El Presupuesto Nacional muestra cuáles son las prioridades en las políticas públicas. El cuidado del ambiente y los recursos naturales nunca han sido una de ellas. Entre 2013 y 2019, solo entre 1 y 2% de los fondos del Presupuesto Nacional se destinaron a la protección ambiental, con medidas cortoplacistas, pobres en instrumentación y bajas en presupuesto. Así, durante ese período, por cada USD 1 a favor del ambiente, se invirtieron USD 24 en actividades que lo degradan.

De los fondos para energías, de 2013 a 2019 los combustibles fósiles recibieron entre el 93 y el 98%, mientras que las energías renovables, apenas entre un 0,3 y un 1,7%. La minería, con generación de empleo en caída desde 2015, es uno de los sectores que mayores beneficios fiscales ha percibido: en 7 años, costó al Estado unos USD 954 millones. Por el contrario, desde su sanción, la Ley de Bosques nunca obtuvo los fondos que le corresponden legalmente. Para colmo, los objetivos de desarrollo del Gobierno se basan en alimentos, energía y minería, los sectores vinculados a las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, sumamente conflictivos por sus impactos en materia socio-ambiental.

Basta de cortoplacismo: una planificación del desarrollo nacional a mediano y largo plazo debe considerar las implicancias ambientales de las decisiones y asumir un rol de liderazgo en relación a un desarrollo sustentable, sobre todo frente a la crisis climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos a nivel global. Mañana es tarde. El momento de repensar las prioridades es ahora.

Al pie, se adjunta el documento El presupuesto ambiental entre 2013 y 2019: una historia de desfinanciamiento, que presenta un análisis sobre la evolución de los recursos estipulados en los presupuestos nacionales que afectan el ambiente y los recursos naturales, ya sea de forma positiva o negativa.