En este documento explica cómo afecta el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) al federalismo y a la protección del ambiente.

Este régimen propone ofrecer privilegios tributarios, aduaneros y cambiarios para los sectores que traigan inversiones de más de 200 millones de dólares, lo cual favorecerá a megaproyectos de infraestructura, forestales, de hidrocarburos y mineros vinculados al cobre y litio, entre otros.

El RIGI exige planes de inversión, factibilidad técnica y económica pero no menciona nunca la variable ambiental. En definitiva, los proyectos podrán mantener sus beneficios aunque contaminen ríos, suelos y acuíferos, destruyan glaciares o provoquen la extinción de una especie.

Además, atenta contra la división de poderes, el principio de juez natural, los compromisos climáticos asumidos por Argentina y las legislaciones ambientales provinciales.