Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realizó el pasado 27 de noviembre ”Transición Energética: implicancias técnicas, económicas y sociales hacia un desarrollo sustentable”, un evento que contó con la presencia de académicos, funcionarios de gobierno, legisladores y representantes de los empleadores, los trabajadores y la sociedad civil. Entre los insumos que alimentaron los temas de discusión, se puede mencionar al Brown to Green Report de 2018, documento elaborado por FARN en conjunto con Climate Transparency.

Durante la apertura, Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior de Cambio Climático (FARN), sostuvo que el evento se llevaría a cabo “bajo la premisa de una mirada con abordaje integral y novedoso”. Destacó la importancia de realizar ejercicios dialécticos sobre la transición energética en un escenario tan variopinto como el argentino.

“Aspectos técnicos de la transición y sus aportes a la NDC” fue el primer panel de la jornada y contó con la presencia de Gabriel Blanco (UNICEN), Carlos Tanides (Fundación Vida Silvestre), Nicola Melchiotti (ENEL), Marcelo Álvarez (CADER) y el diputado nacional Juan Carlos Villalonga (Cambiemos – Los Verdes).

Blanco, en concordancia con la integralidad enunciada por Maurtua Konstantinidis, afirmó que es fundamental tener una mirada que englobe todos los aspectos del sistema energético para ir hacia una transición sustentable. Tanides, en esa misma línea, dijo: “Reducir los consumos energéticos dependientes de los combustibles fósiles puede implicar una migración hacia la electrificación de la intensidad energética. Debemos abordar este escenario de forma sistémica”.

Melchiotti planteó un escenario disruptivo al aseverar que el costo de las tecnologías renovables bajó tanto en los últimos años que hoy puede decirse que son más competitivas que los combustibles fósiles. Además, “permiten la limpieza de la matriz energética”, afirmó.

Álvarez, por su parte, coincidió con los planteos previos y agregó que el proceso de transición energética “no es sólo una sustitución tecnológica”. “Estamos hablando de algo más importante. Es un cambio de paradigma, implica ponerse a pensar: ‘¿cómo vamos a consumir? ¿Por qué? ¿Qué cambiar? ¿Cómo adaptarse?”, afirmó. Sin desentonar, Villalonga cerró el panel manifestando que dadas las implicancias del tema, “quizá la demora en iniciar la transición hace que el escenario se vea más exigido para cumplir con las metas que se propone”.

El evento continuó con “Economía de la transición” un panel que estuvo conformado por  María Marta Di Paola (FARN), Verónica Gutman (FTDT – FLACSO), Constanza Gorleri (Banco Galicia) y contó con la moderación de Mariana Micozzi (FARN).

Gorleri explicó cuáles son los instrumentos  más efectivos hacia la transición y planteó un cambio de paradigma en función de la relación banco inversor y financiado. «Sobre la base de cuidar a quién financiamos y cómo, la clave está en la oportunidad de generar instrumentos para financiar a los que llevan a cabo la Transición Energética», sostuvo.

Gutman desarrolló su exposición basado en el precio al carbono, sus definiciones y su escenario en Argentina. Afirmó: «Ponerle un precio, o no, al carbono implica pensar qué tipo de país queremos. Teoría y evidencia muestran que por más que la señal del precio sea débil al principio, puede conducir a un sendero en línea con la descarbonización».

Di Paola, en cambio, presentó el estado de situación de los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina, y dejó varias definiciones concisas y destacadas. Alguna de ellas fueron:

• En 2017, 43 empresas productoras de combustibles fósiles recibieron U$$ 1400 millones en concepto de subsidios directos. Algunas recibieron más subsidios que ganancias. Con ese dinero, podrían haberse construido 300 escuelas y 9 hospitales.
• Con la devaluación, los subsidios directos a las empresas productoras de combustibles fósiles se elevaron a U$$ 2 billones en lo que va de 2018.
• En 2019, el 13% de los subsidios directos del presupuesto energético serán asignados a Vaca Muerta. Para decirlo de otra manera, se va a llevar lo equivalente a tres millones y medio de jubilaciones mínimas.

Luego, se desarrolló un diálogo sobre activos varados y el caso de Vaca Muerta en relación al método de fractura hidráulica (fracking), que contó con la participación de Kathy Hipple (IEEFA). “Los gastos de producción superan a las ganancias obtenidas. El fracking es un fracaso financiero, ni por asomo se lo puede considerar como un éxito”, aseveró.

Último, pero no menos importante, se llevó a cabo un panel cuyo título fue “Componentes sociales de la transición”. Participaron Lucrecia Wagner (UNICEN-CONICET), Jorge Villarreal (Iniciativa Climática de México), Roque Pedace (CADER), María Elina Estébanez (CONICET) y Pablo Somoza (UOCRA).

En primer lugar, Wagner disertó sobre la conflictividad vinculada a los emprendimientos productivos energéticos derivados de la minería, el petróleo y el sector nuclear. Luego, Villarreal presentó el modelo de transición energética que se está llevando a cabo en México.

Estébanez aportó una necesaria perspectiva de género al hacer hincapié en la importancia que tiene esta temática en el diseño de políticas de desarrollo. «El género es una variable central en toda intervención humana. Y en cuanto a la Transición Energética es fundamental. Sin embargo, las mujeres se encuentran en una situación de mayor pobreza energética», dijo.

Más adelante, Pedace intervino poniendo el foco en las proyecciones laborales y la empleabilidad del sector renovable. “Los trabajadores tienen que ver esto como una gran oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y de negociación”, afirmó. En el mismo sentido y por último, Somoza agregó: “Tenemos que aprovechar la posibilidad de poder poner a trabajadores en este circuito nuevo de empleo. Hay que desarrollar proveedores locales competitivos y desarrollar la industria”.

Como palabras de cierre, Enrique Maurtua Konstantinidis resumió todo lo que se fue esbozando a lo largo de la jornada: la transición es técnicamente posible, económicamente rentable y debe incorporar las cuestiones sociales, para que no solo sea ambientalmente beneficiosa sino justa para la sociedad en su conjunto.