Anualmente Argentina deja de recaudar un 3% del PBI por gastos tributarios regulados en condiciones de opacidad y secretismo: no se produce información confiable para conocer el costo real de estos gastos ni sus impactos socioambientales. Reducen los ingresos públicos entre un 10 y un 20% y, en conjunto, equivalen a un monto 4 veces mayor a la inversión en Asignaciones para Protección Social (Asignación Universal por Hijo/a y por Embarazo). Entre ellos se encuentra el régimen de promoción de la actividad minera, que significa una pérdida de recaudación de alrededor de 12.444 millones de pesos cada año.
Mientras que los programas de gastos directos –como las asignaciones familiares o las políticas alimentarias– tienen metas físicas, son revisados anualmente, suelen tener indicadores de resultados y ser auditados por organismos de control; los gastos tributarios permanecen a lo largo del tiempo sin que su impacto sea monitoreado y, en muchos casos, ni siquiera las autoridades que los implementan tienen acceso a información clave para su gestión. Ello se debe a que la AFIP aplica de forma restrictiva el secreto fiscal –un instituto anacrónico y contrario al derecho de acceso a la información pública– y se niega a brindar datos sobre los montos con que se benefician personas y empresas por aplicación de tratamientos impositivos diferenciales.
Argentina asumió compromisos de derechos humanos que le imponen la obligación de asegurar que su política fiscal sea socialmente justa y ambientalmente sostenible. Para ello, debe: a) fortalecer la capacidad redistributiva del sistema fiscal mediante reformas fiscales progresivas; b) evaluar, reducir y eliminar gradualmente los gastos tributarios dañinos para el ambiente como los dirigidos a apoyar la explotación minera y la explotación y el consumo de combustibles fósiles; c) adoptar un marco regulatorio específico para el fracking que incluya evaluaciones de impacto, presupuestos mínimos de prevención y consultas a las comunidades afectadas. Sin embargo, las prácticas y políticas públicas se contradicen con estos compromisos:
- El Estado nacional sostiene un régimen de promoción de la minería aprobado hace casi 30 años sin evidencias que justificaran su necesidad, sin participación adecuada de las comunidades y sin pautas para evaluar sus impactos.
- El régimen minero vence en 2023 y su caducidad debería ser una oportunidad para revisar su pertinencia y necesidad, pero ya hay un nuevo “Plan Estratégico Minero” que replica las mismas limitaciones en términos de transparencia, objetivos y metas, rendición de cuentas y participación ciudadana.
- En la reforma tributaria de 2017, la gran presión ejercida por productores de gas hizo que no se aprobase el proyecto en la versión original, que preveía aplicar un gravamen sobre todos los combustibles fósiles con potencial emisión de Gases de Efecto Invernadero, consiguiendo que este combustible no fuera objeto del impuesto.
- Argentina destina una parte importante de sus recursos a subsidiar el consumo y la extracción de hidrocarburos: en 2022, las transferencias a empresas hidrocarburíferas que se proyectan realizar (presupuesto vigente a junio) totalizan $87.222 millones, lo que equivale a casi 12 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH).
- Desde 2021, el Congreso Nacional se encuentra discutiendo un proyecto de ley que crea nuevos beneficios a la inversión hidrocarburífera y ha sido cuestionado por no incorporar pautas claras para evaluar sus impactos, no garantizar la participación de potenciales afectados, crea inequidades y contradice criterios elementales de la transición energética.
- A pesar de la existencia de daños e incidentes ambientales con consecuencias probadas en la salud y la vida de las personas a causa del fracking (muertes de trabajadores por explosiones, convulsiones, alergias y problemas respiratorios de personas que habitan en las cercanías), no se toman medidas encaminadas a prevenirlos y mitigarlos.
- En 2021 las partidas presupuestarias contrarias al cuidado del ambiente alcanzaron el 8,2% del presupuesto total, mientras que aquellas compatibles con el cuidado ambiental representaron apenas el 0,5%.
- En la última medición del índice de finanzas sostenibles (2020), Argentina se ubicó en la categoría de finanzas sostenibles bajas debido a que su presupuesto intensivo en carbono representó el 1% del presupuesto total, 43 veces más que la suma de los fondos destinados a energía renovable y eficiencia energética.
La Agencia Internacional de la Energía, en su hoja de ruta para la carbono neutralidad a 2050, indica que es necesario dejar de invertir en nuevos proyectos asociados a combustibles fósiles en 2021 para evitar el incremento de la temperatura global por encima de los 2°C. Argentina se fijó el objetivo de que las energías renovables no hidroeléctricas alcancen el 20 % de la combinación de energía para 2025, pero la matriz energética primaria total está dominada por el gas natural (55%) y el petróleo (33%), con la bioenergía contribuyendo en un 5%, y la energía hidroeléctrica y nuclear en un 3% cada una.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo propuso a los Estados realizar una reforma por etapas, comenzando por identificar alternativas para reutilizar los subsidios a los combustibles fósiles de manera que reduzcan la pobreza y las desigualdades y demostró que la reutilización de estos subsidios alcanzaría para proporcionar un Ingreso Básico Temporal a todas las personas pobres de países de ingresos medios-bajos durante seis meses, y hasta dieciséis meses en los países de ingresos bajos. En este sentido, un trabajo realizado por UNICEN y FARN indica que si Argentina continuara con el nivel de subsidios a los combustibles fósiles –tanto directos como indirectos– proyectados al año 2045, se podrían cubrir los costos necesarios para la transición a una matriz de generación eléctrica 100% renovable para ese año.
Todo lo anterior permite concluir que es necesario aumentar la participación de las fuentes de energía renovables en la matriz energética total, revisar y reducir los subsidios e incentivos a los combustibles fósiles. Para alcanzar estos objetivos, los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal ofrecen guías concretas en base a las cuales el Estado puede avanzar:
- Regular impuestos al carbono como alternativa para internalizar las externalidades ambientales y movilizar recursos adicionales;
- Captar y gestionar recursos para superar la dependencia del sector extractivo asegurando que una parte razonable de los beneficios sea objeto de tributación y se destine a:
- acelerar la transición hacia un modelo económico más sostenible, y
- asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones que habitan en los territorios donde se llevan a cabo dichas explotaciones;
- Establecer mecanismos para recaudar recursos derivados de rentas extraordinarias producto del auge de precios.