El auge de producción de biocombustibles se dio a partir del año 2007 luego de la sanción, en el año anterior, de la ley de fomento de los biocombustibles 26.093 y 26.334 que establecen un corte obligatorio del combustible para transporte con bioetanol y biodiesel.
La conflictividad en torno a los biocombustibles surge por la materia prima que es utilizada para su elaboración. Cuando los mismos son de primera generación, derivan de cultivos alimenticios por tanto se menciona que hay una fuerte presión al alza de los precios debido a la incorporación de una demanda extra sobre el mismo producto, así como también la competencia por el uso del suelo y la expansión de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas como los bosques nativos. Otro tema de controversia es la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero[1], muy dependientes de la zona de producción, la materia prima utilizada[2] y la metodología de cálculo[3].
En este contexto, surge la necesidad de establecer pautas claras para una industria de importantes características desde el aspecto económico para nuestro país pero que necesita lineamientos claros desde lo ambiental para evitar que una industria que es considerada verde genere externalidades negativas sobre los recursos naturales. Es por ello, que se presenta a continuación información de utilidad a ser tenida en cuenta por los tomadores de decisión en el ámbito nacional, provincial o municipal en el marco de la política de biocombustibles, en un contexto donde la generación de energía ocupa un lugar de importancia en la agenda de planificación a largo plazo.
[1] La Directiva 2009/28/CE (RED – “Renewable Energy Directive”) del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del régimen de sostenibilidad vinculante bajo un esquema único para biocombustibles producidos tanto en la UE como en terceros países, incorporando criterios ambientales y sociales. Los criterios ambientales se basan en ahorro de gases de efecto invernadero; protección de áreas con alto valor para la biodiversidad, altos stocks de carbono y humedales; y, monitoreo de ratificación y aplicación efectiva de determinados acuerdos internacionales. Respecto, a los socio-laborales, por el momento la RED solo establece una exigencia de monitoreo por parte de la Comisión de la ratificación y aplicación efectiva de determinados acuerdos internacionales. La exigencia de una reducción del 35% como mínimo de dichos gases en comparación a los emitidos por los combustibles fósiles a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. A partir del 1 de enero de 2017 el porcentaje de reducción de GEIs se eleva al 50% como mínimo.
[2] Según datos del PNUMA, en el bioetanol la caña de azúcar puede reducir cerca del 70% de las emisiones mientras que el maíz tiene un rango más amplio, llegando en algunos casos a estimar un incremento de las emisiones del 5% o una reducción de hasta un 60%. Los datos del biodiesel son más variables aún.
[3] Algunas mediciones no tienen en cuenta los cambios en el uso de la tierra, los incendios de montes, el uso de fertilizantes nitrogenados y los residuos de cosecha.