Una de las principales órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Mendoza», que manda el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, es la reconversión de las industrias de la zona. La contaminación del agua, suelo y aire es producida en gran parte por los residuos de la producción industrial. Con el objeto de limitar esa fuente de contaminación se ordenó a las empresas que adecuen sus instalaciones de forma tal que no produzcan más daños al ambiente y a la salud de los pobladores.

Las adecuaciones se realizan mediante PRIs (Programas de Reconversión Industrial) que las empresas deben presentar ante ACUMAR para que los apruebe y supervise su implementación.
Estos programas pueden demandar erogaciones que no todos los obligados pueden solventar. Por ello, con el fin de no afectar puestos de trabajo, la autoridad diseñó programas de ayuda técnica y financiera, destinados principalmente a las pequeñas y medianas empresas. En 2011 se publicó el Plan «Producción Limpia para Todos», por el cual se invertirían $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) en aportes no reembolsables para la adecuación ambiental de las micro, pequeñas y medianas empresas y para las fábricas recuperadas por trabajadores.

Después de 4 años de la publicación de dicho Plan, la Autoridad de Cuenca no publica los resultados, ni la incidencia que tal inversión ha tenido en la eliminación de fuentes de contaminación. Por ello, teniendo en miras el aprovechamiento más eficaz de los recursos y una administración transparente, FARN requirió a la ACUMAR que informe sobre el grado de implementación, los gastos y los efectos que tuvo el programa.