Por Vanina Lombardi  

A un año de su implementación, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) recibió 19 proyectos, por más de 30.000 millones de dólares, de los cuales fueron aprobados siete, por 13.067 millones de dólares. Entre ellos, el 95% de la inversión comprometida corresponde a los sectores minero (63%) y petrolero (32%), mientras que el resto se reparte entre energías renovables (2%), biocombustibles (1%), siderurgia (1%) e infraestructura portuaria (1%). Así lo detalla el primer informe del Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa conformada por organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación internacionales y espacios académicos locales, que monitorea y analiza las implicancias económicas, sociales y ambientales de esta medida, centrado en los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial.