En febrero de 2025 venció el plazo formal para la presentación de las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Al momento de la elaboración de este documento, solo 18 países habían presentado la actualización de sus NDC, entre los cuales no se encontraba la Argentina. No obstante, aún existe la oportunidad y el reto de aumentar la ambición climática en línea con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. Como firmante del Acuerdo, la Argentina debe comunicar sus compromisos de mitigación y adaptación.
A nivel nacional, el sector energético representa el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo la principal fuente de emisiones, mientras que el sector de agricultura y ganadería es la segunda mayor fuente, representando el 25,48% de las emisiones del país en 2022, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Ambiente del 2024.
Más allá de las emisiones de GEI, las actividades asociadas a estos sectores son responsables de impactos socioeconómicos, socioambientales y político-institucionales significativos que exigen un abordaje estructural, un profundo replanteo del actual modelo de desarrollo y una reorganización de la producción en términos más amplios. De igual manera, resulta fundamental contemplar la articulación con las provincias y los gobiernos locales, dada la naturaleza federal de nuestro país para la implementación de políticas asociadas a la NDC 3.0, asegurando la coherencia con normativas subnacionales.
Consideraciones y recomendaciones generales
En primer lugar, es esencial que la nueva NDC argentina asegure que los compromisos de mitigación asumidos estén en línea con las trayectorias de 1,5 °C para 2030 y 2035 sugeridas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Asimismo, debe contemplar como eje transversal el respeto a los derechos humanos y la justicia socioambiental, en función de dar respuesta a las múltiples crisis que enfrenta el país, como la pobreza, la vulnerabilidad de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, entre otras.
En este marco, las consideraciones generales para la elaboración e implementación de la NDC 3.0, desarrolladas en este nuevo Documento FARN, contemplan:
- La participación ciudadana y el enfoque de derechos humanos.
- La aplicación de herramientas de planificación y gestión ambiental estratégica.
- El análisis multicriterial de las medidas y la articulación entre sectores.
- El desarme de falsas equivalencias.
- La transparencia y monitoreo.
- La coherencia y alineación con los objetivos de biodiversidad y otros acuerdos multilaterales ambientales relevantes.
- El financiamiento climático.
Recomendaciones para el sectores energético
Según el Balance Energético Nacional de 2023, la matriz energética está representada mayormente por combustibles fósiles —el carbón, petróleo y gas contribuyeron conjuntamente en un 86% a la matriz energética nacional para 2023— (Secretaría de Energía, 2024). Es por eso que, y dado que este sector es el que mayor emisión de GEI genera en nuestro país, resulta necesario abandonar el paradigma fósil y llevar adelante una transición hacia fuentes más limpias que tenga como objetivo el acceso justo, adecuado, seguro, equitativo y asequible a la energía.
La tercera NDC de la Argentina debe presentar compromisos ambiciosos y cumplibles para la transición del sector energético, especialmente con un enfoque de derechos humanos, soberanía alimentaria, soberanía energética y protección de la biodiversidad. Entre los principales ejes que estos compromisos deben presentar, se destacan:
- El fin de la expansión de los combustibles fósiles.
- La equidad y suficiencia energética aseguradas.
- La promoción del uso racional y eficiente de la energía.
- El fomento de sistemas energéticos descentralizados.
- El respeto a los derechos humanos, a la información, a la participación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
Recomendaciones para el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra
La transformación del sistema agroganadero y agroalimentario hacia un modelo de bajas emisiones, basado además en la premisa de sostenibilidad ambiental, abre múltiples oportunidades para fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria, mejorar la salud pública, aumentar la resiliencia de los sistemas productivos frente al cambio climático y promover un desarrollo rural más equitativo y sostenible.
Para lograr esto, es necesario, entre otros puntos:
- Impulsar una transición gradual hacia sistemas agropecuarios integrados y agroecológicos como nuevo paradigma socioproductivo
- Establecer metas específicas de reducción absoluta de las emisiones de metano de la actividad ganadera
- Establecer metas para la reducción progresiva del uso de fertilizantes sintéticos
En lo que respecta a los ecosistemas naturales, la protección y recuperación de su integridad debe ser un pilar fundamental en el diseño e implementación de estrategias que contribuyan simultáneamente a la adaptación y mitigación del cambio climático, así como a los objetivos de biodiversidad. Las acciones dentro de estas estrategias deben abordar, principalmente, la situación de los bosques nativos y los humedales.
Con respecto a los primeros, es necesario:
- Establecer un compromiso de deforestación y degradación cero.
- Garantizar para el 2030 que al menos el 30% de la superficie total de bosques nativos desmontada o degradada se encuentre bajo procesos de restauración ecológica.
- Limitar el rol de las plantaciones comerciales con especies exóticas como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
En el caso de los humedales, resulta fundamental:
- La sanción de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental.
- Desarrollar e implementar un plan nacional de restauración.
- Fortalecer las políticas públicas ambientales orientadas a la protección de los humedales altoandinos y las comunidades que los habitan frente a la minería de litio.
La elaboración de la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional representa una oportunidad histórica para que la Argentina actualice y fortalezca su compromiso con el Acuerdo de París, integrando la acción climática con la justicia social y ambiental. En definitiva, la NDC 3.0 no solo debe cumplir con parámetros cuantitativos de reducción de emisiones, sino también constituirse en un documento-guía que oriente el futuro de la política pública argentina en materia climática, socioeconómica y ambiental.