa de soluciones climáticas, este modelo perpetúa el paradigma de hiperconsumo de bienes ambientales, exacerba presiones naturales y genera impactos negativos para la biodiversidad y las comunidades que habitan en los humedales andinos de Argentina, Bolivia, y Chile, que concentran en conjunto alrededor del 53% de las reservas mundiales de litio. 

Cabe destacar que más de la mitad de los minerales considerados “críticos” están en tierras indígenas o cerca de ellas. Sin embargo, la minería de litio avanza en violación de los derechos indígenas, sin consulta previa, libre, e informada y en oposición de las comunidades —muchas veces con el aval de los gobiernos que deberían garantizar sus derechos— e incluso con amenazas a personas defensoras del ambiente.  sin información suficiente sobre la estructura y funcionamiento de los humedales, sin evaluaciones adecuadas de sus impactos y sin una planificación estratégica del territorio. 

Según datos oficiales, en Argentina hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. En la región de Jujuy y Salta, empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio, aún en un escenario de reclamos y denuncias hacia la actividad.

Comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, cuenca compartida entre las provincias de Salta y Jujuy, hace más de 14 años advierten sobre la presencia de empresas mineras que buscan extraer litio y padecen las crecientes amenazas generadas por el avance de esta actividad bajo mecanismos que vulneran derechos humanos fundamentales y amenazan la integridad del ambiente. 

Desde entonces, llevan adelante un proceso de defensa de sus derechos y de su territorio, e iniciaron acciones judiciales en distintas instancias (locales, nacionales e internacionales), como la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal argentino, y el pedido de intervención ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.

En la provincia de Catamarca también se han advertido las falencias en los procesos de evaluación de los impactos de la actividad minera: en marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en el Río Los Patos – salar del Hombre Muerto hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo.

Castillo destaca: “las soluciones a la crisis climática y de biodiversidad no pueden cimentarse sobre la violación de los derechos humanos y en detrimento del ambiente, y requerirán indefectiblemente de que los países definan sus propias transiciones socioecológicas hacia modelos de vida respetuosos con los derechos humanos y los límites planetarios”.