La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y Recourse, presentaron un documento que analiza el estado actual de la Argentina y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La problemática de la deuda, la necesidad de una perspectiva ambiental y de derechos humanos y los caminos a tomar para que el país pueda cumplir con sus obligaciones internacionales.
Luego de 15 años, Argentina volvió a recurrir al FMI en 2018. Se firmó un acuerdo Stand By por la cifra récord de 57.000 millones de dólares para lidiar con una crisis cambiaria, el cual significó el préstamo más grande de la historia del organismo, viciado de irregularidades. Lejos de resolver el problema, el acuerdo sostuvo el desequilibrio cambiario en un contexto de fuga de capitales. Tal como concluyó la IEO en 2021, “los recursos del FMI acabaron sirviendo a una deuda insostenible y financiando una fuga masiva de capitales”. Hoy el país carga con una deuda que no produjo las condiciones necesarias para su repago.
El FMI renovó un acuerdo viciado (2018) por otro nuevo (2022) con exigencias de ajuste fiscal y aumento de las exportaciones como objetivos. Estas exigencias no se vieron morigeradas durante 2023, año en el que el país sufrió la peor sequía en 6 décadas. Durante todo el período, el FMI exigió el pago de sobrecargos asociados a ambos acuerdos, por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares anuales. Cuando el gobierno de Mieli asumió a fines de 2023 prometió sobrecumplir las metas del FMI, algo que ha cumplido en materia fiscal.
El gobierno nacional que asumió en diciembre del 2023 puso en marcha un fuerte proceso de ajuste fiscal guiado por la reducción del gasto público. Aunque se han recortado partidas y subejecutado otras, el principal mecanismo ha sido evitar actualizar el gasto de acuerdo con la inflación, lo que genera una caída en términos reales. El gasto público cayó un 27,9% en términos reales considerando hasta julio de 2024. Dado que no hay un Presupuesto nacional aprobado, el gobierno tiene gran discrecionalidad para realizar estos ajustes.
La política fiscal llevada a cabo bajo el gobierno de Milei y avalada por el FMI ha socavado el cumplimiento por parte de Argentina de sus compromisos internacionales climáticos y en materia de derechos humanos. Las partidas presupuestarias destinadas a ambiente, educación, salud y protección social han caído en términos reales entre julio de 2023 y el 2024.
En materia ambiental, la carga de la deuda obtura el cumplimiento de los compromisos internacionales al empujar al país al desfinanciamiento de las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. En los primeros seis meses del año, Argentina pagó USD 1570 millones de intereses al FMI, lo que representa el equivalente a 148 veces el presupuesto del 2024 destinado al fomento de las energías renovables, 105 veces al presupuesto para manejo del fuego y 129 veces el presupuesto de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
FIRMAN:
Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad – ETFE
Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN
Recourse