Desde su sanción en 2010, la Ley de Glaciares es histórica. Fue la primera en el planeta en proteger a los glaciares, la primera en Argentina en hacer referencia al cambio climático y, en 2026, impulsó a más de 102.000 personas a inscribirse en la audiencia pública para debatir su reforma. Se trata de la audiencia pública más grande del mundo. Sin embargo, la mayoría de los inscriptos no serán oídos.
En este artículo, Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, argumenta que el esquema definido por los presidentes de las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados restringe la participación a aproximadamente 200 personas, el 0,5% de quienes se inscribieron.
Este fraude a la participación social desoye la voz de cientos de miles de argentinos consternados por un derecho humano fundamental: el acceso al agua. Los glaciares se encuentran presentes en 12 provincias del país y son fuente de agua para 7 millones de personas.
La arrolladora inscripción a la audiencia pública se vio reducida a un simulacro que solo busca legitimar una decisión adoptada previamente y de forma vertical, lo que degrada la democracia ambiental.