En 2026, el presupuesto nacional presenta una caída real del 36,3% con respecto al 2023. Es el tercer año consecutivo de ajuste, luego de una reducción en términos reales de un 26,3% en 2024 y un 28,8% en 2025.

El análisis de las partidas ambientales durante los primeros seis meses del 2026 muestra una continuidad de buena parte de las tendencias identificadas durante los dos años anteriores. Luego de los fuertes recortes reales registrados en 2024 y 2025, el problema ya no reside únicamente en los márgenes de reducción interanual, sino, fundamentalmente, en la consolidación de un presupuesto ambiental reducido a su mínima expresión.

Los resultados presentados en esta edición del Monitor Ambiental del Presupuesto revelan, en este sentido, una nueva etapa del proceso iniciado en 2024. Si durante los primeros años de la actual gestión nacional el rasgo predominante fue la magnitud y velocidad de los recortes, durante 2026 comienza a adquirir mayor relevancia su consolidación en el tiempo. El riesgo que se abre es que estos niveles extraordinariamente bajos de financiamiento se constituyan como una característica base de la política ambiental nacional.

Por área, la caída del presupuesto destinado a ambiente 

• El presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente es un 82,4% menor al de 2023. Su participación dentro del presupuesto nacional es nueve veces menor que en ese año.
• La Administración de Parques Nacionales presenta una caída real del 41,7% con respecto a 2023.
• El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos cuenta para el 2026 con $17.442 millones, un 71% menos que en 2023.
• El Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufre un recorte real del 72,3% con respecto al 2023.
• Las partidas destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza–Riachuelo presentan caídas reales del 76,6%, del 87,7% y del 93,1% durante 2024, 2025 y 2026, respectivamente.
• Entre 2024 y 2026, el Servicio Meteorológico Nacional desvinculó a más de 200 personas que trabajaban en el organismo. Esto se explica en gran medida debido al fuerte desfinanciamiento: en 2026, su presupuesto presenta una caída real del 47,7% en comparación con 2023.

El deterioro sostenido de los recursos afecta las capacidades institucionales, técnicas y operativas necesarias para prevenir daños, controlar actividades productivas, conservar ecosistemas y responder frente a emergencias.

Al mismo tiempo, la distribución del ajuste permite observar las prioridades que orientan el gasto público. Mientras las políticas ambientales permanecen muy por debajo de sus niveles de 2023, otras partidas fueron relativamente preservadas o fortalecidas. Los Servicios de la Deuda Pública, por ejemplo, aumentaron su participación dentro del presupuesto ejecutado del 9,1% en 2023 al 12,3% durante el primer semestre de 2026.

Revertir esta tendencia implica discutir integralmente qué capacidades debe garantizar el Estado, qué estructura productiva se promueve y cómo se distribuyen los costos y beneficios de la política fiscal. El presupuesto público no constituye únicamente una herramienta contable, expresa prioridades políticas y determina, en buena medida, las capacidades materiales con las que cuenta el Estado para garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.