El pasado 9 de julio se inauguró el primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. El acto de inauguración estuvo atravesado por el contexto electoral, el tiempo récord de construcción, la reivindicación de la reestatización parcial de YPF en 2012 y el aniversario de la declaración de Independencia Nacional, lo cual le dio una épica de soberanía muy particular.

Más allá de un intenso y estéril debate en redes sociales entre las dos principales fuerzas políticas sobre el nombre del gasoducto, los méritos por el impulso a la obra y los plazos en los que debería haberse construído; la posición de ambas fuerzas sobre Vaca Muerta, el fracking, la explotación de hidrocarburos offshore (e incluso el litio) logran consolidar una posición favorable unánime a ambos lados de la grieta. Este consenso político no deja margen a una necesaria discusión sobre la matriz energética que debe tener más profundidad. Nos proponemos aquí dar esas discusiones que tienen que ver con los impactos socio-económicos y ambientales del fracking y otros debates de fondo sobre los senderos posibles de la transición energética.

El primer tramo del gasoducto efectivamente expande la capacidad de abastecimiento interno de gas y energía a una parte de la población y puede sustituir un componente relevante de importaciones de Gas Natural Licuado proveniente de barcos y gas de Bolivia. Pese a ello, Argentina aún se encuentra lejos de resolver la provisión de servicios básicos para segmentos amplios de sus habitantes.

El hecho de que el GPNK colabore con una mejora en la balanza comercial del sector energético no debe invisibilizar lo que sucede en pueblos como Sauzal Bonito, donde las actividades de los set de fractura que operan en las áreas de Bajada del Palo Oeste (explotada por Vista Oil & Gas) como Fortín de Piedra (Tecpetrol) generan movimientos sísmicos que impiden que su población pueda gozar de una vida de calidad, saludable y literalmente destruye sus hogares. La expansión de la infraestructura de ductos provoca el aumento de las emisiones de gas y acelera las perforaciones y operatoria de sets de fractura en un entorno en el cual los Estudios de Impacto Ambiental se realizan sobre proyectos individuales sin contemplar los impactos acumulativos de varias áreas de explotación en simultáneo. Las consecuencias se viven en Sauzal Bonito.

Cuando se habla del gasoducto tampoco se mencionan los importantes volúmenes de agua dulce que acueductos o grandes mangueras llamadas “anacondas” transportan a Vaca Muerta desde el Río Neuquén, mientras gran parte de la población de la provincia no tiene acceso al agua potable; ni sobre la contaminación de las denominadas “aguas de retorno”, o  el inadecuado tratamiento de los residuos petroleros. El “consenso fósil” también invisibiliza a la población que padece estas consecuencias.

En su discurso, el Ministro de Economía y candidato presidencial insistió en la idea de que el gas constituye un combustible puente hacia la transición energética y hasta llegó a afirmar que “modifica el perfil productivo del país”. Estas afirmaciones resultan sumamente paradójicas si tenemos en cuenta que la matriz energética de la Argentina es preeminentemente fósil (84,3%), con una participación del gas del 53% según datos del Balance Energético Nacional de 2022. Por otra parte, un simple recorrido con una cámara que permite visualizar emisiones de gases como el metano realizado por diferentes organizaciones de la sociedad civil -entre las que se encontraba FARN- en mayo de 2023, expone de manera sencilla las importantes emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero del yacimiento. Esto supone un grave problema en un contexto de crisis climática, provocado principalmente por la extracción y quema de combustibles fósiles, y en el que la Argentina se ha comprometido a alcanzar la carbono neutralidad a 2050. Según un reporte de la IEA, solo se podrá lograr esta meta a nivel global si no se dan nuevas inversiones en carbón, gas y petróleo. 

El principal mito se genera a partir de la idea de proponer un “futuro” de prosperidad económica y soberanía energética alrededor de Vaca Muerta. A partir de cifras -ciertas- sobre elevados salarios nominales de algunos trabajadores del sector aparece una idea de “derrame” económico que no es tal y se expande un modelo laboral basado en la tercerización y otras formas de precariedad, con empleos volátiles ante las oscilaciones de los precios de los fósiles en adición a la alta tasa de masculinización de la fuerza laboral. La explotación de la formación de Vaca Muerta está a punto de cumplir 10 años y la realidad socioeconómica de Neuquén dista de ese progreso prometido que  nunca llega. En la Ciudad de Neuquén la gente se llega a calefaccionar quemando plásticos o calzado viejo, con los consiguientes problemas de salud. Precisamente en Añelo solo un 35% de la población tiene conexión de gas natural y una gran parte de la población no accede a agua potable. 

Por otra parte, dentro de la lógica económica, se estila reiterar cifras sobre el ahorro de importaciones de gas. Es falso que Vaca Muerta está colaborando con resolver el problema de la restricción externa ya que las firmas operadoras cuentan con el beneficio de acceso a un tipo de cambio diferencial y mecanismos para fugar divisas mediante su esquema de propiedades de empresas y relación con las casas matrices. Todo esto se lleva adelante bajo un esquema en el cual las grandes compañías hidrocarburíferas -no sólo YPF sino también Total, Pan American Energy y especialmente Tecpetrol- se llevan una importante masa de subsidios directos por operar.

En suma, la operatoria de Vaca Muerta que tiene importantes impactos socioambientales negativos que son invisibilizados; ni siquiera es “un buen negocio” para sectores amplios de la población, sino para un puñado de empresas que reciben importantes subsidios y beneficios cambiarios por operar, a las cuales se les otorga un negocio que hasta en varias ocasiones es asegurado por agencias estatales de países del norte global. A la Argentina le quedará una infraestructura que los cambios en el paradigma energético global transforman en obsoletos o “activos varados”.

El discurso compartido por gobierno y oposición sobre la importancia del gasoducto refleja una unidad francamente preocupante: vincular al gas con la transición energética, mencionando al gas como “energía puente”; mostrar un “futuro” de prosperidad económica, solvencia energética y soberanía nacional alrededor de Vaca Muerta como en la expansión de la explotación hidrocarburífera offshore; y la negación absoluta de la existencia de importantes impactos socioambientales del fracking. Para generar una verdadera transformación de la matriz productiva y de la matriz energética, con empleos que no estén sujetos a la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y que contribuyan a sanear nuestras cuentas externas, se debe apostar a redireccionar ya el financiamiento y los subsidios hacia las renovables. Algo que es viable desde lo técnico y lo económico.

Es hora de repensar la energía como un derecho y en una transición genuina del sistema energético que sea democratizado, genere empleos de calidad. La salida, sin duda alguna, no es la expansión de la infraestructura ni de los yacimientos en explotación de fósiles. Anhelamos que el 9 de julio de 2024 nos encuentre festejando la independencia nacional en un contexto de inauguración de infraestructura de energías renovables, pero que además hayan sido fruto de la participación popular genuina a lo largo de todo el proceso, que generen empleos de calidad y uso de las capacidades científicas locales. Sólo así lograremos dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles y contribuir de manera genuina con una transición energética justa.