La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, mostró un claro respaldo a las políticas tomadas por el actual Gobierno argentino. Desde la sociedad civil venimos señalando las inconsistencias del actual acuerdo con el mandato de estabilidad macroeconómica del FMI como organismo internacional, el daño al tejido social y productivo de la Argentina, las contradicciones con las obligaciones a nivel internacional en materia de derechos y de ambiente, la erosión del Estado de derecho y el claro incumplimiento de las políticas de acceso excepcional.

Este documento, elaborado por FARN, Recourse, ETFE, Equipo Transiciones y Center for Economic and Social Rights, se enfoca en el contexto político actual de la Argentina, su situación externa, el acuerdo con el FMI, la frágil situación financiera de los hogares, la presentación engañosa de la situación fiscal y los impactos de la aceleración de la extracción de combustibles fósiles y de la minería en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Impactos sobre el modelo de desarrollo y la estabilidad macroeconómica

• El récord comercial no se traduce en reservas. Con términos de intercambio históricamente altos, la balanza de bienes acumuló un superávit de US$20.073 millones entre enero y julio de 2026, pero las divisas salen por intereses, turismo, utilidades y formación de activos externos, que desde abril de 2025 triplicó los desembolsos del FMI. Sin los préstamos del Fondo no habría acumulación neta de reservas, y un shock de precios o una sequía como la de 2023 podría desatar una crisis de la balanza de pagos.

• El deterioro del empleo y los ingresos empuja a los hogares al endeudamiento. La industria, la construcción y el comercio, principales generadores de empleo formal, se debilitan mientras el crecimiento se concentra en sectores con bajo impacto laboral. El desempleo subió al 7,9%, la informalidad alcanza el 45%, el salario mínimo perdió 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre del 2023 y la pobreza volvió a aumentar hasta el 32,3%. La mora de las familias en los bancos se duplicó en diez meses y supera el 26% en proveedores no bancarios con tasas de hasta 144% anual.

• El ancla fiscal descansa en recortes, no en una recaudación sólida. Los ingresos caen 2,5% real en 2026 por la reducción de derechos de exportación y de impuestos a las importaciones. El superávit se sostiene con recortes en obra pública, programas sociales, jubilaciones, salud y ambiente, mientras los servicios de la deuda pasaron del 9,1% al 12,3% del presupuesto ejecutado.

• El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolida un perfil extractivo que contradice los compromisos climáticos y traslada costos a los territorios. El 99% de los US$138.000 millones comprometidos va a hidrocarburos y minería, con apenas 14.240 empleos directos, treinta años de estabilidad y arbitraje internacional que convierten cualquier cambio de política en una contingencia fiscal. La NDC 3.0 preliminar eleva el techo de emisiones y los impactos se multiplican en Neuquén, el Golfo San Matías y el Salar del Hombre Muerto.

• El Presupuesto 2027 profundiza el desfinanciamiento ambiental y reduce la transparencia. La Subsecretaría de Ambiente quedaría 84,3% por debajo de 2023 y el Fondo de Bosques Nativos recibiría 25 veces menos de lo que fija la Ley 26.331. El cierre de los fondos fiduciarios, exigido como structural benchmark del acuerdo, dificulta rastrear sus recursos, y el proyecto no estima cuánto dejará de recaudar el Estado por el RIGI.

• El FMI vuelve a dar por cumplidos los criterios de acceso excepcional sobre bases frágiles. El Staff considera la deuda sostenible pero no con alta probabilidad, el mismo diagnóstico que precedió a los programas de 2018 y 2022. Su escenario depende de variables que un mismo shock puede deteriorar a la vez, el creciente peso de la deuda con acreedores oficiales limita el retorno a los mercados y el plan de contingencia prevé más ajuste ante un shock, lo que agravaría el reform fatigue que el propio Fondo identifica como riesgo.

Recomendaciones al Staff y Directorio del FMI

• Revisar el programa con el Gobierno argentino y evitar profundizar un ajuste procíclico. Ante el debilitamiento de sectores intensivos en empleo, los bajos ingresos y la caída de la recaudación, el programa debería permitir mayor flexibilidad frente a shocks y proteger la inversión pública, los servicios y las capacidades estatales. En línea con recomendaciones previas de la sociedad civil, Staff debería realizar y publicar evaluaciones distributivas ex ante y ex post de las políticas del programa y utilizar sus resultados para corregir su diseño.

• Reevaluar EAC2 y EAC3 aplicando las recomendaciones del IEO sobre Exceptional Access. Staff y Board deberían someter el caso gray zone de Argentina a mayor escrutinio y demostrar una trayectoria hacia la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad que sea robusta frente a shocks y no dependa de un ajuste que, al deteriorar crecimiento, recaudación, inversión, empleo o estabilidad social, genere nuevos riesgos para la propia sostenibilidad. La evaluación debe considerar además si las divisas generadas se traducen efectivamente en reservas y capacidad de repago y establecer criterios claros para evaluar un retorno sostenible a los mercados.

• Reevaluar EAC4 y la sostenibilidad social e institucional del programa. La capacidad de implementación no debería equipararse con la capacidad del Gobierno para aprobar reformas. Staff y Board deberían considerar cómo el ajuste y sus efectos sobre el empleo, los ingresos, la desigualdad, los servicios públicos y las capacidades estatales afectan la posibilidad de sostener el programa, incluyendo el riesgo de que respuestas fiscales procíclicas profundicen el reform fatigue. Esto también requiere un concepto de ownership que trascienda la voluntad de las autoridades e incorpore diálogo social, como han reclamado previamente organizaciones de la sociedad civil.

• Incorporar los riesgos del cambio en la estructura productiva en el marco macroeconómico y de sostenibilidad de la deuda. Las proyecciones de crecimiento, balanza de pagos y deuda —y las evaluaciones de EAC2 y EAC3 que descansan sobre ellas— deberían contabilizar no sólo las mayores exportaciones e inversiones esperadas de energía y minería, sino también las salidas de divisas, los beneficios fiscales del RIGI, la baja generación de empleo, la exposición a precios internacionales y el debilitamiento de las capacidades estatales asociadas a esta estrategia.